Kast remueve a Luis Silva tras polémico video, pero mantiene a Rabat en medio de la crisis de Justicia
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La salida del subsecretario se produjo horas después de que explicara públicamente que había firmado decretos de rebaja de condenas siguiendo el criterio jurídico establecido por el ministro Fernando Rabat. La Moneda mantiene su respaldo al titular de Justicia, mientras la Fiscalía abrió una investigación penal contra ambas autoridades y la oposición prepara una acusación constitucional. La decisión presidencial deja preguntas todavía sin respuesta sobre las razones de la destitución y las responsabilidades en el origen de la controversia.
La crisis que afecta al Ministerio de Justicia sumó este viernes 30 de octubre un nuevo episodio con la remoción del subsecretario Luis Silva, anunciada por el gobierno de José Antonio Kast después de varios días de cuestionamientos por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La decisión se produjo pocas horas después de que Silva difundiera un video en sus redes sociales en el que explicó su participación en la firma de algunos de los decretos cuestionados. En la grabación, el ahora exsubsecretario señaló que había actuado como ministro subrogante y que, en esa condición, aplicó el criterio jurídico establecido por el titular de Justicia, Fernando Rabat.
El gobierno resolvió apartar a Silva, pero mantuvo en su cargo a Rabat, quien ha recibido el respaldo público del presidente Kast.
La salida del subsecretario se conoció en una jornada particularmente compleja para la cartera. Horas antes, el Ministerio Público había abierto una investigación penal a partir de una denuncia contra ambas autoridades por presunta prevaricación administrativa. Paralelamente, la oposición avanzaba en la preparación de una acusación constitucional contra el ministro.
La Moneda designó como nueva subsecretaria de Justicia a la abogada Josefina Soto Larreátegui.
El video que precedió a la destitución
La noche del jueves, Silva publicó una declaración audiovisual de poco más de cuatro minutos en su cuenta de Instagram.
En ella se refirió a la controversia por las rebajas de condenas, reconoció el sufrimiento de las víctimas y explicó el procedimiento administrativo que había seguido el Ministerio de Justicia.
Según su relato, la cartera inicialmente había mantenido un criterio contrario a conceder determinadas rebajas. Sin embargo, ese procedimiento fue modificado por Rabat después de que los tribunales dictaran resoluciones adversas a los rechazos administrativos.
Silva sostuvo que, cuando ejerció como ministro subrogante, le correspondió firmar decretos conforme al criterio fijado por el titular del ministerio.
La declaración provocó distintas interpretaciones. Algunos sectores la entendieron como un intento de trasladar la responsabilidad hacia Rabat. El propio Silva rechazó esa lectura y sostuvo que únicamente buscaba explicar el procedimiento aplicado por la cartera.
Durante la mañana del viernes, después de una reunión de coordinación legislativa, reconoció que no había consultado previamente al ministro sobre la publicación del video.
Explicó que no lo había considerado necesario porque, según afirmó, sus palabras no contradecían las explicaciones que Rabat había entregado ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
También aseguró que ambos continuaban trabajando coordinadamente.
Sin embargo, durante la tarde el gobierno comunicó su salida.
Diversos medios informaron que la grabación había provocado malestar en La Moneda. Según esas versiones, la publicación fue considerada inconveniente en un momento en que el Ejecutivo intentaba enfrentar los cuestionamientos al ministro y mantener una respuesta coordinada.
Esas informaciones permiten reconstruir el contexto de la destitución, pero no establecen por sí solas cuáles fueron las razones determinantes de la decisión presidencial.
¿Por qué Silva y no Rabat?
La remoción del subsecretario abre dos interrogantes que todavía no tienen una respuesta pública concluyente.
La primera se refiere a la propia decisión de Silva. ¿Por qué resolvió grabar y difundir un video en el que explicaba su participación en los decretos y señalaba que había seguido el criterio establecido por Rabat? ¿Qué lo llevó a realizar esa aclaración precisamente cuando ambos enfrentaban cuestionamientos?
El exsubsecretario sostuvo que su propósito era explicar el funcionamiento administrativo del ministerio y aclarar su intervención en las resoluciones. Más allá de esa versión, no existen antecedentes suficientes para atribuirle otras motivaciones.
La segunda interrogante apunta a la decisión del gobierno. ¿Por qué el presidente Kast resolvió remover a Silva y mantener a Rabat, cuando el ministro había establecido el criterio jurídico que el subsecretario afirmó haber aplicado?
La Moneda ha mantenido su confianza en Rabat. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se conocía una explicación oficial detallada que permitiera establecer si la salida de Silva respondió exclusivamente a la publicación del video, a problemas de coordinación interna o a otras consideraciones.
La secuencia de los acontecimientos es conocida. Sus causas y las motivaciones de sus protagonistas no están completamente esclarecidas.
Tampoco corresponde confundir la decisión de remover a una autoridad con una determinación sobre eventuales responsabilidades jurídicas. La salida de Silva no resuelve las controversias sobre los decretos ni modifica el alcance de la investigación penal que involucra a ambos funcionarios.
El origen de la controversia: las rebajas de condenas
La crisis comenzó a profundizarse después de conocerse que el Ministerio de Justicia había dictado decretos de rebaja de condenas que beneficiaron a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Los antecedentes difundidos inicialmente por BioBioInvestiga identificaron 33 decretos, mientras posteriores revisiones y declaraciones parlamentarias elevaron a 56 el número de resoluciones cuestionadas.
La controversia se concentra en la interpretación y aplicación de la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de penas.
Los parlamentarios que han cuestionado la actuación ministerial sostienen que las restricciones legales aplicables a determinados delitos impedían conceder esos beneficios en los casos examinados.
Rabat, en cambio, ha defendido la legalidad de las resoluciones y ha explicado que el ministerio modificó su criterio después de que numerosos rechazos administrativos fueran revertidos por los tribunales.
Según su argumentación, mantener un procedimiento que sistemáticamente enfrentaba decisiones judiciales adversas no resultaba jurídicamente adecuado.
La discusión comprende, por tanto, la interpretación de las restricciones legales, el alcance de las decisiones judiciales anteriores y las atribuciones del Ministerio de Justicia al resolver las solicitudes.
Diversas publicaciones periodísticas han señalado que asesores de la cartera advirtieron durante abril y mayo sobre las consecuencias que podía tener la modificación del procedimiento administrativo.
Hasta entonces, el ministerio había optado por rechazar determinadas solicitudes y esperar que los tribunales resolvieran los recursos presentados por los condenados.
La existencia de esas advertencias no demuestra que la decisión posterior haya sido ilegal. Pero constituye un antecedente relevante para comprender cómo se adoptó el cambio de criterio y qué alternativas fueron consideradas.
La Fiscalía abre una investigación penal
Este viernes, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación por presunta prevaricación administrativa, a raíz de una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Partido Socialista.
La causa quedó a cargo del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada.
La denuncia apunta a establecer si la actuación de las autoridades en la firma de los decretos pudo constituir una infracción penal.
La investigación deberá examinar los antecedentes administrativos, las disposiciones legales aplicables y la participación de cada autoridad en las decisiones cuestionadas.
Su apertura no implica que Rabat o Silva hayan cometido un delito. Tampoco significa que hayan sido formalizados.
La determinación de eventuales responsabilidades corresponde al Ministerio Público y, en su caso, a los tribunales de justicia.
La salida de Silva del gobierno no altera esa situación. La investigación puede continuar respecto de ambos, independientemente de que uno de ellos ya no ejerza funciones en el ministerio.
Redacción de El Clarín
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