El acuerdo opositor sobre pensiones debe ser rechazado tajantemente

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La prensa ha informado acerca de un acuerdo de parlamentarios de oposición en una propuesta que subiría las cotizaciones previsionales en 6%, las que serían administradas por un ente público y destinadas en parte a mejorar las pensiones actuales y en otra a un “ahorro colectivo”. Lamentablemente, dicha propuesta es socialmente regresiva, económicamente contractiva y fiscalmente irresponsable. Políticamente es arriesgada, puesto que no sólo mantiene intacto sino agrava el ahorro forzoso, que es el verdadero abuso del sistema AFP pues consiste en desviar salarios para financiar grandes grupos empresariales. Su indisimulable tufillo a gatopardismo será percibido por los trabajadores, agravando la pérdida de legitimidad del sistema democrático en tiempos turbulentos. Por estos motivos, debe ser rechazada tajantemente.

El aumento de 6 por ciento en las cotizaciones es un atentado contra los trabajadores. Sube la tasa casi 50 por ciento, de 12,78 a 18,78 por ciento considerando los actuales seis millones de cotizantes con ingreso imponible promedio de 830 mil pesos mensuales, las cotizaciones actuales representan un recorte a los salarios de 108 mil pesos mensuales por persona, o 7,7 billones de pesos que equivalen a 10 mil millones de dólares, anuales. La oposición está proponiendo elevar este tributo en 50 mil pesos mensuales por trabajador, equivalente a 3,6 billones de pesos o 4.800 millones de dólares anuales. 

El incremento se presenta como un aporte de empleadores, intentando apelar a la justa demanda sindical de aporte tripartito a la seguridad social. Sin embargo, como reconocen todos los economistas y en palabras de un importante medio nacional en un reciente editorial (LT 02/01/20), “a estas alturas del debate, no es aceptable ignorar que el efecto permanente de una mayor cotización es exactamente el mismo si ésta es pagada por el trabajador o el empleador, cuyo efecto será reducir su ingreso líquido”. Lo pagarán íntegramente los trabajadores con cargo a futuros reajustes, aunque lo desembolsen empleadores. Esta artimaña será vista por los trabajadores como otro engaño, que añade agravio al daño inferido. 

La propuesta sugiere un alza gradual de modo de aminorar su evidente carácter contractivo en un momento recesivo como el actual, pero que el Estado subsidie los primeros años con cargo a su presupuesto, lo que agrava aún más el déficit y endeudamiento originado en el ahorro forzoso, subiendo el riesgo crediticio del país.  

La propuesta no acaba sino por el contrario, agrava el abuso del ahorro forzoso. Mientras eleva brutalmente el impuesto a los salarios, no toca los 10.000 millones de dólares en cotizaciones que hoy se embolsan las AFP. Poco menos de la mitad de ese enorme recorte a los salarios continuará traspasándose de inmediato a la propiedad de compañías de seguros relacionadas con este negocio, en forma de primas, “únicas” de rentas vitalicias y de invalidez y sobrevivencia (SIS). Este enorme flujo financiero, les permite pagar todas las pensiones vitalicias y cubiertas por el seguro, dejando un excedente cuya continuidad hacia el futuro excede con creces las pensiones adeudadas. 

Solo seis compañías se embolsan el 90 por ciento, dos aseguradoras extranjeras propietarias de AFP y cuatro pertenecientes a grandes grupos nacionales cuyas cabezas integran el círculo íntimo del Presidente de la República. Por añadidura, estos últimos son depositarios de una cuarta parte de las inversiones del fondo de pensiones en empresas nacionales, el resto de las cuales comparten con el reducido grupo de conglomerados que controlan la economía nacional, empezando por el mayor de todos ellos. 

Desviar a beneficio de grandes empresarios aquella parte de los salarios que debería garantizar que cada trabajador o trabajadora activa contribuya lo que le corresponde al sostén de sus padres y abuelos. Esa es la esencia del ahorro forzoso, cuyos principales beneficiarios son los grupos señalados. 

A ellos se agregan otros gestores financieros, desde luego todos los propietarios de AFP, que cobran más de 1.000 millones de dólares anuales en comisiones de administración. En la actual propuesta de reforma opositora han ejercido asimismo un fuerte lobby los mayores gestores mundiales de fondos de inversión, que ya se embolsan más de 500 millones de dólares anuales en comisiones “fantasmas”. Estos últimos han sido los principales promotores del “ente público” de administración de pensiones, puesto que éste contrataría con ellos la gestión del “ahorro colectivo”, como explícitamente se menciona en la propuesta opositora. 

El ahorro forzoso fue impuesto en dictadura, pero sostenido y perfeccionado por todos los sucesivos gobiernos y parlamentos democráticos, sobre los cuales sus beneficiarios han ejercido un control hasta hoy incontrarrestable. Los cabecillas del grupo más cercano al Presidente fueron encarcelados por financiar ilegalmente un partido político completo y muchos parlamentarios de otros partidos. Otro de los grupos más beneficiados es propietario de una de las principales cadenas de diarios nacionales. 

Por años, estos intereses han venido promoviendo subir aún más las cotizaciones y rebajar aún más beneficios que reconocen como “miserables” y que reducen año tras año en proporción a los salarios. Han mentido descaradamente prometiendo beneficios que nunca se cumplen. Han denostado los sistemas públicos de seguro social, que peyorativamente motejan “de reparto”, asustando con proyecciones manipuladas de población que asumen inmigración cero, y argumentando de modo irracional que los trabajadores activos no podrían sostener en el futuro un número creciente de sus mayores. Como si alguien más pudiera hacerlo. Ocultando que los países desarrollados han demostrado que, gracias al incremento de la productividad del trabajo, sí pueden a hacerlo con proporciones de adultos mayores que duplican la chilena, trabajando jornadas más reducidas además. 

La codicia de echar el guante al segundo impuesto que más recauda establemente después del IVA, las cotizaciones previsionales, ha podido más que la majadera prédica de estos mismos grupos y los economistas que los representan, en favor de la austeridad fiscal. En efecto, tras terminar con el seguro social que en 1981 dejaba un superávit de ⅓ de cotizaciones sobre pensiones pagadas, no han vacilado en incrementar sin cesar la carga fiscal destinada a pagar pensiones, que hoy absorbe casi ⅕ del presupuesto del Estado en financiar ⅘ del gasto nacional en pensiones. Durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas dicho gasto se financió con un aumento de la deuda pública, irracional práctica que significa ni más ni menos que endeudarse para ahorrar, y que fue el motivo principal por el cual los países que habían implementado versiones limitadas del ahorro forzoso con cotizaciones, los acabaron tras la reciente crisis mundial. 

CENDA ha demostrado que acabar con el ahorro forzoso, recuperando los 10.000 millones de dólares anuales de cotizaciones, permite duplicar las pensiones ahorrando al fisco todos cuantiosos subsidios directos e indirectos que hoy aporta al sistema AFP. Si adicionalmente el Estado asume el esquema de seguros que hoy traspasa a compañías de relacionadas con el negocio la mitad de las cotizaciones, el fisco generaría un superávit equivalente a ⅕ del presupuesto. Aún después de duplicar las pensiones, parte de las cuales tendrían que seguir siendo pagadas por estas compañías hasta la extinción de los compromisos contraídos. 

Todo ello sin retirar del fondo acumulado, que hoy equivale a veinte años de cotizaciones, beneficia exclusivamente a los empresarios y crece continuamente con los excedentes de cotizaciones sobre el aporte del sistema AFP al pago de pensiones. más recursos que los que hoy retira el sistema de AFP. Pero ciertamente sin continuar engrosándolo sino, por el contrario, devolviéndolo íntegramente a sus propietarios. El fondo de reserva del reconstruido sistema de seguro social, que en ningún caso excederá dos o tres años de cotizaciones, no podrá ser en el futuro prestado a empresarios, sino destinado exclusivamente a destinos en beneficio directo de trabajadores, como habitaciones o préstamos de interés bajo. 

La propuesta de la oposición es regresiva desde el punto vista social, contractiva en momentos de recesión económica e irresponsable desde el puente de vista fiscal. Los trabajadores y trabajadoras la echarán abajo, ahora o en un futuro próximo, en el curso de un alzamiento que no amainará hasta terminar de una buena vez con el ahorro forzoso e inscribir en la Nueva Constitución que los salarios son sagrados y nunca más en Chile s podrán ser desviados en beneficio de los empresarios. 

Manuel Riesco

Vicepresidente CENDA

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