PS critica fallo que benefició a exagente de la DINA y acusa “señal de impunidad” en causas de derechos humanos
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El Partido Socialista de Chile expresó públicamente su rechazo a la decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema que confirmó el beneficio otorgado al exagente de la DINA César Manríquez, condenado por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar.
A través de una declaración pública difundida este miércoles, la colectividad calificó como “especialmente grave” que la resolución judicial haya sido adoptada “en cuenta”, es decir, sin alegatos en sala ni audiencia pública de las partes querellantes, en un caso que consideran de máxima sensibilidad para el país y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La decisión judicial ha reabierto el debate político y jurídico sobre los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad, particularmente en momentos en que diversos organismos de derechos humanos han advertido sobre posibles retrocesos en materias de memoria, verdad y justicia.
Críticas al procedimiento de la Corte Suprema
En su declaración, el PS sostuvo que la ausencia de debate público y contradictorio “debilita la confianza ciudadana en la justicia y proyecta una preocupante señal de impunidad”.
La colectividad apuntó directamente a la forma en que se resolvió el caso, cuestionando que no existiera una instancia abierta para escuchar los argumentos de las partes querellantes antes de ratificar el beneficio concedido al exuniformado.
El caso ha generado preocupación en sectores políticos y organizaciones vinculadas a derechos humanos debido al historial de César Manríquez dentro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo represivo responsable de detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.
“César Manríquez no es un condenado cualquiera”, señaló el PS en el documento, agregando que fue responsable de centros de detención y tortura de la DINA y que las condenas que pesan sobre él son resultado de décadas de lucha judicial impulsadas por familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos.
Cuestionamientos al Gobierno y al Programa de Derechos Humanos
Uno de los puntos políticamente más sensibles de la declaración apunta al rol adoptado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
El Partido Socialista manifestó su preocupación porque este sería el primer caso en que la nueva dirección del organismo decidió no apelar una resolución de esta naturaleza, criterio que —según sostienen— posteriormente se habría replicado respecto de otros condenados por violaciones a los derechos humanos.
“El Estado de Chile tiene la obligación jurídica y moral de perseguir y sancionar efectivamente estos crímenes”, afirmó la colectividad, cuestionando lo que consideran una actitud pasiva frente a beneficios penitenciarios o judiciales que podrían consolidar escenarios de impunidad.
La declaración introduce así un elemento de tensión política adicional para el Ejecutivo, particularmente en un contexto donde los debates sobre memoria histórica y derechos humanos continúan siendo un eje relevante de confrontación entre oficialismo y oposición.
Debate sobre estándares internacionales
Otro de los aspectos abordados por el PS se relaciona con los informes psiquiátricos utilizados para justificar el beneficio concedido a Manríquez.
Según indicó la colectividad, abogados querellantes habrían advertido que dichos antecedentes médicos no cumplirían con los estándares internacionales requeridos para acreditar la enajenación mental de un condenado por delitos de esta gravedad.
Por ello, el partido sostuvo que en casos vinculados a crímenes de lesa humanidad debe existir el “máximo rigor, transparencia y escrutinio judicial”.
El debate no es menor. Durante los últimos años, distintas resoluciones judiciales relacionadas con exagentes condenados por delitos de derechos humanos han generado controversia pública, especialmente cuando se trata de beneficios penitenciarios, libertades condicionales o rebajas de condena fundadas en razones humanitarias o de salud.
Organizaciones de familiares y agrupaciones de derechos humanos han sostenido reiteradamente que, debido al carácter imprescriptible e inamnistiable de estos delitos según el derecho internacional, el Estado chileno debe mantener estándares especialmente estrictos para evaluar cualquier beneficio.
Memoria, justicia y tensión política
La declaración socialista también posee un evidente componente político y simbólico en un momento donde las discusiones sobre la dictadura y las violaciones a los derechos humanos han vuelto al centro del debate nacional.
“Chile no puede retroceder en los avances alcanzados tras décadas de lucha contra la impunidad”, afirmó el PS, reiterando su compromiso “irrestricto” con la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia.
El pronunciamiento ocurre además en un escenario político marcado por crecientes disputas sobre el relato histórico de la dictadura, las atribuciones del sistema judicial y el rol del Estado frente a los crímenes cometidos durante el régimen militar.
En sectores oficialistas existe preocupación por lo que consideran señales de flexibilización institucional respecto de condenados por delitos de lesa humanidad, mientras que desde sectores conservadores se ha defendido la aplicación de criterios humanitarios y garantías judiciales universales.
La controversia en torno al caso de César Manríquez podría transformarse así en un nuevo foco de tensión política y judicial, especialmente si se multiplican decisiones similares en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
