Premios Nacionales alertan que reforma del Gobierno al INDH amenaza su independencia y debilita la protección de los derechos humanos
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Un grupo de destacados intelectuales, escritores, científicos, periodistas y académicos, encabezado por 23 Premios Nacionales, hizo un llamado a la ciudadanía y al Congreso para defender la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los firmantes cuestionan el proyecto de reforma presentado por el Gobierno de José Antonio Kast, al considerar que debilita sus atribuciones, excluye a la sociedad civil de la designación directa de consejeros y amenaza su presencia regional.
Un grupo de Premios Nacionales de distintas disciplinas manifestó su preocupación por el proyecto de ley presentado por el Gobierno para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), advirtiendo que la iniciativa amenaza la independencia de la institución y debilita su capacidad de fiscalizar las actuaciones del Estado.
En una declaración pública fechada este sábado 24 de octubre, los firmantes llaman a la ciudadanía a defender el organismo y solicitan al Congreso considerar las recomendaciones formuladas en 2025 por la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del INDH.
Entre quienes suscriben el documento se encuentran los escritores Diamela Eltit, Elicura Chihuailaf y Ramón Díaz Eterovic; los periodistas Mónica González, María Olivia Mönckeberg, Sergio Campos, Faride Zerán y Delia Vergara; los historiadores Julio Pinto y Rafael Sagredo; el sociólogo Tomás Moulian; la psicóloga Elizabeth Lira; la científica Cecilia Hidalgo y el académico Manuel Antonio Garretón, entre otras personalidades.
La declaración recuerda que la creación del INDH fue resultado de los acuerdos políticos alcanzados después de la dictadura, de las recomendaciones del Informe de Verdad y Reconciliación y de décadas de trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
Los firmantes destacan que, durante sus 16 años de existencia, el organismo ha desarrollado una labor de promoción y protección de derechos, particularmente en favor de personas y colectivos que enfrentan vulneraciones y que no siempre encuentran respuestas adecuadas en las instituciones públicas.
Una reforma que amenaza la autonomía del INDH
La principal crítica de los Premios Nacionales apunta a los cambios que el proyecto introduciría en tres aspectos considerados esenciales para el funcionamiento de una institución nacional de derechos humanos: su autonomía, su pluralismo y sus facultades de protección.
Según la declaración, la iniciativa gubernamental compromete la independencia del INDH respecto de los mismos poderes públicos que debe fiscalizar.
Los firmantes cuestionan especialmente la propuesta de excluir a la sociedad civil de la designación directa de consejeros, lo que, a su juicio, debilitaría el carácter pluralista del organismo.
También advierten sobre la eliminación de la facultad de presentar querellas, una herramienta que el Instituto ha utilizado para intervenir judicialmente frente a determinadas vulneraciones de derechos humanos.
La declaración sostiene que estas modificaciones ponen en peligro condiciones básicas para el funcionamiento del INDH conforme a los estándares internacionales.
El cuestionamiento resulta especialmente significativo porque la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos constituye uno de los principios establecidos internacionalmente para garantizar que puedan supervisar las actuaciones estatales sin subordinación a los gobiernos de turno.
El riesgo de perder presencia regional
Otro de los aspectos que provoca preocupación es el futuro de las sedes regionales del INDH.
Los Premios Nacionales cuestionan que el proyecto no contemple expresamente los domicilios de las oficinas regionales, interpretación que los lleva a advertir sobre un eventual retroceso en la presencia territorial del organismo.
En el documento afirman que, después de haberse conseguido la instalación del Instituto en todo el país, el Gobierno pretende que opere solamente desde Santiago.
Esta última afirmación corresponde a la interpretación de los firmantes sobre los efectos de la propuesta, cuyo alcance deberá examinarse durante la tramitación legislativa.
La preocupación territorial tiene especial relevancia porque numerosas denuncias por vulneraciones de derechos humanos se originan fuera de la capital, en comunidades indígenas, zonas rurales, conflictos ambientales y territorios donde el acceso a las instituciones públicas presenta mayores dificultades.
Una reducción de la capacidad regional del INDH podría dificultar la atención directa a las personas afectadas y el seguimiento de situaciones que requieren presencia institucional en terreno.
Las recomendaciones que el Gobierno habría dejado de lado
La declaración también cuestiona que el proyecto no incorpore sustancialmente el trabajo realizado durante 2025
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