Presupuesto 2027: los recortes sociales de Kast y Quiroz abren diferencias incluso dentro del oficialismo
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El Gobierno avanza en la aprobación del Presupuesto 2027, pero los ajustes en educación, vivienda, cultura, medioambiente y derechos humanos provocan cuestionamientos transversales en el Congreso. Parlamentarios de la propia derecha objetan reducciones en programas sociales, mientras Hacienda defiende su estrategia de disciplina fiscal. La discusión comienza a revelar las prioridades del primer presupuesto de la administración Kast.
El primer presupuesto elaborado por el gobierno de José Antonio Kast avanza en el Congreso en medio de una controversia que comienza a superar las diferencias tradicionales entre oficialismo y oposición. Los recortes propuestos por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han encontrado resistencia incluso entre parlamentarios de los partidos que respaldan al Ejecutivo, particularmente cuando afectan programas educativos, subsidios habitacionales y recursos destinados a las regiones.
Durante la jornada del martes 3 de noviembre, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó ocho partidas ministeriales, entre ellas Seguridad Pública, Agricultura, Energía y Justicia. La mayoría oficialista permitió al Gobierno continuar la tramitación, aunque el debate estuvo marcado por cuestionamientos a la reducción de programas de apoyo agrícola y por la controversia que afecta al ministro Fernando Rabat.
La discusión se produce después de que el proyecto acumulara 3.845 indicaciones parlamentarias, más del doble que en la tramitación del año anterior. Salud, Educación y los gobiernos regionales concentran algunas de las principales discrepancias.
Un presupuesto que crece, pero reduce programas
El proyecto contempla un gasto público neto de aproximadamente $105,8 billones, equivalente a un incremento de 1,5% respecto de la ejecución proyectada para 2026. Hacienda sostiene que el objetivo es recuperar el equilibrio de las cuentas fiscales, mejorar la eficiencia del gasto y concentrar los recursos en programas considerados prioritarios.
Sin embargo, el crecimiento global del presupuesto convive con disminuciones significativas en determinadas áreas. Una revisión publicada por Interferencia identificó reducciones en programas de educación, cultura, ciencia, medioambiente, vivienda y apoyo regional, mientras Salud, Defensa y Seguridad figuran entre los sectores con mayores recursos.
El Gobierno argumenta que numerosos programas fueron sometidos a revisión y que algunas disminuciones responden a problemas de ejecución, duplicidades o evaluaciones insatisfactorias. Los críticos, en cambio, advierten que los ajustes podrían debilitar servicios y prestaciones que atienden necesidades sociales todavía no resueltas.
La controversia adquiere una dimensión política adicional porque algunos de los reparos más explícitos provienen de parlamentarios de Chile Vamos.
El senador UDI Gustavo Sanhueza cuestionó la reducción del financiamiento para los Liceos Bicentenario, que pasaría de $6.500 millones a $3.574 millones, una caída real cercana al 47%. También defendió la continuidad del programa Elijo Mi PC, destinado a facilitar el acceso de estudiantes a computadores.
Sanhueza sostuvo que el ordenamiento fiscal no debe realizarse a costa de la educación. Su intervención puso de manifiesto una diferencia sobre las prioridades presupuestarias, aunque no significó un rechazo general a la política económica del Gobierno.
Educación y vivienda: las primeras diferencias en la derecha
Los ajustes educativos abarcan más programas que los Liceos Bicentenario.
Según el análisis del proyecto, el Fondo para la Reactivación Educativa disminuiría un 55,2%, mientras la infraestructura de educación pública tendría una reducción cercana al 20%. También se contemplan menores recursos para distintas becas, bibliotecas y programas de formación docente.
En vivienda, el presupuesto global del ministerio aumenta, pero algunas líneas específicas experimentan reducciones. El programa de Habitabilidad Rural caería cerca de un 41%, mientras que los recursos del Serviu de Ñuble disminuirían más de un 17% en términos reales.
La senadora RN María José Gatica cuestionó, además, una disposición que elimina anticipos asociados a subsidios para la construcción de viviendas sociales. Según los reparos planteados desde su bancada, la medida podría dificultar la ejecución de proyectos habitacionales.
Estas objeciones expresan una tensión concreta: el Ejecutivo busca contener el gasto, mientras parlamentarios oficialistas defienden programas que consideran necesarios para sus regiones y sectores sociales.
El debate adquiere especial relevancia en un país que continúa enfrentando dificultades de acceso a la vivienda y brechas educativas acumuladas durante los últimos años.
Derechos humanos: la búsqueda de desaparecidos y los sitios de memoria
Uno de los capítulos más controvertidos corresponde al financiamiento de las políticas de derechos humanos.
Organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y agrupaciones vinculadas a sitios de memoria han denunciado una reducción de los recursos destinados al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Según sus cálculos, el financiamiento específico para diligencias y peritajes disminuiría aproximadamente $391 millones respecto de 2026, equivalente a una caída real de 27,71%.
La Subsecretaría de Derechos Humanos reconoce una disminución, pero sostiene que el ajuste es menor cuando se consideran los gastos de personal. De acuerdo con su explicación, el presupuesto del programa pasaría de $1.242 millones a $1.187 millones, una reducción nominal de 4,47%, y las diligencias continuarían desarrollándose.
La diferencia entre ambos cálculos responde a los componentes considerados. Las organizaciones ponen el énfasis en los recursos directamente disponibles para investigaciones y pericias; el Ejecutivo incorpora también los gastos de personal.
La situación de los sitios de memoria presenta dificultades similares. Las organizaciones estiman que los recursos conjuntos de determinados programas y aportes disminuirían de aproximadamente $2.888 millones a $1.879 millones, una caída real de 36,74%.
El 22 de octubre, una subcomisión presupuestaria rechazó disposiciones vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda y redujo a $1.000 una transferencia específica destinada a sitios de memoria. Se trata de decisiones adoptadas durante la tramitación, no de la eliminación definitiva de esos recursos.
La discusión deberá continuar en el Congreso. Para las agrupaciones de familiares, lo que está en juego no es únicamente el funcionamiento de determinadas instituciones, sino la continuidad de obligaciones permanentes del Estado en materia de verdad, justicia y reparación.
Medioambiente, cultura y regiones también enfrentan ajustes
Las reducciones alcanzan áreas que han tenido menor presencia en el debate parlamentario.
En medioambiente, la línea destinada a Cambio Climático y Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional disminuiría aproximadamente un 59%, mientras que los recursos para Adaptación y Mitigación registrarían una caída cercana al 19%.
El proyecto tampoco mantiene como asignación explícita los recursos que en 2026 estaban destinados a la implementación del Acuerdo de Escazú. Esto no permite concluir, por sí solo, que todas esas actividades desaparecerán, pero obliga a establecer si fueron trasladadas a otras partidas o quedarán sin financiamiento específico.
En cultura, el ministerio experimentaría una reducción cercana al 10% respecto de la base comparable de 2026. Entre los programas afectados figuran el Fondo del Libro, el mejoramiento de bibliotecas públicas y determinadas iniciativas de inversión cultural.
Los gobiernos regionales también han cuestionado la propuesta de Hacienda. Sus representantes advierten una reducción cercana a $250 mil millones en los recursos regionales y han solicitado mantener los niveles de financiamiento del presente año.
La controversia territorial es especialmente relevante porque los gobiernos regionales financian proyectos de infraestructura, equipamiento y desarrollo local que no siempre encuentran recursos en los presupuestos sectoriales.
Salud aumenta sus recursos, pero persisten las dudas
El Ministerio de Salud constituye una excepción parcial dentro del panorama de ajustes.
Su presupuesto contempla un incremento de 4,7%, equivalente a más de $829 mil millones adicionales, con el propósito declarado de fortalecer la atención y reducir las listas de espera.
Sin embargo, representantes gremiales han advertido que el aumento podría resultar insuficiente frente a las deudas hospitalarias y las necesidades acumuladas del sistema público.
La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, ha planteado la necesidad de resolver el endeudamiento de los hospitales antes de comenzar el próximo ejercicio presupuestario.
La discusión demuestra que el incremento de una partida ministerial no resuelve necesariamente los problemas de financiamiento de todos sus programas.
Las prioridades detrás de las cifras
La tramitación del Presupuesto 2027 está revelando una diferencia importante entre el objetivo general de disciplina fiscal y sus consecuencias sobre programas específicos.
El Gobierno sostiene que la revisión del gasto permitirá utilizar mejor los recursos públicos. Sus críticos cuestionan tanto la magnitud de determinadas reducciones como los criterios utilizados para seleccionar los programas afectados.
La novedad política es que esa discusión atraviesa las fronteras entre oficialismo y oposición. Parlamentarios de la UDI y RN han respaldado el ordenamiento fiscal, pero al mismo tiempo han solicitado revisar ajustes que consideran perjudiciales para educación, vivienda y desarrollo regional.
Hasta ahora, esas diferencias no han impedido que el Ejecutivo avance en la aprobación de las partidas. Tampoco está definido cuáles de los recortes serán modificados durante las siguientes etapas legislativas.
El debate continuará durante noviembre, cuando el Congreso deberá resolver las indicaciones pendientes y aprobar el presupuesto definitivo.
Más allá de la disputa parlamentaria, la discusión plantea una cuestión central: cómo se distribuye el esfuerzo de ajuste fiscal y qué consecuencias tendrá sobre los servicios públicos y sus beneficiarios.
El Presupuesto 2027 comienza así a mostrar las prioridades concretas del gobierno de Kast. Mientras algunas áreas reciben mayores recursos, otras enfrentan reducciones cuya magnitud y justificación están siendo discutidas incluso por sectores que respaldan al Ejecutivo. La decisión final determinará qué programas podrán mantener sus actividades y cuáles deberán funcionar con menos financiamiento durante el próximo año.
