Trabajadores de farmacias rechazan proyecto que permitiría operar sin químicos farmacéuticos y advierten riesgos para la salud pública

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La Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (FENATRAFAR) cuestionó la iniciativa impulsada por parlamentarios republicanos y Pamela Jiles, del Partido de la Gente, que busca permitir el funcionamiento de farmacias sin la presencia de químicos farmacéuticos. La organización advirtió que la propuesta podría debilitar la seguridad sanitaria, precarizar las condiciones laborales y favorecer intereses comerciales por sobre la protección de los pacientes.

La Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (FENATRAFAR) manifestó su rechazo al proyecto de ley identificado con el Boletín N.º 18.719-11, que propone modificar las exigencias relativas a la presencia de químicos farmacéuticos en los establecimientos dedicados a la venta de medicamentos.

La organización sindical sostiene que la iniciativa representa un riesgo para la salud pública, al debilitar una de las principales garantías profesionales que actualmente regulan el funcionamiento de las farmacias.

Mauricio Acevedo, presidente de FENATRAFAR, cuestionó especialmente el alcance de la propuesta, señalando que sus disposiciones no estarían restringidas a localidades rurales o zonas con dificultades de acceso a estos profesionales.

“Desde FENATRAFAR rechazamos el proyecto de ley impulsado por parlamentarios republicanos y Pamela Jiles del PDG, Boletín N.º 18.719-11, que pretende permitir el funcionamiento de farmacias sin químicos farmacéuticos. Lo grave es que no se limita a zonas rurales, sino que propone una modificación de alcance general”, afirmó el dirigente.

La discusión aborda una materia sensible para el sistema sanitario chileno. Los químicos farmacéuticos cumplen funciones de supervisión técnica, control de medicamentos y orientación sobre su utilización, responsabilidades que buscan reducir los riesgos asociados a errores de dispensación, interacciones farmacológicas y uso inadecuado de tratamientos.

Desde esa perspectiva, la exigencia de contar con estos profesionales no constituye únicamente una obligación administrativa, sino también una medida de protección para quienes adquieren medicamentos.

Advertencia sobre los riesgos sanitarios

Acevedo recordó que la propia ministra de Salud, May Chomali, expresó reparos frente a la iniciativa.

“La propia ministra de Salud, May Chomali, advirtió que esta medida ‘puede poner en riesgo a la población’”, señaló el presidente de la federación.

Para los trabajadores, esta advertencia refuerza la necesidad de evaluar las consecuencias sanitarias de cualquier modificación a las condiciones de funcionamiento de las farmacias, particularmente cuando se trata de establecimientos que dispensan productos cuyo uso incorrecto puede provocar daños a la salud.

El debate también plantea una cuestión de fondo: cómo mejorar el acceso a medicamentos en localidades con escasa cobertura farmacéutica sin reducir los estándares de seguridad establecidos para su dispensación.

Cuestionamientos a los intereses comerciales

Uno de los aspectos más críticos de la declaración de FENATRAFAR apunta a los posibles beneficiarios económicos de la iniciativa.

“Nos preguntamos a quién beneficia realmente esta iniciativa. En una industria con antecedentes de colusión, es legítimo exigir transparencia sobre los intereses empresariales detrás del proyecto”, sostuvo Acevedo.

La referencia a la colusión remite a uno de los episodios más conocidos de prácticas anticompetitivas en el mercado farmacéutico chileno, que involucró a grandes cadenas de farmacias y generó un amplio debate sobre la regulación de un sector estrechamente vinculado al derecho a la salud.

Sin embargo, la federación no identifica en su declaración empresas específicas que estén promoviendo el proyecto ni presenta antecedentes que permitan establecer una intervención empresarial directa en su elaboración. Su cuestionamiento apunta a la necesidad de transparentar los intereses que podrían verse favorecidos por un eventual cambio regulatorio.

Las farmacias como establecimientos de salud

FENATRAFAR también advirtió sobre las posibles consecuencias laborales de una flexibilización de las exigencias profesionales para el funcionamiento de estos establecimientos.

La federación considera que reducir las obligaciones de supervisión farmacéutica podría facilitar la expansión comercial de las cadenas, pero a costa de debilitar las condiciones de trabajo y las garantías sanitarias.

“Las farmacias son establecimientos de salud, no simples negocios. Respaldamos a los químicos farmacéuticos y rechazamos cualquier intento de facilitar la expansión comercial a costa de precarizar el trabajo y debilitar la seguridad sanitaria”, concluyó Acevedo.

La posición de FENATRAFAR incorpora así la voz de los trabajadores de farmacias a una discusión que trasciende las atribuciones de los distintos profesionales del sector.

En el centro del debate aparece la relación entre acceso a medicamentos, regulación sanitaria y actividad comercial. La controversia plantea si las eventuales dificultades de cobertura deben resolverse flexibilizando las exigencias profesionales o mediante políticas públicas que permitan ampliar la presencia de farmacias y químicos farmacéuticos sin disminuir las garantías de atención para la población.

El rechazo se extiende a los profesionales farmacéuticos

La controversia también ha movilizado al Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, que el 14 de octubre solicitó retirar el proyecto en sus términos actuales.

La entidad advirtió que la propuesta no garantiza una reducción en los precios de los medicamentos y planteó alternativas para mejorar la cobertura territorial, entre ellas el fortalecimiento de las farmacias móviles y los mecanismos de abastecimiento existentes.

Por su parte, el diputado republicano Diego Vergara, uno de los impulsores de la iniciativa, ha defendido la modificación como una fórmula para reducir las barreras de entrada y facilitar la instalación de farmacias en sectores donde la oferta es insuficiente. El proyecto contempla que determinados profesionales o técnicos de nivel superior, con formación específica en materias farmacológicas, puedan asumir la dirección técnica.

La controversia adquiere especial relevancia porque incluso la ministra de Salud ha expresado reparos sobre los eventuales riesgos para la población.

Con el pronunciamiento de FENATRAFAR, el rechazo deja de ser exclusivamente una demanda de los químicos farmacéuticos y suma a los trabajadores que diariamente participan en la atención de las farmacias.

La discusión legislativa deberá resolver una tensión fundamental: cómo ampliar el acceso a los medicamentos sin convertir la reducción de costos empresariales en un debilitamiento de las garantías sanitarias.