Las AFP ganan mientras los trabajadores pierden: la contradicción de un sistema heredado de la dictadura

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Mientras el Fondo E acumula una caída real de 10,39% y el Fondo D retrocede 6,38%, las administradoras registraron utilidades por más de $378 mil millones durante el primer semestre. La crisis revela una característica fundamental del sistema previsional chileno: los trabajadores están obligados a entregar parte de sus salarios a empresas privadas que cobran por administrar sus ahorros, pero no garantizan su rentabilidad. Ante los cuestionamientos, la industria despliega una defensa pública que se suma a años de lobby y campañas publicitarias para preservar el modelo.

Hay una pregunta elemental que rara vez ocupa el centro del debate previsional chileno: ¿cómo es posible que una empresa obtenga ganancias mientras sus clientes pierden el dinero que le han confiado para administrar?

La pregunta adquiere especial relevancia después de conocerse las pérdidas de los fondos D y E de las AFP. Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E, considerado el más conservador del sistema, registró una caída real de 10,39%. El Fondo D, donde también se concentran ahorros de trabajadores de mayor edad, retrocedió 6,38%.

Son pérdidas importantes, particularmente para quienes se encuentran próximos a jubilar y disponen de menos tiempo para esperar una eventual recuperación de los mercados.

Sin embargo, las empresas que administran esos ahorros presentan una realidad financiera muy diferente. Durante el primer semestre de 2026, las AFP registraron utilidades conjuntas por aproximadamente 378 mil millones de pesos, un aumento de 13,5% respecto del mismo período del año anterior.

Los períodos de ambas cifras no coinciden exactamente, pero el contraste resulta revelador. Mientras cientos de miles de afiliados ven disminuir el valor de sus fondos previsionales, las administradoras mantienen negocios rentables.

No se trata simplemente de una contradicción circunstancial. Es una característica del sistema creado durante la dictadura.

Un negocio con clientes obligatorios

El Decreto Ley 3.500, promulgado en 1980, estableció un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas. Desde entonces, los trabajadores dependientes incorporados al régimen están obligados, salvo excepciones legales, a destinar una parte de sus remuneraciones a cuentas previsionales.

El trabajador no puede decidir libremente si desea contratar este servicio o prescindir de él. Debe cotizar y mantener sus ahorros en una administradora autorizada. Puede cambiar de AFP y, dentro de las reglas del sistema, elegir entre determinados fondos, pero no puede retirar sus recursos para administrarlos por su cuenta.

Además, paga por el servicio. Las AFP cobran una comisión calculada principalmente como porcentaje de la remuneración imponible, independientemente de la rentabilidad que obtengan las inversiones de cada afiliado.

Esta estructura genera una asimetría fundamental.

La administradora recibe ingresos por gestionar el ahorro previsional. El trabajador, en cambio, asume las variaciones del valor de sus inversiones, tanto las ganancias como las pérdidas.

Las AFP están sujetas a obligaciones legales de diligencia, prudencia y fiscalización. También deben mantener recursos propios invertidos mediante el mecanismo del encaje. Pero ese sistema de responsabilidades no significa que estén obligadas a compensar automáticamente cada caída de los mercados.

En otras palabras, una administradora puede cumplir sus obligaciones legales, registrar pérdidas en los fondos de sus afiliados y continuar obteniendo utilidades empresariales.

Precisamente por eso, la discusión no puede reducirse a establecer si las pérdidas del Fondo E fueron legales. También corresponde examinar si el sistema distribuye adecuadamente los riesgos y los beneficios entre quienes administran el dinero y quienes son sus propietarios.

El Fondo E y las decisiones que tomaron las administradoras

Las pérdidas de 2026 tienen un origen financiero identificable.

Las AFP mantuvieron importantes posiciones en instrumentos de renta fija y derivados financieros vinculados a las tasas de interés internacionales, especialmente las estadounidenses. Entre esos instrumentos se encuentran los swaps, contratos cuyo valor depende de la evolución de determinadas variables financieras.

La estrategia buscaba aprovechar y cubrir movimientos de tasas a largo plazo. Durante 2025 produjo resultados favorables. Pero cuando las tasas evolucionaron en sentido contrario al esperado, el valor de esas posiciones cayó considerablemente.

Según antecedentes difundidos por Bloomberg y recogidos por la prensa chilena, las posiciones en derivados pasaron de registrar un valor positivo de aproximadamente US$1.400 millones un año antes a uno negativo cercano a US$7.700 millones en septiembre de 2026.

Esa cifra corresponde al valor de mercado de las posiciones en derivados, no a una pérdida realizada de idéntico monto ni al total de la disminución patrimonial de los fondos. La distinción es importante, pero no elimina el problema: los ahorros previsionales quedaron expuestos a una estrategia que produjo fuertes pérdidas de valoración.

Lo más inquietante es que las siete administradoras desarrollaron estrategias semejantes. La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios para determinar si sus decisiones respetaron los deberes de diligencia y prudencia establecidos por la legislación.

Todavía no existe una resolución definitiva que permita afirmar que las AFP incurrieron en infracciones. Pero tampoco basta invocar el comportamiento de los mercados para descartar responsabilidades.

La exposición al riesgo, la duración financiera de las carteras y la utilización de derivados fueron decisiones de administración. Y esas decisiones deben ser explicadas a los propietarios del dinero: los trabajadores.

La defensa del sistema: entrevistas, lobby y publicidad

Frente a la crisis, la Asociación de AFP ha intensificado sus intervenciones públicas.

Su presidente, León Fernández de Castro, ha participado en entrevistas de radio, televisión y prensa escrita, defendiendo las estrategias de inversión y atribuyendo las pérdidas principalmente al aumento de las tasas internacionales.

El 15 de octubre sostuvo en Radio Duna que las administradoras no se habían equivocado de estrategia, porque se trataba de decisiones de largo plazo. En otras entrevistas insistió en que los derivados son instrumentos habituales y que las inversiones se encuentran sometidas a regulación.

El domingo 25, entrevistado en Mesa Central, de Canal 13, evitó calificar de imprudentes las operaciones cuestionadas y señaló que corresponde a la investigación determinar si existieron errores.

Es legítimo que las administradoras expongan sus argumentos. Pero esas explicaciones no resuelven una pregunta fundamental: ¿por qué fondos destinados a financiar pensiones, especialmente los considerados más conservadores, asumieron riesgos que terminaron provocando caídas tan pronunciadas?

El argumento del largo plazo tampoco responde completamente a la situación de los afiliados próximos a jubilar. Una persona de 35 años puede disponer de décadas para recuperar pérdidas. Quien debe pensionarse durante los próximos meses enfrenta circunstancias muy distintas.

La defensa comunicacional actual tiene, además, un antecedente que merece recordarse.

Durante la discusión de la reforma previsional, la industria destinó importantes recursos a campañas públicas para defender su modelo. Según informó La Tercera en marzo de 2026, las AFP aportaron alrededor de 5 mil millones de pesos para financiar el funcionamiento de su asociación gremial durante 2025. El medio también señaló que en 2024 habían desembolsado unos 3 mil millones de pesos adicionales para campañas publicitarias.

Esas cifras permiten dimensionar la capacidad económica de las administradoras para intervenir en el debate público.

Las campañas en medios y redes sociales, las gestiones gremiales ante las autoridades y las intervenciones de sus representantes forman parte de una actividad de defensa sectorial que se ha desarrollado durante años, especialmente cuando se discuten reformas al sistema.

No toda actividad gremial constituye lobby en su sentido jurídico estricto, ni toda campaña publicitaria implica una irregularidad. Pero resulta pertinente examinar cómo una industria que administra cotizaciones obligatorias utiliza recursos empresariales para defender su continuidad y sus intereses en el debate previsional.

La controversia de 2026 agrega una dimensión que esas campañas difícilmente pueden resolver mediante publicidad: mientras los fondos D y E registran pérdidas, las AFP continúan obteniendo ganancias.

¿Quién paga por las pérdidas?

La respuesta inmediata es conocida: las fluctuaciones negativas reducen el valor de los fondos previsionales y, por tanto, afectan los ahorros de sus propietarios.

El presidente de la Asociación de AFP sostuvo el domingo que las eventuales compensaciones a los afiliados no son un asunto que corresponda resolver al gremio.

La afirmación puede ser correcta desde el punto de vista de las atribuciones de una asociación empresarial. Sin embargo, deja pendiente la cuestión de fondo: qué mecanismos existen para reparar perjuicios cuando se determina que una administradora incumplió sus obligaciones.

Las AFP argumentan que una caída del Fondo E no se traduce necesariamente en una disminución equivalente de la pensión final. Técnicamente, esto es cierto: el monto de una pensión depende de diversos factores, entre ellos las tasas de interés, la modalidad elegida y las condiciones existentes al momento de jubilar.

Pero esa explicación no debe confundirse con la inexistencia de pérdidas. El valor de las cuotas del Fondo E disminuyó 10,39% en términos reales entre enero y septiembre. El Fondo D perdió 6,38%. Esos retrocesos forman parte del patrimonio previsional de los afiliados, independientemente de cómo se calcule posteriormente su pensión.

Las investigaciones administrativas y las acciones judiciales deberán establecer si existieron incumplimientos y si corresponde aplicar sanciones o restituciones.

Mientras tanto, el contraste permanece: pérdidas para los ahorrantes y utilidades para las empresas administradoras.

Una contradicción que viene de 1980

La discusión sobre las AFP suele concentrarse en la rentabilidad, las comisiones, la edad de jubilación o las tasas de reemplazo. Son asuntos importantes, pero existe una cuestión anterior a todos ellos: la naturaleza de un sistema que convierte una obligación de seguridad social en un mercado administrado por empresas privadas.

Los trabajadores están obligados a cotizar. Las administradoras cobran por gestionar esos recursos. Las inversiones pueden producir ganancias o pérdidas. Y las empresas pueden mantener resultados positivos aun cuando una parte de sus clientes vea disminuir su patrimonio previsional.

Los defensores del sistema sostienen que la capitalización individual ha permitido acumular ahorro, financiar inversiones y obtener rentabilidades positivas durante períodos prolongados. También argumentan que las pérdidas deben evaluarse dentro de horizontes extensos y no a partir de resultados aislados.

Son argumentos que corresponde considerar. Pero tampoco anulan las preguntas que plantea la crisis actual.

¿Es adecuado que las comisiones ordinarias no dependan directamente de los resultados obtenidos para los afiliados? ¿Son suficientes los mecanismos que obligan a las administradoras a compartir riesgos? ¿Cómo se protege a quienes no pueden esperar años para recuperar sus ahorros? ¿Qué responsabilidades corresponden cuando distintas empresas adoptan estrategias similares y producen pérdidas simultáneas?

La caída de los fondos E y D vuelve a instalar estas interrogantes en un momento especialmente sensible para el sistema previsional.

Durante décadas, la industria ha destinado recursos a defender el modelo ante las reformas propuestas por distintos gobiernos y movimientos sociales. Hoy debe responder también por decisiones concretas de inversión y explicar sus consecuencias para los afiliados.

La paradoja es difícil de ignorar: los trabajadores financian obligatoriamente el sistema, pagan por su administración y soportan las pérdidas de sus ahorros. Las empresas que prestan el servicio pueden seguir obteniendo utilidades.

Cuarenta y seis años después de la creación de las AFP, la crisis del Fondo E recuerda que el debate previsional no trata solamente de cuánto rentan los fondos, sino también de quién administra el dinero, quién recibe los beneficios y quién termina asumiendo los riesgos.

Simón del Valle