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El IPC de octubre aumentó 0,5%, impulsado por transporte y alimentos, mientras la desocupación se mantiene cerca del 10% y el empleo continúa retrocediendo. La combinación de precios elevados y debilidad laboral plantea interrogantes sobre la recuperación económica. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aparece además como el integrante peor evaluado del gabinete en recientes encuestas.

La economía chilena enfrenta un escenario complejo al comenzar noviembre. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,5% durante octubre, acumulando una variación de 4,5% en los primeros diez meses del año y registrando también una inflación de 4,5% a doce meses.

La cifra confirma que el aumento del costo de la vida continúa siendo un problema para los hogares, en un contexto de desempleo elevado, reducción de puestos de trabajo y dificultades para recuperar el dinamismo económico.

El resultado de octubre estuvo impulsado principalmente por dos componentes especialmente sensibles para los presupuestos familiares: transporte, cuyos precios aumentaron 2%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 1%.

Ambas divisiones explicaron una parte importante del aumento mensual del índice, según el informe oficial del INE.

Los precios siguen presionando los ingresos familiares

El alza de los alimentos y del transporte tiene consecuencias directas sobre los gastos cotidianos, particularmente en los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos a necesidades básicas.

Aunque algunos productos pueden experimentar disminuciones, el aumento del índice general significa que el nivel promedio de precios continúa elevándose.

Una inflación de 4,5% a doce meses supera la meta de 3% del Banco Central, que constituye la referencia para la estabilidad de precios en el mediano plazo.

Sin embargo, es necesario distinguir entre el aumento de precios y la pérdida efectiva de poder adquisitivo: esta última también depende de la evolución de los salarios nominales, las remuneraciones reales y las condiciones laborales.

El dato conocido hoy vuelve a poner bajo atención la capacidad de la economía para reducir la inflación sin profundizar el debilitamiento del empleo.

El desempleo revela una dificultad más profunda

La inflación no es el único indicador preocupante.

El 29 de octubre, el INE informó que la tasa de desempleo llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre de 2026, con un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

El deterioro no se explica únicamente por un mayor número de personas buscando trabajo. El organismo constató también una reducción de 1,1% en la cantidad de ocupados.

El número de personas desocupadas aumentó 15,3% en doce meses, mientras el empleo asalariado formal retrocedió 2,5%.

La situación resulta especialmente difícil para las mujeres, cuya tasa de desempleo alcanzó 10,5%.

También se registraron caídas significativas del empleo en la industria manufacturera, información y comunicaciones, y actividades financieras y de seguros.

Estos datos indican que el problema laboral no se limita a una recuperación insuficiente de nuevos puestos de trabajo. También existe una contracción de empleos que anteriormente formaban parte de la economía.

A ello se añade una tasa de informalidad de 26,4%, lo que significa que más de una cuarta parte de las personas ocupadas trabaja en condiciones clasificadas como informales por el INE.

La combinación de desempleo elevado, reducción del empleo formal y persistencia de la informalidad plantea dificultades para mejorar los ingresos y la seguridad económica de las familias.

Quiroz y las dificultades de la política económica

El escenario representa un desafío para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, uno de los principales responsables de la estrategia económica del gobierno de José Antonio Kast.

Desde su llegada al ministerio, Quiroz ha defendido una orientación centrada en el control del gasto fiscal, la recuperación de la inversión privada y la creación de condiciones favorables para el crecimiento económico.

La discusión del Presupuesto 2027 refleja esa orientación, con ajustes y reasignaciones que han generado controversias en educación, programas sociales y otras áreas de la administración pública.

La pregunta es si esa estrategia está logrando compatibilizar la disciplina fiscal con la necesidad de recuperar el empleo y contener las presiones sobre el costo de la vida.

No existe una relación automática entre una reducción del gasto público y el deterioro de la actividad económica. Sus efectos dependen de la magnitud de los ajustes, los programas afectados, la respuesta de la inversión privada y el comportamiento de otros componentes de la demanda.

Del mismo modo, la inflación puede responder a factores externos, variaciones del tipo de cambio, precios internacionales y condiciones internas de oferta y demanda.

Por ello, los indicadores conocidos hasta ahora no permiten atribuir todo el deterioro económico a las decisiones del actual ministro.

Pero sí constituyen antecedentes relevantes para evaluar los resultados de la política económica y contrastarlos con los objetivos anunciados por el Ejecutivo.

El ministro peor evaluado del gabinete

Las dificultades económicas coinciden con una evaluación ciudadana desfavorable del titular de Hacienda.

La encuesta Agenda Criteria del 25 de octubre registró que Jorge Quiroz obtenía apenas un 28% de opiniones positivas entre los ministros con un nivel de conocimiento igual o superior al 30%.

La cifra representó una disminución de seis puntos respecto de septiembre y lo situó como el peor evaluado dentro de ese grupo.

Posteriormente, Pulso Ciudadano, difundida el 1 de noviembre, mostró que Quiroz concentraba un 40,3% de las menciones negativas sobre los integrantes del gabinete, por encima del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien alcanzó un 32,6%.

Ambas mediciones utilizan metodologías y preguntas diferentes, por lo que sus porcentajes no son directamente comparables. Sin embargo, coinciden en mostrar una percepción desfavorable del ministro de Hacienda.

Las encuestas no permiten determinar por sí solas cuáles son las causas de esa evaluación. Pueden influir tanto la situación económica como las decisiones presupuestarias, las expectativas ciudadanas y la imagen pública del ministro.

El desafío de recuperar el crecimiento y el empleo

La coexistencia de una inflación superior a la meta y un desempleo cercano al 10% plantea un problema especialmente difícil para la política económica.

La inflación exige mantener condiciones que favorezcan la estabilidad de precios, mientras el deterioro del empleo aumenta la necesidad de impulsar la actividad productiva y la contratación de trabajadores.

Ambos objetivos pueden entrar en tensión cuando las herramientas disponibles tienen efectos distintos sobre la demanda, la inversión y el consumo.

En este contexto, la política fiscal del Gobierno y las decisiones monetarias del Banco Central deben examinarse por separado. El Ministerio de Hacienda no determina directamente la tasa de interés, pero sus decisiones presupuestarias influyen en las condiciones generales de la economía.

La evolución de los próximos meses permitirá establecer si la estrategia gubernamental logra mejorar la inversión y el empleo, y si las presiones inflacionarias comienzan a moderarse.

Por ahora, los indicadores describen una economía que enfrenta dificultades simultáneas en dos dimensiones esenciales para la población: el costo de la vida y la disponibilidad de trabajo.

La discusión no debería reducirse a establecer responsabilidades políticas inmediatas, pero tampoco puede prescindir de ellas.

El Gobierno ha planteado que sus políticas permitirán recuperar el crecimiento. Los datos de inflación y empleo conocidos durante las últimas semanas muestran que ese resultado todavía debe materializarse.

Y mientras la recuperación no se traduzca en más puestos de trabajo, mejores ingresos y una reducción sostenida de la inflación, las dificultades económicas seguirán ocupando un lugar central en las preocupaciones de los hogares chilenos.

Redacción El Clarín