La alta dependencia chilena a las exportaciones de cobre, un efecto del régimen neoliberal que deberá romper la nueva constitución
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Todos los países del planeta Tierra tratan hoy en día de mantener vínculos positivos con el resto del mundo, por la vía de sus exportaciones e importaciones. Es muy difícil encontrar países que se encierren en sus fronteras e intenten aislarse comercialmente del resto del mundo. Si alguna vez hubo países que pensaban y actuaban de esa manera, eso ya pasó.
Pero si bien, en general, toda exportación es positiva, hay exportaciones más positivas que otras. Lo mismo pasa con las importaciones. La tendencia en el mundo contemporáneo es exportar bienes con la mayor cantidad de valor agregado posible, es decir, no limitarse a exportar materias primas o bienes primarios sin mayor gado de procesamiento. La idea es exportar materias primas con la mayor cantidad de manufacturación, industrialización y transformación posibles.
En Chile el cobre sigue siendo la mercancía con la cual nos relacionamos en mayor medida con el mundo exterior. Pero el cobre tiene muchas formas diferentes de enviarse al extranjero. La forma predominante en Chile hoy en día es la exportar concentrado de cobre, es decir, el mineral casi en bruto, tal como sale de las entrañas de la tierra. Tiene un proceso modesto de molienda y un tratamiento con agua, pero no un grado importante de manufacturación.
En el año 2018 Chile exportó concentrado de cobre por un valor de 18.681 millones de dólares, y cobre refinado y sus manufacturas por un valor casi equivalente: 18.100 millones de dólares. Es decir, casi el 50 % de las exportaciones de cobre chileno se hacen bajo la forma de concentrado, lo cual, entre otras cosas, implica que se está exportando agua en grandes cantidades, pues ese mineral va con un grado de humedad después de recibir un primer tratamiento con agua. Pero desde luego, nadie paga por la exportación de ese importante recurso natural que Chile tanto necesita. También se exportan desechos o escorias, pues ese concentrado tiene aproximadamente solo un 30 % de contenido de cobre. Es resto es desecho que, o no vale nada, o contiene otros minerales por los cuales tampoco pagan nada las compañías importadoras.
El principal destinatario del concentrado de cobre chileno es China, que compra aproximadamente el 50 % tanto de los concentrados como del cobre refinado chileno.
Todos estos antecedentes ponen de relieve que Chile es un país altamente dependiente de un solo producto, cuya volatilidad de precios en el mercado internacional causa graves perjuicios a la economía nacional, cuestión que un país con mayor grado de industrialización podría evitar en la medida en que tuviera exportaciones más diversificadas. En segundo lugar, dependemos en alta medida de un solo comprador, China, que compra aproximadamente la mitad de todo el cobre chileno, lo cual coloca a la economía nacional en alta dependencia con respecto a los vaivenes de la economía China, incluidas las restricciones comerciales ocasionadas por el coronavirus.
Todas estas reflexiones y antecedentes tienen mucho que ver con las discusiones constitucionales que recorren y recorrerán con más fuerza al país en los meses venideros. Las leyes orgánicas – que son tan difíciles de cambiar como la propia constitución – establecen, en lo que respecta a la minería, el sistema de concesiones a perpetuidad, con lo cual el estado chileno prácticamente regala para siempre los yacimientos a grandes compañías nacionales o extranjeras. También la constitución prohíbe al Estado generar nuevas empresas, con lo cual le ata las manos a Codelco e impide tener una política industrializadora que permita agregarle valor a la producción de cobre. Una nueva constitución – y nuevas leyes orgánicas – deberían modificar la ley sobre concesiones mineras, aumentar el pago de royalties, cobrar y racionalizar el uso del agua y tomar medidas activas en pro de la industrialización y la agregación de valor al cobre chileno.
Por Sergio Arancibia
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