Las pérdidas de las AFP llegan a la Fiscalía: investigarán eventual administración desleal de los ahorros previsionales

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 19 segundos

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte recibió la denuncia penal presentada por los parlamentarios Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri tras las millonarias pérdidas de los fondos previsionales. La acción judicial se suma a los procedimientos sancionatorios abiertos por la Superintendencia de Pensiones contra las siete administradoras. En el centro de la controversia están las operaciones con derivados financieros, las advertencias sobre sus riesgos y las responsabilidades por decisiones que afectaron los ahorros de millones de trabajadores.

Las pérdidas de los fondos previsionales chilenos han abierto un nuevo frente para las administradoras de fondos de pensiones. El fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte una denuncia penal destinada a investigar si las decisiones de inversión adoptadas por las AFP pudieron constituir el delito de administración desleal.

La presentación fue realizada el 19 de octubre por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del Partido Socialista. Mediante el oficio N.º 1363/2026, fechado el 21 de octubre, Valencia derivó los antecedentes a la fiscalía encabezada por Francisco Jacir y solicitó informar el Rol Único de Causa que se asigne a la denuncia.

El Ministerio Público aclaró que la remisión no implica establecer la existencia de delitos ni responsabilidades penales. Corresponderá a la fiscalía examinar los antecedentes y determinar las diligencias pertinentes.

La controversia se originó tras conocerse las fuertes pérdidas de los fondos D y E, considerados los más conservadores del sistema previsional. Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39%, mientras el Fondo D registró una caída de 6,38%.

Una parte importante de estas pérdidas se relaciona con operaciones de derivados financieros vinculados a las tasas de interés internacionales, especialmente estadounidenses. Según antecedentes publicados por Bloomberg, las posiciones de estos instrumentos alcanzaron una valorización negativa aproximada de 7.700 millones de dólares.

La cifra, sin embargo, requiere una precisión: la valorización negativa de los derivados no equivale necesariamente a pérdidas realizadas por ese mismo monto. Tampoco puede confundirse directamente con la disminución del patrimonio total de los fondos.

Las advertencias que deberán esclarecerse

Uno de los aspectos centrales de la controversia es determinar qué conocimiento tenían las administradoras sobre los riesgos que estaban asumiendo.

El exsuperintendente de Pensiones Osvaldo Macías ha sostenido públicamente que durante su gestión se advirtió reiteradamente a las AFP sobre la elevada exposición de sus carteras a determinados instrumentos financieros.

También han surgido antecedentes sobre los incentivos competitivos que pudieron influir en las decisiones de inversión. Según la información difundida por Bloomberg y recogida por medios nacionales, ejecutivos de las administradoras habrían manifestado preocupación por los riesgos, pero las operaciones continuaron en un contexto de competencia por rentabilidad.

Este punto resulta especialmente relevante. Si las AFP mantuvieron posiciones de riesgo excesivo pese a conocer sus posibles consecuencias, corresponde establecer quiénes adoptaron esas decisiones, qué mecanismos de control existían y si se cumplieron las obligaciones legales de administración de los recursos previsionales.

La investigación deberá distinguir entre las pérdidas propias de los mercados financieros y las eventuales infracciones o conductas delictivas. La existencia de una inversión fallida no constituye, por sí sola, un delito.

Siete AFP bajo procedimientos sancionatorios

La denuncia penal se suma a las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones, que abrió procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras: Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida y UNO.

El organismo busca determinar si existieron incumplimientos del deber de lealtad y diligencia establecido en el artículo 147 del Decreto Ley 3.500, que regula las obligaciones de las administradoras respecto de los recursos que gestionan.

La investigación administrativa y la eventual investigación penal tienen alcances diferentes. Mientras la Superintendencia examina el cumplimiento de la normativa previsional, el Ministerio Público deberá determinar si existen hechos que configuren delitos y, en tal caso, identificar a sus responsables.

El riesgo lo asumen los afiliados

La crisis ha vuelto a poner en discusión una característica fundamental del sistema de capitalización individual: los ahorros previsionales pertenecen a los trabajadores y las fluctuaciones de las inversiones afectan directamente el valor de sus cuentas.

Las administradoras cobran comisiones por gestionar esos recursos, pero las pérdidas de mercado recaen sobre los fondos de los afiliados, salvo que existan responsabilidades que den lugar a las reparaciones previstas por la legislación.

Esta diferencia adquiere particular importancia para quienes están próximos a jubilar. Una caída pronunciada del valor de los fondos puede reducir el capital disponible para financiar sus pensiones, especialmente cuando queda poco tiempo para recuperar las pérdidas.

El debate tampoco puede limitarse a la evolución de las tasas de interés internacionales. Corresponde establecer si las carteras estaban adecuadamente diversificadas, si se respetaron los límites regulatorios y si los mecanismos internos de gestión de riesgos funcionaron oportunamente.

Una investigación que deberá identificar decisiones y responsabilidades

La denuncia de Cicardini y Manouchehri plantea preguntas que trascienden las pérdidas de los últimos meses. ¿Quiénes autorizaron las operaciones cuestionadas? ¿Qué advertencias recibieron? ¿Por qué las administradoras mantuvieron exposiciones semejantes? ¿Qué medidas adoptaron sus directorios y comités de inversión?

Las respuestas dependerán de los antecedentes que logren reunir las autoridades.

El caso también ha generado una controversia política entre el actual Gobierno y autoridades de la administración anterior respecto del momento en que se identificaron los riesgos y comenzaron las medidas regulatorias para reducirlos.

Sin embargo, esa disputa no sustituye el examen de las decisiones empresariales. La administración de los fondos corresponde a las AFP, sujetas a las obligaciones y controles establecidos por la legislación previsional.

Por primera vez en esta crisis, las pérdidas de los fondos más conservadores han dado origen simultáneamente a procedimientos sancionatorios contra todas las administradoras y a una denuncia penal remitida a una fiscalía regional.

El resultado de estas actuaciones todavía es incierto. Pero las preguntas que deberán responder son concretas: cómo se administraron los ahorros, qué riesgos se asumieron, quiénes tomaron las decisiones y si existieron incumplimientos que deban ser sancionados.

Para millones de afiliados, esas respuestas importan tanto como la recuperación de la rentabilidad de sus fondos.