ONU a Chile: Es un país que aún no cumple con sus deberes en derechos humanos

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Al principio de este año Chile pasó por el Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Este examen prevé un análisis de la situación en temas de derechos humanos del país. Las recomendaciones fueron discutidas ayer durante la 41° Sesión del Consejo de Derechos Humanos.

“Compartimos los desafíos en derechos humanos que Chile presenta hoy”, declara Juan Eduardo Eguiguren, Embajador de Chile ante Naciones Unidas: De las 266 recomendaciones hechas por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, 211 fueron aceptadas.

Dichas recomendaciones pertenecen a temas concernientes a la protección de la niñez, los pueblos indígenas y las mujeres. También fueron acogidas recomendaciones sobre la situación actual de las personas privadas de libertad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía chilena.

“Unas de las recomendaciones ya están siendo procesadas para ser realizadas en los próximos proyectos de ley” asegura el Embajador chileno. Entre ellas, cita el mecanismo de prevención contra la tortura, como mecanismo independiente del Estado.

Una mancha negra: la promulgación de los derechos de los pueblos indígenas, sobre los cuales, el mismo Embajador reconoce los “enormes desafíos” a los cuales se enfrenta el gobierno para lograr a un diálogo estable con esa parte de la población.

Juan Eduardo Eguiguren aclara que, en todo caso, “la violencia no puede representar una solución en contra de los pueblos indígenas: el dialogo será nuestra manera de actuar”.

Desafortunadamente las palabras del Embajador chileno en Naciones Unidas no concuerdan con la realidad del pueblo Mapuche en el país. Las continua represión por parte de los Carabineros y del Comando Jungla no se parecen mucho al diálogo que Juan Eduardo Eguiguren tanto exhorta.

El uso de la fuerza en Chile sigue siendo una manera sistemática de actuar de los Carabineros, y eso no solamente hacia los Mapuche. Comunidades estudiantiles, profesores, sociedad civil, sufren de las bombas de gases lacrimógenos que se arrojan en en respuesta a sus protestas pacíficas.

Lo denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONG “CIVICUS” en conjunto con la ONG “Pro-Acceso” señala “documentamos importantes desafíos con respecto al derecho de reunión pacífica, tanto en la ley como en la práctica. Además, el gobierno no ha logrado crear un entorno seguro para los defensores de los derechos humanos, en particular para los pueblos indígenas, que siguen sufriendo ataques y la criminalización”.

Entre las preocupaciones de las ONGs está la falta de compromiso del gobierno para enmendar la legislación que regula la protesta pacífica, lo que contradice la Constitución chilena y las normas internacionales. El Decreto Supremo 1.086, que entró en vigor en 1983, regula este derecho y establece procedimientos que funcionan como un sistema de autorización previa.

La sociedad civil ha documentado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y confirma el uso de bombas lacrimógenas, balas de goma y camiones lanzaagua.

Entre junio de 2016 y marzo de 2019, la ONG “CIVICUS” recibió varios informes de represión policial contra las protestas, especialmente las protestas de estudiantes y miembros de la comunidad Mapuche.

Las ONGs alertan a los Estados sobre el uso indebido de la Ley contra el terrorismo (Ley 18.314 sobre la política de lucha contra el terrorismo) contra los miembros de la comunidad indígena mapuche que defienden los derechos a la tierra y al medio ambiente.

“La legislación se ha utilizado en un total de 19 casos emblemáticos, que involucran a 108 personas, la mayoría relacionadas con situaciones de protestas mapuche”, denuncian CIVICUS y Pro-Acceso.

Entre las recomendaciones que no fueron aceptadas por Chile está la revisión de la ley antiterrorista, señalando que hay un proyecto en el Congreso Nacional sobre la materia; y la recomendación sobre un nuevo texto constitucional, señalando que no se prevé un proceso constituyente en el país, aunque su Constitución sigue siendo el legado de la dictatura militar de la Junta Militar de Pinochet.

Es definida inapropiada la recomendación acerca de la reparación a víctimas de la dictadura por parte del Estado, frente a la que argumenta que dicha recomendación no es compatible con el esfuerzo realizado por Chile en la materia.

Todavía los secretos siguen una constante en el Código Penal del Estado. Durante el examen del Comité de Desapariciones Forzadas (CED), en el mes de abril de este año, se había denunciado que, a través del artículo 15 de la Ley 19.992 promulgada el 24 de diciembre del año 2004, permanecen secretos “los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, y eso por 50 años.

Desde Chile, la Comisión Ética Contra la Tortura, que escuchado el debate de Naciones Unidas, insta al Gobierno a “revisar los marcos normativos y políticas públicas teniendo presente las recomendaciones que se le han formulado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Exigimos al Gobierno la creación de instancias de monitoreo efectivo del cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado. Asimismo, exigimos que en estas instancias se considere la participación de sociedad civil, y en particular de aquellos sectores más afectados por situaciones de discriminación a que refieren las recomendaciones, entre ellos las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas y los y las migrantes”.

Elena Rusca, Ginebra

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