Siete años después: derrotaron al estallido, pero no sus causas
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Siete años después del 18 de octubre de 2019, Chile llega a un aniversario marcado por una paradoja histórica: las demandas sociales que movilizaron a millones de personas siguen en buena medida pendientes, pero el país está gobernado por una ultraderecha que propone reducir el gasto social y revisar conquistas anteriores. Dos procesos constituyentes fracasados, un gobierno reformista que no consiguió satisfacer las expectativas de cambio y una persistente campaña de criminalización han modificado profundamente el escenario político. Sin embargo, el malestar que hizo posible la revuelta no ha desaparecido. Y mientras Chile discute cómo recordar octubre, nuevas movilizaciones recorren Europa contra la desigualdad, el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
Este 18 de octubre se cumplen siete años del estallido social chileno. La fecha encuentra al país en una situación que pocos habrían imaginado durante aquellas semanas de 2019, cuando millones de personas ocuparon las calles para exigir transformaciones profundas. La derecha más conservadora gobierna desde La Moneda, los dos intentos de reemplazar la Constitución heredada de la dictadura terminaron derrotados y buena parte de las organizaciones que protagonizaron las movilizaciones ha perdido capacidad de convocatoria.
A primera vista, podría parecer que octubre fue definitivamente derrotado. Esa es, precisamente, la interpretación que la derecha intenta instalar como memoria oficial de aquellos acontecimientos. Pero existe una diferencia fundamental entre derrotar políticamente un movimiento y resolver las contradicciones sociales que le dieron origen.
Chile no ha superado las causas del estallido. Ha cambiado, en cambio, la correlación de fuerzas que determina quién puede interpretarlas, representarlas y ofrecer respuestas.
La distinción resulta indispensable para comprender lo ocurrido durante estos siete años. También para evitar dos simplificaciones igualmente estériles: la nostalgia de quienes imaginan que bastaría con recuperar el espíritu de las manifestaciones de 2019 y la complacencia de quienes consideran que la derrota de los proyectos constitucionales constituye una demostración de que las demandas sociales carecían de legitimidad.
Ninguna de esas interpretaciones explica satisfactoriamente el presente.
La revuelta fue el resultado de una larga acumulación
Octubre de 2019 no comenzó con el aumento de treinta pesos en la tarifa del Metro. Tampoco fue una explosión inexplicable de violencia, como pretende cierta reconstrucción conservadora.
Fue el punto de convergencia de conflictos que se habían acumulado durante décadas y que encontraron expresiones organizadas, al menos, desde las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011.
La educación como derecho, el cuestionamiento al sistema privado de pensiones, el endeudamiento de los hogares, los costos de la salud, la desigualdad territorial, los abusos empresariales y la concentración de la riqueza habían sido denunciados reiteradamente por organizaciones sociales, sindicatos y movimientos ciudadanos.
Las protestas contra las AFP, particularmente las multitudinarias convocatorias de No+AFP desde 2016, demostraron que existía un descontento extendido con instituciones que obligaban a las personas a asumir individualmente riesgos que en otras sociedades se distribuyen mediante mecanismos colectivos de protección.
A ello se sumaron los movimientos feministas, las reivindicaciones de los pueblos originarios, las luchas ambientales y los conflictos territoriales.
Lo que ocurrió en octubre fue la confluencia de esas experiencias en una protesta que superó ampliamente a sus organizaciones originales.
La consigna de los treinta pesos y los treinta años sintetizó esa acumulación, aunque también simplificó una historia más compleja. Durante las tres décadas posteriores a la dictadura hubo avances sociales, reducción de la pobreza y ampliación de derechos. Pero esos progresos coexistieron con desigualdades estructurales, endeudamiento y una profunda sensación de abuso.
El crecimiento económico no había conseguido producir una ciudadanía igualmente protegida frente a la enfermedad, la vejez, la pérdida del empleo o el costo de la educación.
La revuelta puso esa contradicción en el centro de la política nacional.
La institucionalización de una energía que nadie conducía
El movimiento de octubre tuvo una fortaleza extraordinaria y una debilidad igualmente importante: su amplitud social no estuvo acompañada de una conducción política capaz de articular un proyecto compartido.
No fue una movilización dirigida por los partidos de izquierda, aunque muchos de sus militantes participaron en ella. Tampoco fue un movimiento ideológicamente homogéneo.
Convivieron demandas de igualdad, aspiraciones de movilidad social, rechazo a los abusos, críticas a la representación política y expresiones de rabia que no necesariamente compartían un horizonte transformador.
La clase política respondió con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. La salida institucional permitió abrir un proceso constituyente que habría parecido imposible apenas semanas antes.
Pero también produjo un desplazamiento decisivo: el centro de gravedad pasó de las organizaciones sociales a las instituciones políticas.
El plebiscito de octubre de 2020, con una mayoría cercana al 80% favorable a redactar una nueva Constitución, pareció confirmar que existía una voluntad nacional de transformación. Sin embargo, aquella mayoría expresaba el rechazo a la Constitución vigente, no necesariamente un acuerdo sobre el contenido de la nueva.
La Convención Constitucional confundió en ocasiones esas dos dimensiones. Sus errores políticos, comunicacionales y de articulación de mayorías facilitaron una campaña de rechazo que consiguió transformar una oportunidad histórica en una derrota contundente.
El segundo proceso, dominado por la derecha, terminó igualmente rechazado en diciembre de 2023.
Ambas experiencias fracasaron, aunque sus proyectos y responsabilidades fueron diferentes.
El resultado fue devastador para las expectativas de transformación institucional: después de cuatro años de debates, elecciones y plebiscitos, Chile seguía sin una nueva Constitución.
Mientras tanto, las demandas materiales permanecían.
La pandemia contribuyó decisivamente a desmovilizar las calles. Pero atribuirle toda la responsabilidad sería una forma de eludir el problema político. Las organizaciones sociales perdieron protagonismo, las dirigencias partidarias concentraron la iniciativa y la energía colectiva fue trasladada hacia procesos electorales que terminaron agotándola.
La institucionalización no consiguió producir una transformación equivalente a las expectativas que había despertado.
El reformismo y sus límites
La llegada de Gabriel Boric a la presidencia en marzo de 2022 representó, para una parte importante de la ciudadanía, la posibilidad de traducir las demandas de octubre en políticas públicas.
Su gobierno consiguió avances que sería intelectualmente deshonesto desconocer: la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo, la reforma previsional y otras medidas de protección social.
Sin embargo, esos avances no modificaron sustancialmente la estructura de desigualdades que había sido cuestionada en 2019.
El sistema de pensiones mantuvo un papel central para las administradoras privadas. La salud continuó marcada por profundas diferencias de acceso y calidad. La vivienda siguió sometida a presiones especulativas y al encarecimiento del suelo urbano. El endeudamiento persistió como mecanismo cotidiano para sostener niveles de consumo y acceder a servicios esenciales.
La distancia entre las expectativas y los resultados terminó debilitando la credibilidad del proyecto reformista.
Hubo restricciones parlamentarias, dificultades económicas y una oposición que bloqueó iniciativas relevantes. Pero también existieron errores propios, insuficiencia de conducción política y una dificultad persistente para construir alianzas sociales capaces de sostener las reformas.
La derrota de la izquierda no puede explicarse únicamente por la acción de sus adversarios.
Una parte del problema estuvo en la incapacidad de transformar el respaldo electoral inicial en una fuerza social duradera.
Y aquí aparece una de las lecciones más incómodas de estos siete años: la movilización social no garantiza por sí misma una orientación progresista de la sociedad. El descontento puede expresarse mediante demandas de igualdad, pero también puede derivar hacia opciones conservadoras, autoritarias o antipolíticas.
La seguridad, el orden y la estabilidad desplazaron a la transformación social como ejes predominantes de la competencia política.
La batalla por la memoria de octubre
La disputa actual no se limita a las políticas públicas. También busca establecer qué fue realmente el estallido social.
Este viernes 16 de octubre, seis partidos oficialistas, entre ellos Republicanos, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, Demócratas y el Partido Cristiano de Chile, suscribieron en el ex Congreso Nacional una declaración titulada Chile sin violencia: un compromiso con la paz.
El documento presenta octubre de 2019 fundamentalmente como el inicio de un período de violencia, deterioro económico e inseguridad, y acusa a sectores políticos de haber justificado o celebrado la destrucción y los enfrentamientos.
La condena de los saqueos, incendios y agresiones no debería representar una controversia para ninguna fuerza democrática. Pero una cosa es condenar los delitos cometidos durante las protestas y otra muy distinta reducir un movimiento de millones de personas a sus expresiones violentas.
Esa operación interpretativa tiene consecuencias políticas.
Si octubre fue exclusivamente violencia, entonces sus demandas pierden legitimidad. Si quienes participaron en las movilizaciones aparecen asociados indistintamente con la destrucción, la protesta social deja de ser entendida como una forma de participación democrática y pasa a convertirse en una amenaza al orden.
La criminalización retrospectiva permite, además, desplazar del debate las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión, documentadas por organismos nacionales e internacionales.
La memoria de los ojos mutilados, de los heridos, de los abusos policiales y de las responsabilidades estatales no puede desaparecer detrás de una narrativa centrada exclusivamente en los daños materiales.
Los grandes medios de comunicación han tenido un papel importante en esta disputa. No todos han actuado de la misma manera, pero buena parte de la cobertura dominante ha privilegiado durante años los episodios de violencia, los costos económicos y las consecuencias sobre el orden público, relegando progresivamente las demandas que dieron origen a las manifestaciones.
La selección de los acontecimientos que se recuerdan también constituye una forma de intervención política.
En vísperas del aniversario, el gobierno ha insistido en la necesidad de evitar alteraciones del orden público. El ministro Claudio Alvarado señaló que las manifestaciones deben realizarse dentro del marco legal y anunció dispositivos preventivos bajo los protocolos del Ministerio de Seguridad.
La preparación policial forma parte de las responsabilidades del Estado. Pero resulta revelador que, siete años después, la principal preocupación institucional ante octubre continúe concentrándose en el control de las calles y no en una evaluación de las demandas que permanecen insatisfechas.
La paradoja del Presupuesto 2027
Existe un contraste todavía más significativo entre las aspiraciones sociales de 2019 y las decisiones que hoy se discuten en el Congreso.
Mientras octubre reclamaba ampliar la protección social, el gobierno de Kast propone un presupuesto que contempla reducciones importantes en programas dirigidos precisamente a sectores vulnerables.
Una investigación publicada por CIPER, basada en un estudio de la Fundación Horizonte Ciudadano, identificó recortes por $325.765 millones en 48 programas sociales incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.
Los recursos destinados a esas iniciativas pasarían de $1.006.114 millones a $680.438 millones, una disminución conjunta del 32,4%.
Entre las reducciones aparecen subsidios al empleo joven y femenino, programas de protección de la infancia, financiamiento de jardines infantiles y apoyo a comunidades indígenas. El proyecto también contempla la eliminación de Yo elijo mi PC, con una reducción de $35.798 millones.
Son cifras de una propuesta presupuestaria todavía sometida a discusión legislativa. Pero expresan una orientación política reconocible.
El gobierno sostiene que debe ordenar las finanzas públicas, reducir ineficiencias y enfrentar restricciones fiscales. La sostenibilidad de las cuentas públicas es una preocupación legítima y ningún proyecto progresista serio puede ignorarla.
Sin embargo, la austeridad nunca es socialmente neutral.
Decidir dónde se recorta, qué programas se preservan y quién soporta el costo del ajuste constituye una elección distributiva y, por tanto, profundamente política.
No todos los recortes equivalen automáticamente a la pérdida de un derecho adquirido. Pero cuando las reducciones afectan programas de empleo, infancia, educación o protección de grupos vulnerables, corresponde preguntarse si el Estado está disminuyendo precisamente las capacidades que necesita para responder a las desigualdades.
Siete años después de que millones de personas exigieran mayor seguridad social, la discusión gira nuevamente en torno a cuánto puede reducirse el gasto destinado a protegerlas.
La paradoja es difícil de ignorar.
Europa y la persistencia del conflicto social
El aniversario chileno coincide con un escenario internacional que invita a ampliar la reflexión.
Este sábado 17 de octubre, Francia vivió una movilización que reunió entre 550 mil y 800 mil personas, según estimaciones oficiales y de los organizadores. Estudiantes, sindicatos, trabajadores y colectivos vinculados a los chalecos amarillos protestaron contra el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las políticas económicas del gobierno de Emmanuel Macron.
La jornada también estuvo marcada por graves enfrentamientos, incendios, saqueos y numerosas detenciones.
En Bélgica se han desarrollado movilizaciones sindicales contra los ajustes presupuestarios y las reformas laborales. España enfrenta protestas por el acceso a la vivienda, mientras Albania registra manifestaciones con componentes políticos y sociales propios.
No existe un movimiento europeo unificado ni sería correcto establecer equivalencias automáticas con Chile. Las circunstancias nacionales, las organizaciones participantes y las demandas específicas son diferentes.
Pero aparece una tensión compartida: sociedades que experimentan dificultades crecientes para acceder a bienes y servicios esenciales, mientras sus gobiernos argumentan que las restricciones fiscales limitan las posibilidades de respuesta.
La protesta social no constituye una anomalía chilena ni un episodio excepcional de 2019.
Es una expresión recurrente de conflictos que las democracias contemporáneas encuentran cada vez más difícil procesar mediante sus instituciones tradicionales.
La experiencia francesa también recuerda que el agotamiento de un ciclo de movilizaciones no impide la aparición de otro. Los chalecos amarillos parecían pertenecer al pasado político de Macron y hoy vuelven a ocupar espacios públicos.
Eso no significa que Chile se encuentre ante un nuevo estallido. Las condiciones políticas, organizativas y culturales son distintas.
Significa algo más elemental: la desaparición de las protestas no demuestra que sus causas hayan desaparecido.
La izquierda frente a su propia derrota
La cuestión decisiva para las fuerzas progresistas chilenas no consiste en reivindicar simbólicamente octubre, sino en comprender por qué no consiguieron transformar aquella movilización en una mayoría política y social duradera.
La respuesta exige bastante más que denunciar la ofensiva conservadora.
Supone reconocer los errores del proceso constituyente, los límites del reformismo, la fragmentación de las organizaciones sociales y la distancia que se abrió entre la política institucional y las experiencias cotidianas de la población.
También requiere abandonar la idea de que el malestar social pertenece naturalmente a la izquierda.
No le pertenece.
Una persona puede exigir una pensión digna, reclamar mejores servicios públicos y, al mismo tiempo, votar por una fuerza política que promete reducir el Estado. Puede cuestionar los abusos empresariales y respaldar políticas de seguridad autoritarias. Puede desconfiar de las élites económicas y también de los partidos que se presentan como sus adversarios.
Esas contradicciones no se resuelven descalificando a los electores ni suponiendo que han sido simplemente manipulados.
Exigen comprender cómo se construyen las identidades políticas y por qué determinadas propuestas consiguen representar aspiraciones que otras fuerzas han dejado de interpretar.
La izquierda chilena enfrenta así un problema de representación antes que uno exclusivamente electoral.
Necesita reconstruir vínculos con el mundo del trabajo, los movimientos territoriales, las organizaciones de pensionados, las comunidades ambientales y los sectores populares que no se reconocen necesariamente en las actuales estructuras partidarias.
Pero también necesita elaborar respuestas concretas a preocupaciones que durante demasiado tiempo consideró secundarias: la seguridad cotidiana, el funcionamiento de los servicios públicos, el acceso efectivo a la vivienda y la incertidumbre económica.
No se trata de renunciar a un proyecto transformador, sino de recuperar su capacidad para intervenir sobre la vida real de las personas.
La política progresista pierde sentido cuando sus promesas de igualdad dejan de traducirse en experiencias reconocibles de mayor bienestar, dignidad y protección.
Las causas permanecen
Siete años después, octubre de 2019 pertenece a la historia. Sus manifestaciones multitudinarias, sus símbolos, sus contradicciones y sus episodios de violencia forman parte de un ciclo que terminó.
Pretender reproducirlo sería desconocer las transformaciones experimentadas por la sociedad chilena.
Pero declararlo políticamente superado porque sus proyectos institucionales fracasaron constituye un error igualmente profundo.
Las pensiones insuficientes, la desigualdad en el acceso a la salud, la precariedad laboral, el endeudamiento, el costo de la vivienda y la concentración de la riqueza no fueron invenciones de los manifestantes. Eran problemas reales antes de octubre y continúan siendo parte de la experiencia cotidiana de millones de personas.
El estallido no creó esas contradicciones. Las hizo visibles.
Su derrota política tampoco consiguió resolverlas.
La derecha puede imponer durante un tiempo una interpretación de octubre centrada en la violencia. Puede ganar elecciones, controlar las instituciones y presentar sus políticas de ajuste como una restauración de la normalidad.
Pero ninguna victoria electoral elimina por sí misma los conflictos distributivos de una sociedad.
Y la izquierda puede recordar con emoción las grandes manifestaciones, denunciar la represión y reivindicar la legitimidad de las demandas sociales. Sin embargo, mientras no reconstruya una alternativa política creíble, esas reivindicaciones seguirán siendo insuficientes.
La lección de estos siete años no es que Chile necesite repetir octubre. Tampoco que la ciudadanía deba resignarse a las respuestas disponibles.
Es que las transformaciones sociales requieren organización, conducción democrática, capacidad de construir mayorías y una relación persistente entre las instituciones y la sociedad.
La pregunta fundamental ya no es cuándo volverán a llenarse las calles.
Es cuánto tiempo puede sostenerse una democracia que no consigue responder satisfactoriamente a las demandas de protección, igualdad y dignidad de una parte importante de su población.
Siete años después, el estallido fue derrotado como proyecto político. Pero las causas que lo hicieron posible siguen formando parte del presente chileno. Y ninguna campaña de criminalización, ningún fracaso constitucional y ninguna victoria electoral pueden borrar esa realidad.
Simón del Valle
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