El 18 de octubre de 2019 es una fecha que sumergió a la sociedad chilena en un cataclismo sociopolítico que sólo puede encontrar parangón en otro fenómeno histórico nacional que obedeció a leyes distintas, en ese caso naturales, como fue el sismo de 1960 que arrasó una gran parte del territorio nacional e impacto en toda la vida de la nación.

Al parecer, la gran mayoría de los chilenos concuerda en que Chile cambió a partir del 18 de octubre de 2019 y que ese momento quedará grabado en la memoria individual y colectiva de quienes fuimos testigos o protagonistas de los sucesos en cualquiera de sus manifestaciones. Ese hito marcó un punto de inflexión importante en una sociedad que no quería reconocerse a sí misma, que no quiso asumir un grado de descomposición profundo y que también se negaba a reconocer que, al menos, existía más de un Chile en un mismo territorio. Bajo una misma estructura socio-económica han coexistido distintos estratos sociales en condiciones radicalmente opuestas y la dinámica impuesta por un modelo de sociedad deshumanizada, condenaba a la marginalidad a grandes sectores de ciudadanos considerados pertenecientes a categorías inferiores.

Ese Chile despertó, y como sucede con despertares precedidos de largos años de somnolencia, silencio y humillación, se desató la furia e indignación largamente contenida y la avalancha se llevó por delante símbolos, estatuas y altares que fueron derribados ante la fuerza volcánica de quienes se sintieron engañados, abusados y utilizados de las más diversas formas.

La marea de indignados aterrorizó a los dueños de Chile, de manera especial a los grandes empresarios, algunos de los cuales rápidamente hicieron ofertas parciales de mejores ingresos a sus trabajadores, a fin de apaciguar los ánimos. La llamada clase política se auto-convocó con suma urgencia para buscar una salida desesperada al conflicto. La gran mayoría de los Partidos Políticos de ambos sectores (oficialista y oposición) buscaron alcanzar acuerdos, basados en experiencias anteriores, que ya no parecían suficientes ante la gravedad de la situación. Ante el temor que los embargaba acordaron lo hasta entonces imposible, explorar un camino para considerar la posibilidad de tener una nueva Constitución. La derecha más conservadora, ante la encrucijada del momento había cedido ante la fuerza ciudadana que esta vez sí mostro una convicción y determinación en sus demandas que en la historia reciente no se conocía. Como resultado se firmó un acuerdo entre los representantes de los Partidos Políticos asistentes a la convocatoria que abrió el camino para un Plebiscito sobre una Nueva Constitución, con una serie de legítimos reparos por parte de los principales protagonistas que (como siempre fueron excluidos de los acuerdos) son los ciudadanos movilizados en las calles.

Como era de esperar la UDI, principal partido político ligado a la dictadura cívico militar que gobernó el país por largos años, fue el hueso más duro de roer. Ello es fácilmente explicable por cuanto su fundador, Jaime Guzmán, fue también el cerebro de la Constitución de 1980 que es la base institucional de la maquinaria del despojo que instauraron en Chile y que les ha permitido amasar grandes fortunas a un reducido grupo de millonarios que gobierna el país. Por tanto, su renuencia a los cambios tiene una raíz bastamente conocida y una razón de ser evidente: IMPEDIR EL ADVENIMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. En consecuencia, pasado el primer momento, la UDI declaró que se opondrían a cualquier intento para cambiar la Constitución y llamó a votar por la opción rechazo.

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En Renovación Nacional, la situación se mostró parcialmente distinta a la posición casi monolítica por el rechazo exhibida por la UDI. Al menos su presidente, Mario Desbordes, y varios otros parlamentarios se mostraron abiertamente favorables por la opción de Nueva Constitución. Las fuerzas al interior del partido estaban divididas  pero, al menos, unas cuantas figuras emblemáticas se habían manifestado abiertas a una nueva Constitución y otros, como siempre ocurre, habían guardado “un prudente silencio” durante el debate esa noche de acuerdos bajo la presión del momento. Como era de esperar, pasadas algunas semanas, cuando el miedo posiblemente se había disipado, surgieron los mismos de siempre, Allamand, entre sus mejores exponentes y otros pertenecientes a la nueva camada del GATOPARDISMO DERECHISTA que inventaron una consigna tan descabellada como: “Rechazar para Reformar”.

Me pregunto, si estas personas se encontraban en trance cuando se sucedían las protestas en Chile y esa noche adoptaron decisiones sobre el destino del país pensando, como de costumbre, que los acuerdos se podían desconocer al día siguiente.  Será que sienten tanto desprecio por el ciudadano común que llegan a pensar que la gente constituye una masa completamente manejable y carente de memoria. Al parecer, no han aprendido nada. Continúan pensando y actuando como en décadas anteriores. No se han dado por notificados que Chile cambió y que las demandas por mayor justicia social no pueden continuar esperando y que la gente se cansó de tanto abuso e inequidad y que no está dispuesta a volver a una “normalidad” impuesta por una clase privilegiada que abusa cotidianamente del ciudadano común.

Con todo el rechazo que siento por la UDI, por su génesis, su historia y sus vínculos con la dictadura de Pinochet y el terrorismo de Estado aplicado en Chile, además del cúmulo de actos de corrupción y fraudes al fisco por parte de muchos de sus parlamentarios y militantes, su determinación de reafirmar la defensa la Constitución pinochetista, me parece, con todo, menos cobarde y ofensivo que el GATOPARDISMO exhibido por un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (encabezado por Allamand y Schalper, quienes  han recurrido al más vomitivo de los insultos que puedan lanzar al pueblo de Chile, como es: ”Rechazar para Reformar”.

Sería más honesto (lo que es mucho pedir) que dijeran francamente: NO QUEREMOS NUEVA CONSTITUCION. Las verdaderas razones que tienen para defender su Constitución jamás las van a reconocer en público, por supuesto, y es que la Constitución les garantiza continuar el saqueo del país, el despojo al ciudadano común, porque su institucionalidad la crearon justamente para blindar el modelo   económico que instalaron en Chile y que dejó funcionando la maquinaria del despojo, en su versión neoliberal.

 

Por Higinio Delgado Fuentealba

 

 

 

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