Sobre equilibrios y desequilibrios

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Un principio rector, que ha presidido el manejo de la economía nacional, es que los desequilibrios económicos merecen toda la atención del estado, pero los desequilibrios sociales se solucionan solos, como consecuencia inevitable de los buenos equilibrios económicos. Así ha funcionado la economía chilena durante muchos años, y los resultados están a la vista: el crecimiento económico y los equilibrios económicos – que no se puede negar que han estado claramente presentes en historia reciente del país – no han generado por sí mismos la solución a los graves desequilibrios sociales que se presenta en la sociedad chilena.

Si en el país imperara un 10 % de inflación muchos economistas dirían que se está en presencia de un desequilibrio económico, que merece la mayor atención por parte de los gobernantes, de los empresarios y de los medios de comunicación social, e incluso de muchos altos funcionarios del sistema financiero internacional. Algunos dirán que ha aumentado desmesuradamente la demanda, por sobre la oferta, y eso se ha manifestado finalmente en el incremento de los precios. Por lo tanto, ese desequilibrio se soluciona por la vía de “equilibrar” o de igualar la oferta con la demanda. Como es más fácil reducir la demanda que aumentar la oferta, los más probable es que se proceda en ese sentido: reducir el consumo, tanto de las personas como del gobierno y disminuir el gasto fiscal. Se conseguiría así el deseado equilibrio, lo cual ese supone que es bueno para la sociedad en su conjunto.

Pero si existe en la misma sociedad un 10 % de cesantía – es decir, si la cantidad de ciudadanos que quieren y pueden trabajar es mayor que la cantidad de puestos de trabajo que el sistema económico está en condiciones de ofrecer – no hay desequilibrio económico alguno. A lo más existe un problema social, que atinge al 10 % de la población, y no al 100 % de ella, y que se solucionará en la medida en la economía vuelva a marchar por la senda del crecimiento. El crecimiento económico terminará por absorber a esa masa de trabajadores cesantes y, en el peor de los casos, el estado puede tomar algunas medidas subsidiarias, tales como los subsidios de cesantía o la contratación de trabajadores ocasionales para que limpien calles o plazas.

Todo lo anterior se puede explicitar en pocas palabras diciendo que se postula que los problemas sociales terminan siendo solucionados por obra y gracia del mercado, pero que los desequilibrios económicos deben ser solucionados por medio de medidas políticas que de una u otra forma modifican el funcionamiento del mercado, y que no por tratarse de medidas de política económica, dejan de ser políticas.  Es decir, se actúa en contra de los postulados esenciales del neoliberalismo, que plantea que los problemas del mercado los soluciona el mercado mismo, siempre y cuando se le deje funcionar sin la perniciosa interferencia del estado.

Lo mismo se podría plantear con respecto a otros problemas nacionales. Si el presupuesto gubernamental exhibe un déficit de 6 % del PIB, entonces estamos en presencia de un grave desequilibrio macroeconómico, que debe solucionarse, nuevamente, con menos gasto fiscal y con mayores impuestos, fundamentalmente a través del IVA, que no grava los ingresos de los poderosos.  Pero si el 6%, o más, de la población infantil no puede recibir una educación de buena calidad, entonces no hay desequilibrio económico alguno, sino meramente un problema temporal y transitorio que se solucionará con mayor crecimiento económico y con los consiguientes mayores ingresos que en esa circunstancia tendrían los trabajadores.

Esta falta de paridad en el tratamiento de los problemas sociales y económicos no puede seguir presente en la sociedad chilena. Los grandes desequilibrios sociales merecen ser tratados con la mima atención que los desequilibrios económicos, y convocar tras su solución, tempranamente, a todos los poderes del estado y a todos los instrumentos de que dispone el gobierno. En la nueva constitución se pueden establecer derechos sociales cuya atención debería ser materia obligante para el estado. Sin embargo, la aplicación concreta de ese eventual principio constitucional dependerá en alta medida de la orientación de los gobernantes de turno y, también, del grado de movilización que la población presente y mantenga en pro de esos derechos.

Por Sergio Arancibia

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