Marcha nacional por el medio ambiente: organizaciones se movilizan contra Dominga y los retrocesos en la protección ambiental

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Cerca de un centenar de organizaciones ambientales, sociales, estudiantiles y territoriales convocaron para este sábado 31 de octubre a una jornada de movilización nacional en rechazo a las políticas ambientales del gobierno de José Antonio Kast. La protesta apunta especialmente al proyecto minero-portuario Dominga, el retiro de decretos de protección ambiental y los recortes presupuestarios previstos para 2027.

Organizaciones socioambientales de distintos puntos del país se movilizan este sábado 31 de octubre en respuesta al llamado de No + Zonas de Sacrificio Chile, en una jornada nacional que busca expresar el rechazo a lo que consideran una ofensiva gubernamental contra la protección de la naturaleza y los territorios.

La convocatoria reúne a 96 organizaciones, entre ellas agrupaciones de pescadores artesanales, comunidades indígenas, movimientos por el agua, organizaciones estudiantiles y colectivos dedicados a la defensa de ecosistemas amenazados por proyectos extractivos e industriales.

La movilización tiene lugar en un contexto de creciente preocupación por las decisiones adoptadas durante los primeros siete meses del gobierno de José Antonio Kast, particularmente en materias de regulación ambiental, protección de la biodiversidad y financiamiento de las instituciones encargadas de enfrentar la crisis climática.

Los decretos ambientales retirados

Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones apunta al retiro de 43 decretos ambientales del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, solicitado por el Ministerio del Medio Ambiente en marzo pasado.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Observatorio de Decretos Ambientales y recogidos en la convocatoria, al 23 de octubre todavía permanecían retirados 32 de estos instrumentos.

Las organizaciones advierten que esta situación mantiene pendientes medidas destinadas a proteger ecosistemas, especies y áreas de alto valor ambiental, además de instrumentos relacionados con el cambio climático y la contaminación.

A su juicio, estas decisiones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una orientación gubernamental que privilegia la inversión y la actividad económica por sobre las exigencias de protección ambiental.

Dominga vuelve al centro del conflicto

Otro de los ejes de la movilización es el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, previsto para el entorno del Archipiélago de Humboldt, en la Región de Coquimbo, una zona de extraordinaria biodiversidad marina.

Las organizaciones territoriales denuncian intentos de revertir el rechazo ambiental al proyecto mediante solicitudes de invalidación ante el Comité de Ministros.

En su declaración recuerdan que Dominga ha concluido su evaluación ambiental con decisiones de rechazo en tres oportunidades y que la empresa ha recurrido a los mecanismos judiciales disponibles para intentar revertirlas.

Las agrupaciones sostienen que corresponde respetar el curso de los procedimientos judiciales pendientes y rechazan cualquier intervención administrativa que pueda conducir a la aprobación del proyecto sin resolver previamente las controversias existentes.

La defensa del Archipiélago de Humboldt constituye desde hace años uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del país, al enfrentar los intereses de la actividad minera y portuaria con la conservación de ecosistemas marinos y las actividades tradicionales de las comunidades costeras.

Recortes presupuestarios y Acuerdo de Escazú

La convocatoria también expresa preocupación por el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, actualmente en discusión legislativa.

Las organizaciones cuestionan las reducciones propuestas para los programas de cambio climático y fiscalización ambiental, así como la eliminación de la glosa específica destinada al Acuerdo de Escazú, tratado internacional que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

Advierten que estas modificaciones podrían debilitar la capacidad del Estado para prevenir daños ambientales, fiscalizar actividades contaminantes y garantizar la participación efectiva de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios.

En un escenario marcado por fenómenos climáticos extremos, inundaciones, sequías e incendios forestales, las agrupaciones consideran especialmente preocupante cualquier disminución de los recursos destinados a prevención, adaptación y protección ambiental.

Una articulación nacional de las luchas territoriales

La amplitud de la convocatoria refleja la diversidad de conflictos ambientales que atraviesan Chile.

Entre las organizaciones participantes figuran la Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, MODATIMA, el Movimiento por el Agua y los Territorios, la Asamblea Nacional Diaguita, la Red de Humedales, la Fundación Glaciares Chilenos, Defendamos Patagonia y diversas agrupaciones de pescadores artesanales.

También se suman organizaciones estudiantiles como la CONFECH, la FECH y la FEUSACH, junto con colectivos ambientales de Arica, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y la Patagonia.

Más allá de los conflictos particulares, la convocatoria plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental, garantizar transparencia en las decisiones públicas y avanzar hacia un modelo de desarrollo que no dependa del sacrificio de determinados territorios y comunidades.

Las organizaciones sostienen que la protección de la naturaleza constituye una condición indispensable para garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación, la salud y la seguridad de las personas.

La movilización busca, de esta manera, reunir demandas territoriales que habitualmente se expresan de forma dispersa y transformarlas en una exigencia nacional de protección ambiental.

En Santiago, la convocatoria contempla un punto de prensa a las 11:00 horas en las inmediaciones de la estación de Metro Universidad Católica. La jornada se desarrolla simultáneamente en distintos territorios del país.

Para las organizaciones convocantes, el mensaje central es que la crisis ambiental no puede abordarse separadamente de las condiciones de vida de las comunidades ni de las decisiones económicas y políticas que determinan el futuro de los territorios.

La declaración concluye con una afirmación que resume el sentido de la jornada: **defender la naturaleza es defender la vida y el futuro de los pueblos