
Superintendencia revela pérdidas de valoración superiores a US$10.000 millones en derivados de las AFP y confirma advertencias desde 2024
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El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, informó este lunes ante la Cámara de Diputados que las pérdidas de valoración asociadas a operaciones con derivados superaron los US$10.000 millones al 30 de septiembre. La autoridad reveló que las administradoras habían recibido advertencias sobre los riesgos de estas inversiones desde 2024. Mientras el Fondo E acumula una caída real de 10,39% y el Fondo D de 6,38%, el gremio defendió su estrategia y volvió a relativizar sus efectos sobre las pensiones.
La crisis por las pérdidas de los fondos previsionales sumó este lunes 26 de octubre nuevos antecedentes que amplían la magnitud de las operaciones financieras cuestionadas y abren interrogantes sobre las decisiones adoptadas por las administradoras pese a las advertencias del organismo fiscalizador.
Durante una sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, informó que las pérdidas de valoración de las operaciones con derivados financieros realizadas por los cinco multifondos durante 2026 superaron los US$10.000 millones al 30 de septiembre.
La cifra es considerablemente mayor que los US$7.718 millones conocidos inicialmente, difundidos a partir de antecedentes sobre operaciones de swaps vinculadas a las tasas de interés internacionales.
Cortez explicó que el cálculo anterior consideraba solamente las operaciones efectuadas con bancos extranjeros, mientras que la nueva estimación incorpora también los contratos suscritos con instituciones financieras nacionales.
La autoridad precisó que se trata de pérdidas de valoración, es decir, disminuciones del valor de mercado de las posiciones financieras, y no necesariamente de pérdidas definitivas o materializadas. Su magnitud puede variar según la evolución de las tasas de interés.
De hecho, según los antecedentes expuestos ante el Congreso, hacia el 20 de octubre esas pérdidas de valoración se habían reducido a aproximadamente US$7.000 millones, producto de cambios favorables en las tasas internacionales.
Sin embargo, el nuevo cálculo revela una exposición financiera mayor que la considerada inicialmente y se conoce mientras las administradoras enfrentan investigaciones por las decisiones que afectaron particularmente a los fondos más conservadores.
Las advertencias comenzaron en 2024
Uno de los antecedentes más relevantes de la exposición del superintendente fue la confirmación de que las AFP recibieron advertencias sobre los riesgos de estas operaciones desde hace dos años.
Cortez detalló que durante octubre y noviembre de 2024 la Superintendencia convocó a los gerentes generales y de inversiones de las administradoras para examinar el aumento de sus posiciones en derivados financieros.
Posteriormente, el 15 de enero de 2025, el organismo emitió instrucciones destinadas a fortalecer las políticas de gestión de riesgos y los mecanismos de control interno de estas operaciones.
Las advertencias señalaban que el incremento de los contratos de swaps podía amplificar los riesgos financieros y afectar a los afiliados.
También exigían que los directorios de las AFP definieran expresamente los niveles de riesgo aceptados, evaluaran los posibles efectos de las operaciones y mantuvieran mecanismos adecuados de supervisión.
Durante 2025, según la exposición de Cortez, las posiciones en derivados continuaron aumentando. A fines de ese año, la Superintendencia reiteró sus preocupaciones ante los directorios de las administradoras.
En abril de 2026 se introdujeron modificaciones al régimen de inversiones para establecer límites a la exposición en estos instrumentos y nuevas exigencias de liquidez. En octubre, el regulador aceleró el proceso de reducción de las posiciones.
El superintendente sostuvo ante los parlamentarios que correspondía a las administradoras adoptar medidas para controlar los riesgos que habían sido identificados.
Las operaciones cuestionadas consistieron principalmente en contratos vinculados a las tasas de interés internacionales, especialmente las estadounidenses. Las estrategias aumentaron la sensibilidad de las carteras ante movimientos de esas tasas y produjeron fuertes pérdidas de valoración cuando los mercados evolucionaron en sentido contrario al esperado.
El Fondo E perdió 10,39% y el D retrocedió 6,38%
Las consecuencias más visibles de la crisis se han concentrado en los fondos previsionales considerados de menor riesgo.
Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39%, mientras el Fondo D registró una caída de 6,38%.
Ambos fondos concentran recursos de afiliados de mayor edad, incluidos trabajadores próximos a jubilar, para quienes una disminución importante de sus ahorros puede tener consecuencias especialmente sensibles.
Aunque las variaciones de los fondos no se traducen automáticamente en reducciones equivalentes de las pensiones, sí representan una disminución del valor de los ahorros previsionales durante el período considerado.
La evolución de las tasas de interés y las condiciones existentes al momento de pensionarse pueden modificar el impacto final sobre cada afiliado.
La Superintendencia mantiene procedimientos sancionatorios para establecer si las administradoras cumplieron sus obligaciones legales de diligencia y prudencia. Hasta ahora no existen resoluciones definitivas que establezcan responsabilidades por las operaciones investigadas.
Las AFP defienden su estrategia
Durante la misma sesión parlamentaria, el presidente ejecutivo de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, defendió las decisiones de inversión de las administradoras.
El dirigente sostuvo que los resultados deben evaluarse en períodos prolongados y no únicamente a partir de las caídas registradas durante determinados meses.
También señaló que el Fondo E había comenzado a recuperar parte de su valor durante octubre, con una rentabilidad positiva de aproximadamente 2,1% en las primeras semanas del mes.
Fernández de Castro presentó simulaciones según las cuales una caída cercana al 10% del Fondo E podría traducirse en reducciones bastante menores de determinadas pensiones estimadas por retiro programado.
En los ejemplos expuestos, el efecto sobre la pensión oscilaba entre 0,8% y 1,8%, dependiendo de las características del afiliado y de los supuestos utilizados.
El representante gremial sostuvo que esas simulaciones no buscaban minimizar las pérdidas, sino explicar que la rentabilidad de un fondo y el cálculo de una pensión responden a variables diferentes.
Sin embargo, el exministro de Hacienda Ignacio Briones cuestionó públicamente los ejemplos difundidos por la asociación, señalando que podían ofrecer una visión incompleta del problema.
La discusión se concentra ahora no solamente en los efectos finales sobre las pensiones, sino también en las decisiones de inversión, los niveles de riesgo asumidos y la responsabilidad de las administradoras frente a sus afiliados.
Investigaciones y eventuales compensaciones
La sesión parlamentaria también abordó la posibilidad de establecer responsabilidades económicas por las pérdidas.
Según informó la Superintendencia, las investigaciones pueden extenderse durante seis meses, con una eventual prórroga de otros tres. Entre los elementos que deberán examinarse figuran la magnitud de posibles incumplimientos, los daños ocasionados y la conducta de las administradoras.
La determinación de responsabilidades podría abrir una discusión sobre sanciones y eventuales mecanismos de restitución, aunque actualmente no existe una orden de compensación a los afiliados.
El caso ha vuelto a poner bajo escrutinio la relación entre los riesgos asumidos por los trabajadores y los resultados económicos de las empresas que administran sus ahorros.
Durante el primer semestre de 2026, las AFP registraron utilidades conjuntas superiores a $378.000 millones, con un aumento de 13,5% respecto del mismo período del año anterior. Aunque se trata de períodos diferentes a los utilizados para medir las pérdidas acumuladas de los fondos D y E, las cifras reflejan la separación entre los resultados empresariales de las administradoras y la rentabilidad de los ahorros previsionales.
Las AFP reciben comisiones por administrar las cuentas individuales, mientras las variaciones del patrimonio de los fondos corresponden a sus afiliados. Las administradoras también participan de esos resultados mediante el encaje obligatorio, pero las pérdidas de los fondos no se traducen automáticamente en pérdidas equivalentes para las empresas.
La nueva información entregada por el superintendente agrega un elemento decisivo: las advertencias sobre el aumento de los riesgos no surgieron después de las pérdidas, sino que habían comenzado en 2024.
Determinar qué hicieron las administradoras frente a esas advertencias, por qué mantuvieron una elevada exposición a derivados y si cumplieron sus deberes legales constituye ahora el centro de las investigaciones.
Mientras esas respuestas llegan, las pérdidas acumuladas de los fondos D y E continúan siendo una realidad para los afiliados, aunque los mercados hayan comenzado a recuperar parte del terreno perdido.
Redacción del Clarín
