
Colegio de Abogados blinda a Zaliasnik en casos de corrupción en el Poder Judicial
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos
El Colegio de Abogados de Chile declaró prescrita la grave denuncia de falta a la ética cometida por Gabriel Zaliasnik, la que fue presentada a la entidad gremial en junio del presente año, por el abogado Luis Mariano Rendón.
Según resolución firmada por la vicepresidenta de la orden profesional, Soledad Recabarren, los hechos denunciados ocurrieron el año 2022 y por ende corresponde la prescripción, lo que impidió/obstaculizó investigar a fondo la mencionada denuncia.
En conversación con clarin.cl, Rendón explicó que su denuncia contra Zaliasnik – actual embajador de Chile –en Israel -la hizo en el marco de las profusas informaciones investigadas por la fiscalía vinculadas al caso audio/Hermosilla, las que no han sido desmentidas.
«La falta de ética por parte de Zaliasnik radica en pedirle a Luis Hermosilla que interviniese ante ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener un fallo favorable en una causa de su interés, causa un cliente. Lucho si me pudieras ayudar para que confirme la PP (prisión preventiva) sería genial, le expresó aquella vez, el hoy diplomático representante de Chile en Israel «.
Tras conocer la determinación de la entidad gremial, Rendón añadió: «interpondré los recursos que corresponden ante una resolución antirreglamentaria y que consagra la impunidad de una falta gravísima. Lo que hizo Zaliasnik conspira contra todo el valor de la profesión de abogado y la reduce a un simple ejercicio mafioso».
«Es lamentable que el Colegio decida no investigar a fondo y se apresure a echar tierra sobre un hecho que constituye uno de los más graves episodios de toda esta trama de corrupción del poder judicial a manos de la mafia Hermosilla-Zaliasnik-Donoso».
En este contexto cabe remarcar -actualmente- la fiscalía regional de Valparaíso investiga a 18 jueces, ministros de cortes, entre otros funcionarios de relevancia, en una nueva arista del caso Hermosilla con el propósito de establecer si existieron pagos, intercambios de favores o gestiones indebidas para acceder a cargos en el Poder Judicial. Entre éstos figuran, María Cristina Gajardo, ministra de la Corte Suprema y los abogados Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso.
Galy Chávez
