Caso Rabat: investigación revela que condenados por abusos sexuales con alto riesgo de reincidencia fueron liberados tras rebajas de penas
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Una investigación de BBCL Investiga identificó a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron rebajas de penas durante el Gobierno de José Antonio Kast. Entre ellos figuran personas cuyos expedientes penitenciarios advertían un alto riesgo de reincidencia. Todos los identificados se encuentran en libertad y sus víctimas no fueron notificadas de las reducciones. Mientras la oposición exige responsabilidades políticas y evalúa una acusación constitucional, Kast reconoció el error, pero decidió mantener en sus cargos al ministro Fernando Rabat y a los subsecretarios que firmaron los decretos.
La crisis que enfrenta el Ministerio de Justicia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes adquirió una nueva dimensión tras conocerse una investigación periodística que revela antecedentes sobre la peligrosidad de algunos beneficiarios, las advertencias contenidas en sus expedientes penitenciarios y las circunstancias en que recuperaron anticipadamente la libertad.
El reportaje, publicado el lunes 26 de octubre por BBCL Investiga, identificó a 33 de los 56 condenados favorecidos mediante decretos administrativos durante el Gobierno de José Antonio Kast. Para ello, sus periodistas examinaron miles de páginas de expedientes judiciales, informes de Gendarmería y resoluciones del Ministerio de Justicia.
El resultado plantea interrogantes que van más allá de la controversia jurídica sobre la aplicación de la Ley 19.856, que establece beneficios de reducción de condenas por comportamiento sobresaliente.
De los 56 beneficiarios, 27 habían sido condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores. La investigación identificó a 33 de ellos y estableció que todos se encuentran actualmente en libertad. También constató que las víctimas no fueron notificadas de las rebajas.
Los documentos revelan, además, que algunos internos presentaban evaluaciones penitenciarias que advertían un alto riesgo de reincidencia sexual, dificultades para reconocer la gravedad de sus delitos y ausencia de empatía hacia las víctimas.
Estos antecedentes no permiten afirmar que todos los beneficiarios compartieran esas características. Pero sí plantean una pregunta fundamental: ¿qué consideración recibieron las advertencias de Gendarmería antes de que las autoridades aprobaran las reducciones de condena?
Los decretos y las advertencias ignoradas
Según la investigación de BBCL Investiga, de los 33 decretos examinados, 22 fueron firmados por el ministro Fernando Rabat, diez por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, y uno por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.
Entre los casos documentados aparece el de Jeison Emerson Palacios Cabrera, condenado por delitos sexuales contra dos niñas. Un informe de Gendarmería de septiembre de 2025 lo calificó con alto riesgo de reincidencia sexual. Pese a ese antecedente, un decreto firmado por Rabat redujo su condena en nueve meses y adelantó su término desde abril de 2027 a julio de 2026.
Otro caso es el de Gabriel Reyes Rebolledo, condenado a 15 años de prisión, quien recibió una rebaja de 30 meses mediante un decreto firmado por Pablo Mira. Su expediente también contenía advertencias penitenciarias sobre riesgo de reincidencia.
La investigación incluye asimismo a Luis Caamaño Mora, condenado por delitos sexuales a penas que sumaban 22 años y un día, cuya condena fue reducida en 30 meses mediante una resolución suscrita por Rabat.
Los antecedentes son especialmente delicados porque las evaluaciones de riesgo estaban disponibles antes de que se adoptaran las decisiones administrativas.
Sin embargo, debe distinguirse entre la existencia de un informe desfavorable y los requisitos legales específicos para acceder a una reducción de condena. La evaluación de reincidencia no constituye necesariamente, por sí sola, una prohibición automática del beneficio. Precisamente por eso resulta indispensable esclarecer qué documentos examinaron las autoridades, qué facultades tenían para rechazar las solicitudes y cuáles fueron los fundamentos de cada decreto.
La investigación periodística también expuso un problema de protección de las víctimas: la ausencia de un mecanismo obligatorio que les permitiera conocer oportunamente que sus agresores recuperarían la libertad antes de lo previsto.
Kast reconoce el error, pero mantiene a Rabat
El lunes, después de varios días de controversia, el presidente José Antonio Kast compareció en La Moneda para reconocer la gravedad de las decisiones adoptadas por su administración.
El mandatario afirmó que el Estado había fallado a las víctimas y sostuvo que ninguna explicación técnica o procedimiento administrativo podía justificar ante ellas la salida anticipada de sus agresores.
Sin embargo, descartó solicitar la renuncia del ministro Fernando Rabat.
Por el contrario, confirmó su permanencia y le encargó conducir las medidas destinadas a corregir la situación, esclarecer lo ocurrido y evitar que se repitan decisiones semejantes.
Kast argumentó que remover al ministro y a su equipo podría aliviar transitoriamente la presión política, pero no resolvería el problema de fondo.
La decisión presidencial abrió una contradicción que pasó a ocupar el centro de las reacciones políticas: el Gobierno reconoce un error grave, pero mantiene al frente de su corrección a las autoridades responsables de suscribir los decretos cuestionados.
Rabat, por su parte, ha defendido la legalidad de las resoluciones. Su argumento es que una modificación legislativa de 2022, que excluyó a condenados por determinados delitos sexuales contra menores de estos beneficios, no puede aplicarse retroactivamente a situaciones anteriores.
El ministro también ha invocado decisiones de la Corte Suprema que, a su juicio, respaldarían esa interpretación.
No obstante, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, aclaró que los decretos fueron dictados por el Ministerio de Justicia en ejercicio de sus propias facultades y evitó confirmar la existencia de una jurisprudencia uniforme que obligara al Ejecutivo a concederlos.
La controversia se concentra así en una cuestión decisiva: si existían interpretaciones jurídicas diferentes, ¿por qué el Ministerio optó por conceder administrativamente los beneficios en lugar de mantener las negativas y permitir que los solicitantes recurrieran a los tribunales?
La oposición exige renuncias y estudia una acusación constitucional
El respaldo presidencial no consiguió detener las críticas.
La senadora independiente Fabiola Campillai exigió la salida de Rabat y del subsecretario Luis Silva, cuestionando que Kast mantuviera en sus cargos a las autoridades que firmaron los decretos.
Campillai sostuvo que el mandatario no debía trasladar genéricamente la responsabilidad al Estado, puesto que las decisiones habían sido adoptadas por funcionarios de su propio Gobierno.
El diputado Gonzalo Winter, del Frente Amplio, cuestionó que el reconocimiento del error no estuviera acompañado de consecuencias políticas concretas.
También el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, exigió la renuncia de Rabat después de conocerse los antecedentes de BBCL Investiga.
El presidente del PPD, Raúl Soto, planteó que el Gobierno debía pedir disculpas públicas a las víctimas, exigir la salida del ministro e iniciar las acciones necesarias para revisar los decretos. Advirtió que, de no adoptarse esas medidas, su sector respaldaría una acusación constitucional.
Las bancadas opositoras del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, PPD y Partido Liberal han comenzado a examinar los fundamentos jurídicos de esa eventual acusación.
La presentación de un libelo constitucional requiere establecer infracciones que justifiquen la responsabilidad del ministro; la gravedad política del episodio no determina por sí sola que exista una vulneración constitucional.
Los parlamentarios también preparan una sesión especial de la Cámara, prevista para el miércoles 28 de octubre, con el propósito de exigir explicaciones a Rabat.
En el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic, anunció que se examinarán modificaciones legales destinadas a impedir nuevas reducciones de condenas en estos casos.
Las críticas también alcanzan al oficialismo
La controversia ha generado diferencias dentro de las fuerzas que respaldan al Gobierno.
El diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, reconoció que existió un error político y señaló que las medidas que adopte Rabat durante esta semana serán determinantes para evaluar su continuidad.
La senadora Camila Flores, también de RN, sostuvo que al ministro le había faltado experiencia política para enfrentar la situación y planteó la necesidad de reconocer los errores y pedir disculpas.
El senador Rojo Edwards fue más lejos y solicitó la salida del titular de Justicia, mientras dirigentes de la UDI han respaldado su permanencia.
Las diferencias reflejan las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para compatibilizar su discurso de seguridad y protección de las víctimas con las decisiones administrativas que permitieron adelantar la libertad de personas condenadas por delitos especialmente graves.
La encuesta Cadem difundida el domingo registró un 29% de aprobación presidencial y un 66% de desaprobación. Además, el 92% de quienes respondieron sobre las rebajas de condenas manifestó su desacuerdo con ellas.
Aunque no es posible atribuir toda la caída de la aprobación presidencial a este episodio, las cifras muestran el amplio rechazo público que han provocado las decisiones del Ministerio.
Los condenados por crímenes de la dictadura
La crisis tiene otra dimensión relacionada con las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Además de los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores, se han identificado decretos que redujeron las penas de al menos tres personas condenadas por secuestros y torturas durante el régimen militar.
Entre ellas se encuentra César Luis Acuña Luengo, exagente de la CNI, beneficiado con una reducción de 19 meses de su condena por el secuestro de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987, cuyos restos continúan desaparecidos.
También recibieron rebajas Miguel Segundo Arias Navarrete, excarabinero condenado por el secuestro calificado de Justo Segundo Flores Martínez, y Manuel del Carmen Cabezas Pérez, exintegrante de la Fuerza Aérea condenado por torturas contra dos militantes socialistas.
Arias obtuvo una reducción de nueve meses y Cabezas de ocho meses. Ambos recuperaron la libertad.
Estos casos introducen una controversia adicional sobre el tratamiento de las condenas por graves violaciones de derechos humanos y las obligaciones internacionales de Chile en materia de verdad, justicia y reparación.
El Gobierno sostiene que las decisiones se ajustaron a la legislación vigente. Sus críticos cuestionan que se hayan concedido beneficios administrativos sin considerar suficientemente la naturaleza de los crímenes.
El problema de revertir los decretos
Kast anunció la suspensión de nuevas rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores y una revisión de las resoluciones ya firmadas.
El Gobierno también comprometió una reforma legal urgente para cerrar las posibilidades de otorgar estos beneficios en el futuro y mejorar la protección de las víctimas.
Sin embargo, permanece sin resolver la cuestión más inmediata: qué ocurrirá con las personas que ya recuperaron la libertad.
Rabat ha reconocido las dificultades jurídicas de revertir actos administrativos que produjeron efectos y ha mencionado distintas alternativas, incluida una eventual reforma constitucional transitoria.
Desde la oposición se ha planteado la posibilidad de recurrir a las facultades de invalidación administrativa previstas en la Ley 19.880. Su aplicación concreta, sin embargo, requiere examinar la legalidad de los decretos, los derechos involucrados y las limitaciones de ese procedimiento.
Tampoco se ha detallado públicamente un plan completo de notificación, acompañamiento y protección de las víctimas cuyos agresores fueron beneficiados.
La investigación de BBCL Investiga vuelve especialmente urgente esa última cuestión. Algunos de los expedientes examinados contenían advertencias de riesgo que deben ser consideradas por las autoridades responsables de prevenir nuevas agresiones.
La controversia ya no se limita, por tanto, a una disputa entre interpretaciones jurídicas.
El Gobierno reconoció que se cometió un error, pero mantiene a las autoridades que adoptaron las decisiones. La oposición exige responsabilidades políticas y examina mecanismos constitucionales. Los tribunales podrían verse llamados a resolver la validez de los decretos.
Entretanto, los condenados identificados por la investigación periodística se encuentran en libertad y las víctimas siguen esperando respuestas sobre las medidas concretas que adoptará el Estado para garantizar su protección.
La pregunta que el Ministerio de Justicia todavía debe responder es por qué se concedieron estas rebajas, qué antecedentes fueron considerados y quién asumirá las consecuencias de las decisiones adoptadas.
Redacción del Clarín
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