Derogar una norma que se considera injusta es legítimo. Hacerlo tarde, sin mayoría, y sin un balance político explícito sobre por qué se aprobó, deja un sabor amargo. No repara a las víctimas, no modifica el marco jurídico vigente y no resuelve la desconfianza ciudadana frente a un sistema que parece reaccionar solo cuando el daño ya está hecho.
