La crisis de Rabat se traslada al Congreso: La Moneda negocia voto a voto mientras la oposición desconoce al ministro
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El gobierno de José Antonio Kast intenta contener las diferencias dentro de su propia coalición ante la acusación constitucional contra Fernando Rabat. Mientras los partidos opositores exigen su salida y anuncian que dejarán de reconocerlo como interlocutor político, el Partido de la Gente se prepara para definir una posición que podría resultar decisiva. La controversia por las rebajas de condenas comienza a afectar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.
La crisis política provocada por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y a exagentes de la dictadura condenados por violaciones de derechos humanos ingresó este lunes en una nueva etapa. La discusión ya no se limita a la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sino que amenaza con comprometer la relación entre el gobierno y el Congreso.
Mientras el presidente José Antonio Kast mantiene su respaldo al secretario de Estado, parlamentarios oficialistas continúan cuestionando su permanencia. La oposición, por su parte, ha decidido avanzar en una acusación constitucional y elevar la presión política sobre La Moneda.
El escenario obligó al gobierno a iniciar gestiones directas con sus propios legisladores para impedir que la acusación reúna los votos necesarios en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La Moneda busca asegurar los votos oficialistas
El vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció este lunes que existen parlamentarios de la coalición que todavía no están convencidos de la defensa del ministro Rabat.
Después del comité político ampliado, Arenas anunció conversaciones con las bancadas oficialistas y señaló que, si fuera necesario, el Ejecutivo dialogará individualmente con los diputados para explicar los argumentos jurídicos que sustentan su posición.
El gobierno sostiene que los antecedentes conocidos no configuran las causales constitucionales necesarias para destituir al ministro.
Sin embargo, la necesidad de buscar respaldos dentro del propio oficialismo revela las dificultades políticas que enfrenta el Ejecutivo para cerrar la controversia.
Arenas recordó que, según sus antecedentes, desde 1990 ningún parlamentario oficialista ha respaldado una acusación constitucional contra un ministro de su propio gobierno.
El argumento fue presentado como una advertencia sobre las consecuencias políticas de una eventual ruptura de la disciplina parlamentaria.
El vocero aseguró que el Ejecutivo no está exigiendo lealtad personal al Presidente, sino respeto a los requisitos establecidos por la Constitución.
Pero el problema para La Moneda es que varios legisladores oficialistas han expresado públicamente su desacuerdo con la continuidad de Rabat.
Entre ellos figuran parlamentarios de Chile Vamos, incluidos representantes de la UDI y Renovación Nacional, que consideran insuficientes las explicaciones entregadas por el Ministerio de Justicia.
La directiva de Renovación Nacional resolvió mantener su respaldo al gobierno, aunque dentro del partido persiste la preocupación por el desgaste que está provocando el conflicto.
La oposición desconoce a Rabat como interlocutor
La presión aumentó este lunes cuando representantes de los partidos opositores entregaron una carta en La Moneda solicitando la salida del ministro de Justicia.
Las colectividades sostienen que Rabat perdió las condiciones políticas necesarias para conducir la cartera y que su continuidad dificulta la tramitación de iniciativas legislativas relacionadas con la justicia y la protección de las víctimas.
La declaración introduce un elemento particularmente complejo para el Ejecutivo: un ministro puede conservar la confianza presidencial, pero necesita mantener relaciones institucionales con el Congreso para impulsar proyectos de ley y desarrollar su agenda.
El rechazo político de la oposición no impide jurídicamente que Rabat ejerza sus funciones. Sin embargo, podría dificultar las negociaciones parlamentarias y prolongar una controversia que ya lleva varias semanas.
Los partidos opositores también preparan una acusación constitucional basada en los cuestionamientos a la aplicación de la Ley 19.856, que regula las reducciones de condenas por comportamiento sobresaliente.
La controversia surgió después de conocerse beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y, posteriormente, antecedentes sobre rebajas que favorecieron a exagentes de la dictadura condenados por graves violaciones de derechos humanos.
El gobierno ha defendido la legalidad de las decisiones administrativas, argumentando que se adoptaron conforme a una interpretación jurídica respaldada por pronunciamientos judiciales.
La oposición cuestiona esa interpretación y exige establecer las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.
El Partido de la Gente puede inclinar la votación
Una de las principales incógnitas se concentra en el Partido de la Gente (PDG), cuyos 14 diputados podrían resultar determinantes para el futuro de la acusación constitucional.
Franco Parisi, secretario general de la colectividad, anunció que la bancada se reuniría durante la noche de este lunes para intentar acordar una posición común.
El dirigente manifestó su preferencia por una votación en bloque, aunque reconoció que no tiene atribuciones para imponer una decisión a los parlamentarios.
Parisi también cuestionó la determinación de Kast de mantener a Rabat en el gabinete.
A su juicio, el conflicto no puede reducirse a una discusión sobre la legalidad de los decretos. Existe, sostuvo, una responsabilidad política relacionada con el compromiso del Estado de proteger a las víctimas y asegurar el cumplimiento de las condenas.
El dirigente afirmó que, si hubiera estado en el lugar del Presidente, habría solicitado la renuncia del ministro.
Sus declaraciones también apuntaron a la conducción política de Kast. Parisi consideró que la prolongación de la controversia refleja una sucesión de errores del Ejecutivo y cuestionó que el mandatario emprendiera una gira europea mientras la crisis continúa abierta.
De acuerdo con los cálculos parlamentarios difundidos por La Tercera, la oposición contaría inicialmente con alrededor de 64 votos. En una sesión con asistencia completa de los 155 diputados, necesitaría alcanzar 78 respaldos para aprobar la acusación.
En ese escenario, los 14 parlamentarios del PDG podrían modificar sustancialmente las posibilidades de la iniciativa.
Sin embargo, hasta las informaciones disponibles esta noche, la bancada no había comunicado una resolución definitiva sobre el sentido de su voto.
La salida de Silva no logró cerrar la controversia
El gobierno intentó contener el conflicto con la remoción del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien había firmado parte de los decretos cuestionados durante períodos en que ejerció como ministro subrogante.
Pero la salida de Silva no logró disminuir la presión sobre Rabat.
El propio Ejecutivo explicó posteriormente que la desvinculación del subsecretario respondió a la publicación de un video en el que abordó su participación en los decretos, sin coordinación previa con las autoridades gubernamentales.
La explicación abrió nuevas preguntas sobre la distribución de responsabilidades dentro del Ministerio de Justicia.
Para los sectores opositores, la permanencia de Rabat implica que el gobierno ha evitado asumir las consecuencias políticas de decisiones adoptadas bajo su conducción.
La Moneda, en cambio, insiste en que no corresponde remover a un ministro cuando considera que su actuación se ajustó a la legislación vigente.
Una controversia que compromete la conducción del gobierno
El desenlace de la acusación constitucional todavía es incierto. Su aprobación en la Cámara requeriría reunir una mayoría que la oposición no tiene asegurada, mientras que una eventual declaración de culpabilidad corresponde posteriormente al Senado.
Pero el efecto político del caso ya se extiende más allá del resultado parlamentario.
El gobierno enfrenta simultáneamente el cuestionamiento de la oposición, las diferencias dentro de su coalición y la necesidad de negociar con una bancada independiente cuyos votos podrían definir el curso de la acusación.
La situación también plantea una dificultad para el propio Presidente. Su decisión de mantener a Rabat ha convertido la continuidad del ministro en una prueba de autoridad política, cuando originalmente la controversia estaba centrada en la legalidad y las consecuencias de las rebajas de condenas.
Si La Moneda consigue reunir los votos necesarios para rechazar la acusación, habrá logrado preservar al ministro, aunque no necesariamente recuperar su capacidad de interlocución con el Congreso.
Si, por el contrario, parte del oficialismo se suma a la oposición, la crisis podría adquirir una dimensión mayor y afectar directamente la autoridad presidencial.
La definición del Partido de la Gente y las gestiones del gobierno con los parlamentarios de Chile Vamos serán decisivas durante los próximos días.
Por ahora, el hecho político más relevante es que la defensa de Fernando Rabat dejó de ser una decisión exclusiva del Presidente. Su continuidad comienza a depender también de una negociación parlamentaria que el gobierno todavía no tiene resuelta.
