Poder y Política Portada

Acusación contra Rabat: oposición obtiene mayoría en comisión y busca esclarecer los criterios que permitieron rebajar condenas

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 57 segundos

El libelo de 189 páginas presentado contra el ministro de Justicia cuestiona las rebajas de condenas a responsables de delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, así como las explicaciones entregadas al Congreso. Los diputados solicitan decretos, instrucciones y comunicaciones internas para reconstruir las decisiones administrativas. También piden consultar al presidente José Antonio Kast si impartió instrucciones sobre los criterios utilizados.

 

La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzó este lunes 16 de noviembre su tramitación parlamentaria con un antecedente políticamente significativo: la comisión encargada de examinarla quedó integrada por tres diputados de oposición y dos de derecha. Al mismo tiempo, se conocieron nuevos detalles del documento de 189 páginas que fundamenta los cargos y de las diligencias solicitadas para esclarecer cómo se adoptaron las decisiones que permitieron rebajar condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.

La controversia ha dejado de concentrarse exclusivamente en los decretos firmados por el ministro. La acusación busca establecer también qué criterios jurídicos y administrativos se utilizaron, quiénes participaron en su definición, si existieron instrucciones contradictorias dentro del Ministerio de Justicia y qué información recibió el Congreso cuando solicitó explicaciones.

El documento, acompañado de miles de páginas de antecedentes, contiene tres capítulos que atribuyen al secretario de Estado infracciones a la Constitución y las leyes. Su presentación no supone que esas responsabilidades estén acreditadas: corresponderá a la Cámara evaluar los cargos y al Senado resolverlos si la acusación supera la primera etapa.

Una comisión con mayoría opositora

El sorteo realizado este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados determinó que la comisión revisora estará integrada por Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Raúl Soto (PPD), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).

La oposición contará, por tanto, con tres de los cinco integrantes.

La comisión deberá revisar los antecedentes, recibir los descargos del ministro y elaborar un informe antes de que la Sala se pronuncie sobre la acusación.

Su composición no determina el resultado del procedimiento. El informe no es vinculante y la aprobación del libelo dependerá de los votos de la Cámara. Si prospera, corresponderá al Senado actuar como jurado y decidir si se configuran las infracciones constitucionales imputadas.

El ministro, por su parte, designó al abogado Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, para asumir su representación jurídica.

La UDI cuestionó la imparcialidad de los tres diputados opositores integrantes de la comisión, argumentando que habían expresado previamente posiciones críticas sobre Rabat. El partido pidió que la tramitación no se prolongue innecesariamente.

 

Tres capítulos y responsabilidades diferentes

El primer capítulo de la acusación se refiere a las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Según los antecedentes expuestos por los acusadores, entre junio y septiembre de 2026 se otorgaron 56 beneficios de esta naturaleza. El documento sostiene que esas decisiones contravinieron la exclusión establecida por la Ley 21.421, aprobada en 2022.

La defensa del ministro ha sostenido que la aplicación de esa restricción debe considerar el principio de irretroactividad de la ley penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de delitos cometidos antes de la reforma.

Los acusadores cuestionan esa interpretación. Sostienen que el Ministerio tenía atribuciones para rechazar solicitudes y que existían decisiones judiciales que respaldaban criterios más restrictivos.

El segundo capítulo aborda las rebajas concedidas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Aquí la argumentación jurídica es diferente. La acusación reconoce que la legislación no excluye automáticamente a todos los condenados por estos delitos del sistema de reducción de penas.

Lo que cuestiona es que los beneficios se habrían concedido sin una evaluación individual suficientemente fundada, que considerara las obligaciones internacionales del Estado, la gravedad de los crímenes, la colaboración de los condenados con la justicia y las consecuencias para las víctimas.

El tercer capítulo se refiere a las explicaciones entregadas por Rabat al Congreso. Los acusadores sostienen que el ministro proporcionó información incompleta o inexacta al atribuir determinadas decisiones a las comisiones técnicas y a supuestas obligaciones derivadas de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

La acusación deberá demostrar que esas actuaciones constituyeron infracciones constitucionales y no simplemente diferencias de interpretación jurídica.

 

El cambio de criterio dentro del Ministerio de Justicia

Uno de los antecedentes más relevantes del documento se refiere a la existencia de criterios administrativos diferentes dentro de la propia cartera.

Según la acusación, algunas oficinas regionales continuaban aplicando instrucciones restrictivas sobre las solicitudes de rebaja de condenas, mientras el nivel central del Ministerio concedía beneficios utilizando una interpretación distinta.

Los diputados sostienen que no existen antecedentes suficientes que acrediten que las instrucciones anteriores hubieran sido formalmente revocadas o que el nuevo criterio se comunicara a todos los servicios involucrados.

La acusación también compara decisiones adoptadas respecto de condenados por crímenes de lesa humanidad vinculados a los mismos hechos. En algunos casos, el Ministerio rechazó solicitudes de reducción de penas y obtuvo respaldo judicial; en otros, concedió beneficios aplicando una interpretación diferente.

Estas diferencias constituyen uno de los fundamentos de los cargos, aunque por sí solas no demuestran una infracción constitucional. Su importancia radica en que permiten investigar si existió un cambio de política administrativa, cuáles fueron sus fundamentos y cómo se formalizó.

La cuestión adquiere especial relevancia porque las decisiones tuvieron consecuencias concretas: tres condenados por crímenes de lesa humanidad recuperaron la libertad después de recibir las rebajas cuestionadas.

 

La pregunta dirigida al presidente Kast

Entre las diligencias solicitadas figura una que amplía el alcance político de la investigación.

En la página 189 del libelo, los acusadores piden que la Cámara oficie al presidente José Antonio Kast para establecer si impartió instrucciones sobre los criterios que debía aplicar el ministro de Justicia al firmar los decretos de reducción de condenas.

La solicitud no constituye una imputación acreditada contra el mandatario ni demuestra que esas instrucciones existieran. Su propósito declarado es determinar si las decisiones respondieron exclusivamente a criterios del Ministerio o si hubo orientaciones provenientes de la Presidencia.

Los diputados también solicitan antecedentes administrativos, correos electrónicos, minutas e instrucciones internas que permitan reconstruir el procedimiento.

Asimismo, proponen escuchar al exsubsecretario de Justicia Luis Silva, al subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira, al exministro Jaime Gajardo y a representantes regionales del Ministerio que habrían advertido sobre restricciones legales para conceder determinados beneficios.

El documento enumera 106 antecedentes, entre decretos, sentencias, oficios, registros parlamentarios e investigaciones periodísticas.

La amplitud de las diligencias solicitadas muestra que la acusación no se limita a cuestionar el resultado de los decretos. También pretende examinar el funcionamiento interno del Ministerio y la cadena de decisiones que condujo a su firma.

La disputa por los votos

Aunque la comisión revisora tiene mayoría opositora, el resultado en la Sala permanece abierto.

El diputado Raúl Soto, presidente del PPD e integrante de la comisión, manifestó este lunes su confianza en conseguir respaldos del Partido de la Gente y eventualmente de parlamentarios de Chile Vamos.

Su declaración expresa una expectativa política, no un recuento definitivo de votos.

El Gobierno ha mantenido su respaldo al ministro Rabat y sus defensores sostienen que las decisiones cuestionadas responden a interpretaciones jurídicas respaldadas por antecedentes judiciales.

La controversia se desarrolla, además, en un contexto de creciente rechazo ciudadano a la continuidad del secretario de Estado. La encuesta Agenda Criteria difundida el domingo registró un 79% de desacuerdo con su permanencia en el cargo.

Ese resultado no determina la votación parlamentaria, pero constituye un antecedente del escenario político en que se tramitará la acusación.

Más allá de la responsabilidad individual

El procedimiento abierto este lunes tiene dos dimensiones.

La primera es estrictamente constitucional: determinar si Fernando Rabat infringió la Constitución o las leyes al conceder las rebajas de condenas y al informar sobre ellas al Congreso.

La segunda se relaciona con el funcionamiento del Ministerio de Justicia y los mecanismos mediante los cuales el Estado decide sobre la ejecución de condenas por delitos particularmente graves.

Las rebajas otorgadas a responsables de crímenes de lesa humanidad vuelven a plantear, además, una discusión que se extiende más allá de la actual administración. Durante gobiernos anteriores también se concedieron beneficios de esta naturaleza, con distintos fundamentos administrativos y judiciales.

Por ello, esclarecer los criterios utilizados en cada período resulta necesario para establecer continuidades, diferencias y eventuales responsabilidades, sin atribuir automáticamente a una administración las decisiones de otra.

La comisión revisora tendrá ahora la posibilidad de examinar documentos, escuchar explicaciones y solicitar nuevos antecedentes.

La cuestión central será determinar si las rebajas respondieron a obligaciones jurídicas efectivamente impuestas al Ministerio o a decisiones administrativas respecto de las cuales sus autoridades conservaban capacidad de resolución.

De esa distinción dependerá una parte importante del examen constitucional que comienza.

 

Simón del Valle

Autor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Memoria, documentos y archivos históricos de la Fundación Presidente Allende

Historia y litigio por la confiscación de El Clarín

 Proceso judicial y antecedentes del caso Pinochet

Proceso en España a los crímenes de la dictadura

 Entrevistas, escritos y discursos de Salvador Allende

 Fondos recuperados del caso Riggs destinados a víctimas de la dictadura

El Clarín de Chile · Aviso legal Privacidad Política de cookies
Danzai Software