Entre recortes y alianzas: las claves políticas del Presupuesto de Kast

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La Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2027 por 81 votos contra 63, en una jornada que dejó al descubierto tanto las prioridades del Gobierno como la composición de sus apoyos parlamentarios. Educación y Ciencia llegan con partidas rechazadas desde la Comisión Mixta; la atención primaria de salud y diversos programas sociales mantienen recursos en disputa; y parlamentarios republicanos impulsaron rebajas a mil pesos para seis instituciones de memoria y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La votación también ofrece una radiografía política: nueve diputados del Partido de la Gente respaldaron al Ejecutivo, mientras los siete democratacristianos votaron en contra.

La primera Ley de Presupuestos elaborada por el Gobierno de José Antonio Kast superó este lunes 9 de noviembre su votación general en la Cámara de Diputados. El resultado —81 votos favorables, 63 contrarios y una abstención— permitió al Ejecutivo avanzar en el primer trámite constitucional, pero dejó pendientes controversias importantes sobre el financiamiento de servicios públicos, programas sociales e instituciones vinculadas a los derechos humanos.

La aprobación general no significa que las partidas hayan quedado definitivamente establecidas. La Cámara debe continuar con la discusión particular y el proyecto deberá pasar posteriormente al Senado. Hasta entonces, los montos rechazados, las asignaciones reducidas y las eventuales reposiciones seguirán sujetos a negociación.

El debate presupuestario, sin embargo, ya permite observar dos dimensiones de la política gubernamental. La primera se relaciona con la distribución de los recursos públicos y las áreas que enfrentan ajustes. La segunda es estrictamente parlamentaria: quiénes están dispuestos a acompañar al Gobierno, bajo qué condiciones y dónde aparecen los límites de esos acuerdos.

Educación y Ciencia: dos partidas rechazadas

El proyecto llegó a la Cámara después de cinco jornadas de trabajo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que aprobó 32 de las 34 partidas ministeriales. Las dos excepciones fueron Educación y Ciencia, cuyos recursos deberán volver a discutirse.

Educación concentra uno de los conflictos más importantes. Su presupuesto, cercano a los 17,3 billones de pesos, fue rechazado por 11 votos en contra, dos a favor y 11 abstenciones.

Los cuestionamientos abarcan el financiamiento de becas, aportes a la educación superior, Servicios Locales de Educación Pública, educación parvularia y programas de alimentación y salud escolar. También provocó controversia la eliminación del programa de entrega de computadores a estudiantes, conocido como Yo elijo mi PC.

La situación del Ministerio de Ciencia presenta un problema semejante. Su partida también llegó con informe negativo, en un contexto de cuestionamientos a las prioridades del gasto y a la continuidad de programas de investigación.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo intentará reponer recursos, especialmente en Educación y Salud. Pero advirtió que no necesariamente insistirá en todas las asignaciones rechazadas. Esa distinción será decisiva durante la discusión particular: permitirá establecer cuáles programas considera el Gobierno indispensables y cuáles está dispuesto a dejar sin financiamiento.

Salud, empleo y regiones: un presupuesto todavía en disputa

En Salud, la Comisión Mixta aprobó la partida ministerial, pero rechazó el capítulo correspondiente a la atención primaria de Fonasa, que incluye el aporte per cápita destinado a los consultorios municipales.

También quedaron pendientes recursos para programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Las controversias alcanzan así a prestaciones y funciones que tienen efectos directos sobre la población: atención sanitaria, capacitación laboral, apoyo a pequeños agricultores y capacidad de respuesta frente a emergencias.

En materia regional, en cambio, el Gobierno debió modificar su propuesta original.

Tras negociaciones con los gobernadores regionales y parlamentarios de distintos sectores, Hacienda acordó incorporar 94.897 millones de pesos adicionales para inversión regional respecto del proyecto inicialmente presentado. El nuevo marco presupuestario alcanza aproximadamente 1,82 billones de pesos para los dieciséis gobiernos regionales.

La reposición no representa necesariamente un aumento frente al presupuesto del año anterior. Su principal efecto fue moderar la reducción inicialmente contemplada y responder a las objeciones de autoridades regionales que advertían consecuencias sobre la inversión y el empleo.

El episodio muestra que el Ejecutivo está dispuesto a negociar cuando encuentra una oposición transversal a sus propuestas. Pero esa disposición no se ha expresado con la misma claridad en todas las áreas.

Los sitios de memoria: seis asignaciones reducidas a mil pesos

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió durante la discusión de la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La Comisión Especial Mixta aprobó seis indicaciones presentadas por los diputados republicanos José Carlos Meza, Agustín Romero y Fernando Ugarte, destinadas a reducir a mil pesos las asignaciones de instituciones y programas vinculados a la memoria histórica y las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

Las instituciones afectadas fueron el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Fondo Programa Sitios de Memoria, Londres 38 Casa Memoria, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua y la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

En conjunto, las seis asignaciones sumaban aproximadamente 3.903 millones de pesos. Con las indicaciones aprobadas, quedaron reducidas a un total de seis mil pesos: mil pesos por cada institución o programa.

La mayor reducción corresponde al Museo de la Memoria, cuya asignación original ascendía a 2.642 millones de pesos. También fueron afectados Londres 38, con 419 millones, y el Fondo Programa Sitios de Memoria, con 683 millones.

No se trata de una rebaja presupuestaria convencional. Una asignación de mil pesos equivale, en la práctica, a privar a esas instituciones de los recursos contemplados en esa línea de financiamiento.

La decisión fue promovida por parlamentarios oficialistas, no mediante una indicación originalmente presentada por Hacienda. Sin embargo, el Ejecutivo no introdujo durante la discusión de la Comisión Mixta las indicaciones necesarias para restituir esos recursos.

Esa diferencia importa para establecer las responsabilidades: la iniciativa parlamentaria y la posición del Gobierno no son jurídicamente idénticas, aunque ambas forman parte del proceso político que permitió mantener las rebajas en el texto despachado por la comisión.

La discusión también afectó recursos destinados a sitios de memoria a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. En una subcomisión se rechazó una asignación que contemplaba cerca de 1.879 millones de pesos, dejándola reducida a mil pesos. A ello se sumaron rechazos de disposiciones relacionadas con el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

Los montos todavía pueden modificarse durante la tramitación parlamentaria. Pero el intento de reducirlos prácticamente a cero ya constituye un hecho político relevante: instituciones dedicadas a preservar testimonios, documentos y lugares relacionados con la represión estatal se han convertido en objeto de una controversia presupuestaria impulsada desde el propio oficialismo.

El INDH: una rebaja simbólica y un conflicto institucional

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) enfrenta una situación distinta, aunque políticamente relacionada.

Durante la discusión en la Comisión Mixta, parlamentarios oficialistas impulsaron una reducción a mil pesos de su asignación presupuestaria para 2027. La propuesta del Ejecutivo contemplaba originalmente 16.971 millones de pesos para el organismo.

Sin embargo, la Dirección de Presupuestos advirtió que esos recursos corresponden a gastos establecidos por una ley permanente y que, por tanto, no pueden ser reducidos libremente mediante la Ley de Presupuestos.

El artículo 67 de la Constitución establece límites a las atribuciones del Congreso para modificar los gastos previstos por leyes permanentes. Esa fue la razón por la que la votación adquirió principalmente un carácter simbólico, antes que el efecto inmediato de dejar al INDH con mil pesos.

Pese a conocer ese criterio, parlamentarios oficialistas insistieron en votar separadamente la asignación. La propuesta de mantener los recursos fue rechazada por 12 votos contra nueve, con una abstención, quedando consignada una rebaja a mil pesos con excepción de los gastos establecidos en leyes permanentes.

El senador UDI Gustavo Sanhueza sostuvo que no todos los recursos del INDH debían considerarse protegidos por una ley permanente. Desde la oposición, el diputado Jorge Brito defendió el criterio de la Dirección de Presupuestos y la necesidad de reconocer la continuidad institucional del organismo.

El resultado no permite afirmar que el INDH haya perdido efectivamente casi todo su presupuesto. Sí demuestra que una mayoría de quienes participaron en esa votación expresó su voluntad de reducirlo, incluso después de conocerse las restricciones constitucionales.

La controversia adquiere mayor importancia porque el INDH cumple funciones de promoción y protección de los derechos humanos, supervisión y elaboración de informes sobre actuaciones del Estado. Su financiamiento no es equivalente al de una actividad discrecional del Gobierno de turno.

La insistencia en reducir los recursos del Instituto y de los sitios de memoria introduce así un conflicto que excede la discusión fiscal. Afecta la relación entre el Ejecutivo, su mayoría parlamentaria y organismos cuya existencia responde a compromisos institucionales permanentes.

La votación revela una mayoría que no coincide exactamente con el oficialismo

Después de la discusión sobre las partidas, el resultado de la votación general permite examinar la segunda dimensión del Presupuesto: la composición política de la mayoría que consiguió el Gobierno.

Los 81 votos favorables no provinieron exclusivamente de los partidos oficialistas. Nueve diputados del Partido de la Gente (PDG) respaldaron la iniciativa, mientras tres integrantes de esa colectividad votaron en contra y otros dos no registraron voto.

Entre quienes apoyaron el proyecto figuran Zandra Parisi, Javier Olivares, Cristián Contreras, Patricio Briones, Flor Contreras, Alex Nahuelquín, Paula Olmos, Guillermo Valdés y Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada.

En cambio, Eileen Urqueta, Tamara Ramírez y Fabián Ossandón votaron negativamente. Pamela Jiles y Lilian Betancurt no participaron en la votación, según el registro nominal revisado.

El PDG aportó, por tanto, nueve de los 81 votos favorables, equivalentes al 11,1% del respaldo parlamentario obtenido por el Ejecutivo.

Es un apoyo significativo, aunque no permite concluir que exista una alianza permanente entre ambas fuerzas. La votación muestra una coincidencia mayoritaria en torno al Presupuesto, no necesariamente un acuerdo sobre el conjunto de las políticas gubernamentales.

El antecedente de la megarreforma económica resulta útil para comprender esta relación. Durante su tramitación, el Ejecutivo también recibió apoyos del PDG, junto con parlamentarios de otros sectores. Pero la colectividad formuló objeciones a disposiciones específicas y participó en negociaciones que obligaron a modificar parte del proyecto.

La relación aparece, por ahora, como una combinación de coincidencias económicas, diferencias internas y negociaciones legislativas.

La Democracia Cristiana toma distancia

El comportamiento de la Democracia Cristiana ofrece un contraste.

Sus siete diputados votaron en contra del Presupuesto, según el registro nominal de la Cámara. Ninguno respaldó la aprobación general.

La decisión es relevante porque la DC había mostrado disposición a negociar y apoyar determinadas disposiciones económicas del Gobierno. Su rechazo presupuestario no puede explicarse, por tanto, como una oposición automática a cualquier iniciativa procedente de La Moneda.

Durante las semanas anteriores, dirigentes y parlamentarios democratacristianos habían cuestionado distintas prioridades del proyecto.

El presidente del partido, Álvaro Ortiz, formuló reparos al financiamiento del Ministerio Público. La senadora Yasna Provoste criticó la eliminación de programas de computadores para estudiantes y los recursos destinados a educación. También hubo cuestionamientos desde la DC a la propuesta inicial de reducción de los fondos regionales.

Esos antecedentes permiten identificar desacuerdos concretos en materia social y de funcionamiento de los servicios públicos. No prueban, por sí solos, que todos los diputados democratacristianos hayan rechazado el Presupuesto por idénticos motivos.

Existe, además, un contexto político que resulta difícil separar de la discusión presupuestaria.

La controversia por las rebajas de condenas y la actuación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha provocado enfrentamientos entre el Gobierno y distintos sectores de la oposición. La DC ha participado de las críticas y del debate sobre las responsabilidades políticas del ministro.

La simultaneidad de estos conflictos ayuda a comprender por qué la negociación presupuestaria no se desarrolla en un terreno exclusivamente económico.

Para una fuerza política situada fuera del oficialismo, aprobar el Presupuesto puede significar respaldar determinadas prioridades fiscales. Pero también supone asumir públicamente una cuota de responsabilidad política por una iniciativa central de la administración.

En ese contexto, los desacuerdos sobre educación, empleo, derechos humanos y conducción gubernamental adquieren una dimensión que supera la discusión de cifras.

Un Gobierno que consigue votos, pero debe negociar sus mayorías

El Presupuesto permite observar una característica de la relación entre Kast y el Congreso: el Ejecutivo puede reunir mayorías para iniciativas relevantes, pero esas mayorías no necesariamente se reproducen de una votación a otra.

La megarreforma económica constituye un antecedente de apoyo parlamentario a una parte sustantiva del programa gubernamental. La reforma constitucional de seguridad, en cambio, encontró resistencias que llevaron al Ejecutivo a retirar su propuesta original y respaldar una alternativa parlamentaria.

Ahora, el Presupuesto muestra una tercera configuración.

El Gobierno consiguió aprobar la idea general de su proyecto, con el respaldo de la derecha y de buena parte del PDG. Pero enfrentó un rechazo amplio de la oposición y debió modificar propuestas como la reducción de los recursos regionales. Además, arrastra controversias en partidas que afectan servicios esenciales y organismos de derechos humanos.

No se trata de afirmar que el Ejecutivo carece de capacidad legislativa. El resultado de 81 votos demuestra precisamente que puede construir acuerdos suficientes para avanzar.

La cuestión es otra: hasta qué punto esas mayorías expresan una convergencia política duradera y hasta qué punto dependen de acuerdos específicos, negociaciones sucesivas y diferencias entre los partidos que no integran el Gobierno.

La distinción importa especialmente cuando la administración enfrenta controversias simultáneas sobre seguridad, política económica, derechos humanos y gestión ministerial.

Un Gobierno puede obtener respaldo para una rebaja tributaria y encontrar resistencias para ampliar atribuciones del Ejecutivo. Puede conseguir votos para aprobar un Presupuesto en general y, al mismo tiempo, verse obligado a negociar recursos para educación, salud o inversión regional.

No hay contradicción parlamentaria necesaria en ello. Son materias distintas, con efectos y apoyos diferentes. Pero su acumulación permite medir la distancia entre la mayoría que sostiene formalmente al Gobierno y las mayorías que necesita construir para desarrollar su programa.

La dimensión política de los recortes

La controversia sobre el INDH y los sitios de memoria agrega un componente particular a esta discusión.

Mientras buena parte del debate presupuestario se concentra en restricciones fiscales, eficiencia del gasto y prioridades sociales, las rebajas promovidas por parlamentarios republicanos apuntan a instituciones identificadas con la preservación de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.

La reducción de seis asignaciones a mil pesos difícilmente puede analizarse únicamente como una medida de ahorro fiscal. Su impacto sobre el gasto total es limitado frente a las dimensiones del Presupuesto nacional, pero su efecto sobre las instituciones afectadas sería considerable si llegara a convertirse en ley.

En el caso del INDH, además, la insistencia parlamentaria se produjo pese a la advertencia de la Dirección de Presupuestos sobre la protección legal de esos recursos.

Estas decisiones permiten plantear una pregunta política legítima: ¿responden las rebajas exclusivamente a criterios de evaluación presupuestaria o expresan también diferencias respecto del papel que deben cumplir las instituciones de memoria y derechos humanos?

La respuesta exige atender a los argumentos de sus promotores y a las consecuencias concretas de las indicaciones. Lo que ya está documentado es la decisión de llevar las asignaciones a montos simbólicos y mantener esa controversia abierta durante la tramitación.

Para el Gobierno, el asunto también plantea una responsabilidad política. Aunque las indicaciones procedan de parlamentarios de su sector, corresponde al Ejecutivo decidir si buscará restituir los recursos y defender su continuidad.

La aprobación es apenas el comienzo

La votación de este lunes constituye un avance legislativo para Kast, pero no resuelve las diferencias que acompañan al Presupuesto.

La Cámara deberá pronunciarse sobre las partidas particulares. El Senado tendrá posteriormente su propia discusión. Y las negociaciones determinarán cuánto de la propuesta original se mantiene, qué recursos se restituyen y cuáles son finalmente eliminados o reducidos.

El resultado también deja una distribución política que merece seguimiento: un PDG mayoritariamente favorable al proyecto, una Democracia Cristiana que lo rechazó en bloque y un oficialismo que necesita apoyos externos para asegurar determinadas mayorías.

Por ahora, la administración consiguió los votos necesarios para continuar la tramitación. Queda pendiente establecer qué acuerdos estará dispuesta a construir para resolver los conflictos sobre las partidas sociales y las instituciones de derechos humanos.

Porque una Ley de Presupuestos no es solamente una contabilidad de ingresos y gastos. También expresa decisiones sobre qué actividades debe sostener el Estado, qué servicios considera prioritarios y qué instituciones está dispuesto a financiar.

En ese sentido, la discusión del Presupuesto 2027 ofrece una imagen de las relaciones políticas del Gobierno de Kast: capacidad para reunir votos, diferencias con sectores que podrían acompañarlo en determinadas materias y controversias abiertas sobre el destino de recursos públicos.

La aprobación general fue el primer resultado. El contenido definitivo de la ley mostrará hasta dónde llegan esos acuerdos.

Simón del Valle