ONU y Cuba: una mayoría frente a la presión

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La Asamblea General volvió a reclamar el fin del embargo estadounidense contra Cuba. Los 130 votos favorables, frente a 17 en contra y 25 abstenciones, constituyen un resultado políticamente significativo: en un escenario de intensa presión de Estados Unidos y de creciente polarización geopolítica, la mayoría de los Estados miembros sostuvo su rechazo a una política que considera contraria a la soberanía y al derecho al desarrollo de la isla.

La votación no elimina las sanciones ni obliga a Washington a cambiar de rumbo. La resolución de la Asamblea General no es vinculante. Pero su importancia no se mide solo por sus efectos jurídicos inmediatos: también importa que, por 34.ª vez, el reclamo cubano haya obtenido el respaldo de una mayoría amplia en el principal órgano deliberativo de Naciones Unidas.

En vísperas de la votación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba presentó el debate como una expresión del rechazo internacional al bloqueo y denunció las presiones ejercidas para influir en la posición de los países. En ese marco, los 130 votos a favor son una señal de que esas presiones no consiguieron revertir la mayoría. El resultado es especialmente relevante porque se produjo en un contexto de confrontación diplomática y de competencia entre potencias por influir en las decisiones de otros Estados.

Una disputa que afecta también a terceros países

La posición cubana no se limita a denunciar las restricciones impuestas a la economía de la isla. MINREX sostiene que el alcance extraterritorial de las sanciones interfiere con las decisiones soberanas de otros países y con la libertad de sus empresas, bancos y entidades para relacionarse con Cuba. Esa preocupación está recogida en la resolución, que reafirma la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y la libertad de comercio y navegación, y objeta los efectos extraterritoriales de leyes como la Helms-Burton.

Ese es uno de los motivos por los que el debate trasciende la relación bilateral entre La Habana y Washington. Para numerosos Estados, la cuestión es quién tiene autoridad para definir con quién pueden comerciar los demás y bajo qué condiciones. La aplicación de sanciones fuera de las fronteras estadounidenses convierte una decisión de Washington en un factor que puede pesar sobre bancos, compañías y gobiernos de otros países, incluso cuando estos no han adoptado esas medidas por cuenta propia. La votación expresa el rechazo de una mayoría a esa lógica de coerción extraterritorial.

Estados Unidos responde que el comercio con Cuba no está completamente interrumpido y cita exportaciones estadounidenses a la isla y envíos de terceros países. Sin embargo, que existan intercambios no resuelve el punto central: las sanciones pueden seguir limitando transacciones, elevando sus costos o disuadiendo a actores económicos. La existencia de excepciones o de operaciones comerciales no elimina necesariamente los efectos del conjunto de las restricciones.

El costo humano de las sanciones

La discusión diplomática tiene consecuencias materiales. Antes de la votación, Naciones Unidas informó sobre advertencias de funcionarios acerca del impacto de la escasez de energía en los servicios básicos y la atención sanitaria. Entre los datos difundidos figura el aplazamiento de más de 100.000 procedimientos quirúrgicos. La OMS también advirtió que la falta de energía está afectando a la salud. Estas señales ayudan a entender por qué Cuba presenta el embargo no como una disputa abstracta, sino como una política con efectos sobre la vida cotidiana de la población.

Washington atribuye la crisis cubana a las decisiones del Gobierno de la isla. La resolución de la ONU no pretende resolver por sí sola esa controversia ni emitir un juicio general sobre la gestión interna de Cuba. Su objeto es más preciso: pedir que Estados Unidos ponga fin a sus medidas económicas contra la isla y expresar preocupación por sus consecuencias. La fuerza del voto reside precisamente en esa demanda concreta, sostenida por países con sistemas políticos, alianzas e intereses diferentes.

Una mayoría amplia bajo presión

El resultado de 2026 fue inferior al de 2025, cuando la resolución recibió 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Pero el dato debe leerse en el contexto señalado por La Habana: no como señal de que la comunidad internacional haya abandonado el reclamo, sino como prueba de que la disputa diplomática se desarrolla bajo una presión intensa. Aun en esas condiciones, 130 países votaron a favor de exigir el fin del embargo.

La cifra también refleja que el respaldo no pertenece a un solo bloque geopolítico. La resolución convoca a países con prioridades distintas, unidos en este punto por la defensa de la soberanía estatal y la oposición a que medidas unilaterales condicionen las relaciones económicas de terceros. Esa amplitud hace del resultado una victoria política para Cuba: no porque resuelva el conflicto, sino porque la presión no logró borrar de la votación el rechazo mayoritario al embargo.

La votación, sin embargo, no modifica por sí sola la política estadounidense. La Asamblea General puede fijar una posición política de amplio alcance, pero no anular las leyes de Estados Unidos ni obligar a su Gobierno a derogarlas. La distancia entre la mayoría expresada en Naciones Unidas y la capacidad de Washington para mantener las sanciones es precisamente lo que vuelve persistente este proceso: cada año se renueva el mandato político, mientras el cambio concreto sigue dependiendo de decisiones que la Asamblea no controla.

En ese contraste está el sentido del resultado. La 34.ª votación no puso fin al embargo, pero confirmó que Estados Unidos sigue enfrentando una oposición internacional amplia a su política. Para Cuba, obtener 130 votos favorables en medio de una fuerte presión diplomática es un respaldo significativo: una mayoría de Estados volvió a defender el fin de las sanciones y a cuestionar que una potencia imponga a terceros los límites de sus relaciones con la isla.

La votación tuvo lugar en un escenario internacional marcado por la creciente utilización de sanciones económicas como herramienta de presión política. En un sistema cada vez más atravesado por la rivalidad entre grandes potencias, los Estados del Sur Global observan con especial atención las medidas que pueden limitar sus vínculos financieros y comerciales con terceros países. La denuncia cubana del carácter extraterritorial del embargo encuentra eco en esa preocupación: no solo interpela a quienes se oponen a las sanciones contra Cuba, sino también a quienes ven en ellas un precedente para condicionar la autonomía de otros Estados.