El Grupo Africano acaba de proponer una resolución contra la brutalidad policial y otras violaciones de los derechos humanos hacia los africanos. Un debate de proporciones históricas y que pone en el objetivo de Naciones Unidas una de las potencias mundial entre las más poderosas: Estados Unidos.

 

A través de una carta destinada a la Presidenta actual del Consejo de Derechos Humanos, la embajadora de Austria Elisabeth Tichy-Fisslberger, con fecha del 12 de junio 2020, el Grupo Africano[1] demandó añadir al plan de la semana de “recuperación” de la 43° sesión del Consejo de Derechos Humanos un “debate urgente” sobre las violaciones de los derechos humanos de inspiración racial, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia en contra de las manifestaciones pacíficas.

En la carta, el Grupo Africano explica claramente que: “la muerte de George Floyd desafortunadamente está lejos de ser un caso aislado: muchos son los casos de personas no armadas, de ascendencias africanas, que han sufrido el mismo destino por la violencia policial descontrolada. Desafortunadamente, el destino de estas víctimas no ha llamado tanto la atención porque no ha sido compartido tanto en las redes sociales como esta vez”.

“Este debate será también la ocasión de acordar a los Estados sus compromisos en la lucha en contra de las violaciones de los derechos humanos, cuando adoptaron la Declaración y el Programa de acción de Durban[2] hace 20 años”, concluye la carta del Grupo Africano.

 

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha pedido a los Estados Unidos que realicen reformas estructurales inmediatas.

El Grupo Africano no solo busca más visibilidad al problema histórico de la discriminación racial. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial[3] ha pedido a los Estados Unidos, en una declaración con fecha del 15 de junio del 2020, que realicen reformas estructurales inmediatas para poner fin a la discriminación racial y que cumplan sus obligaciones en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

En su declaración formal publicada en línea, el Comité instó al Gobierno de los Estados Unidos a respetar plenamente la Convención, que ratificó en 1994, y a garantizar una comprensión amplia de la Convención entre sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a través de programas de capacitación y educación.

«Nadie será víctima de discriminación racial, es la esencia de la Convención», dijo Noureddine Amir, Presidenta del Comité, y agregó, «no podemos permitirnos ningún retraso en la promoción de la comprensión entre todas las razas, descontinuando el perfil racial y criminalizando racialmente ataques motivados».

«La discriminación sistémica y estructural ha permeado a las instituciones gubernamentales durante siglos, despojando a los afroamericanos de sus derechos a la igualdad de trato ante los tribunales, amenazando su seguridad personal y privándolos de sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales incorporados en la Convención», siguió Noureddine Amir.

El Comité instó al Gobierno de los Estados Unidos a reconocer públicamente la existencia de discriminación racial estructural en la sociedad, así como a condenar de manera inequívoca e incondicional los asesinatos por motivos raciales de afroamericanos y otras minorías.

 

Expertos de la ONU habían condenado desde su principio la represión de las protestas pacíficas y llamaron a revisar la policía.

El 10 de junio 2020, expertos independientes de derechos humanos de la ONU[4] habían también condenado la violenta represión de las protestas pacíficas generalizadas después de que la policía en Minneapolis matara al afroamericano George Floyd.

«El abuso policial y el uso excesivo de la fuerza durante las asambleas pacíficas es inexcusable en cualquier momento, pero es especialmente angustiante cuando los manifestantes están exigiendo precisamente la rendición de cuentas sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico en la policía», dijeron los expertos. “Disparar gases lacrimógenos y golpear a los manifestantes pacíficos no los silencia. Solo reafirma la urgencia de la lucha por la reforma policial y la justicia racial en los Estados Unidos».

Los expertos expresaron alarma por la militarización de la represión, incluido el despliegue de al menos 62,000 soldados de la Guardia Nacional que no están entrenados para gestionar protestas, y dijeron que los informes de ataques policiales y arrestos de periodistas que cubrían las protestas eran inquietantes.

“El derecho internacional protege los derechos de todos, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos, de observar, monitorear e informar sobre tales eventos. Atacar y arrestar a periodistas y defensores de los derechos humanos que realizan este importante deber público es simplemente inaceptable”, dijeron los expertos, haciéndose eco de las llamadas hechas en una declaración de expertos de la ONU y la OEA.

“Estamos particularmente preocupados por los informes que indican que algunas fuerzas del orden se desplegaron sin identificación en algunas ciudades, incluida Washington, DC. Esta es una receta para la impunidad de las violaciones y abusos de los derechos humanos».

¿Si todos estos mecanismos exhortan a poner en evidencia la gravedad de los hechos relacionados a la discriminación racial, por qué una resolución en contra de Estados Unidos en ese sentido causa debates tan conflictivos?

Aunque todos los Países estén de acuerdo en la condena de la discriminación racial, la mayoría de los países occidentales no están de acuerdo en votar una resolución sobre este tema.

Durante una reunión informal organizada por el Grupo Africano al fin de discutir los puntos de la resolución contra la brutalidad policial y otras violaciones de los derechos humanos hacia los africanos, varios países “desarrollados” exprimieron sus dudas al respecto de la resolución en contra de la discriminación racial en Estados Unidos.

Australia, Unión Europea, Reino Unido, México, Japón, Perú, Suiza, Mónaco, Islandia, Colombia y Nueva Zelanda no se sintieron muy “conformes” a esta resolución. Ellos demandan más tiempo para examinar el texto de la resolución, y agrandar esta misma a más países, y no solo Estados Unidos.

“Estamos muy decepcionado por el texto presentado por la resolución, este texto no utiliza la forma de los textos de la ONU y condena a Estados Unidos sin ni siquiera considerar su punto de vista”, denuncia la delegación australiana.

Lo que molesta a las delegaciones es la propuesta de una Comisión Independiente de Investigación sobre los hechos ocurridos relacionados a la discriminación racial en Estados Unidos y los otros Estados que  recientemente han sufrido estas mismas violaciones de los derechos humanos.

“Naciones Unidas dispone ya de varios mecanismos para luchar contra de la discriminación racial: los relatores especiales, un grupo de trabajo, la Declaración y el Programa de Acción de Durban, no hace falta crear un nuevo mecanismo que investigue a Estados Unidos por los hechos que están ocurriendo, además que necesitaríamos más tiempo para construir un proyecto más concreto a este fin”, dijo la delegación de la Unión Europea.

Un miedo, el de los países occidentales y desarrollados, en los cuales hay problemas de racismo, de verse aterrizar en cada uno de sus países una comisión independiente de investigación. Cierto, cuando se trata de países como Venezuela o Nicaragua es mucho más fácil decidir, pero ahora que se está hablando de Estados Unidos, país “hermano”, los mecanismos existentes ya son suficientes y, sobretodo, no hay que “molestar” la soberanía del Estado hacia el respeto de sus leyes, aunque sus violaciones por los propios garantes de estas leyes, los policías, son más que flagrantes.

La politización de los derechos humanos es, hoy más que nunca, más evidente.

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Para defender  a Estados Unidos, la delegación francesa hace un llamado hacía la “gran” libertad de expresión presente en el país del continente norteamericano. “¿Para qué hacer una resolución en contra de uno de los países que tiene más libertad de expresión?”, denuncia la delegación francesa. “De hecho, es propio por eso que sucedió lo que sucedió con George Floyd y las protestas, porque la gente allí tiene el derecho de exprimirse libremente, las manifestaciones son una evidente prueba de la libertad de expresión de este país y hacer una resolución en contra de este último sería un grave error”.

Encontramos muy original la visión de la cuna de la revolución francesa. En efecto, el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que implica el derecho a no ser molestado por sus opiniones y a buscar, recibir y difundir, independientemente de las fronteras, la información y las ideas por cualquier medio «. Al parecer, la delegación francesa no terminó de leer el artículo 19.

“Desafortunadamente no hay ninguna voluntad política a invertir fuerzas en este debate, que realmente es urgente, ahora más que nunca, después de lo que está pasando en Estados Unidos”, denunció la delegación cubana, ofreciendo su apoyo.

La ONG International Service for Human Rights (ISHR) estaba también presente en la sala: “nos gustaría llamar su atención sobre la declaración del Relator Especial sobre el racismo[5] publicada el martes 16 de junio. Ella hace una pregunta que muchos en esta sala también pueden estarse preguntando: «¿Por qué una comisión internacional de investigación para los Estados Unidos?» La propia respuesta del Relator Especial a esto es engañosamente simple de enunciar e increíblemente compleja de desempaquetar. Es, simplemente, porque «para los negros en los Estados Unidos, el sistema legal interno no ha reconocido ni confrontado la injusticia racial y la discriminación que están tan profundamente arraigadas en la aplicación de la ley», denunció la ISHR.

“En ausencia de recursos internos, argumenta, una «comisión de investigación internacional independiente sería un complemento valioso y muy necesario para los esfuerzos nacionales y locales para deshacer las estructuras racialmente discriminatorias en la aplicación de la ley de los Estados Unidos»”, siguió la ONG.

“En su declaración, el Relator Especial también deja en claro que «el debate urgente es más que una oportunidad de discusión, es una oportunidad para una acción significativa». Ella y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre personas de ascendencia africana han instado al Consejo de Derechos Humanos a garantizar los siguientes resultados del debate: primero, la creación de una comisión internacional de investigación para investigar el racismo sistémico en la aplicación de la ley en el Estados Unidos; y, segundo, la creación de una comisión temática internacional de investigación para investigar el racismo sistémico en la aplicación de la ley a nivel mundial, con un enfoque en el racismo sistémico arraigado en los legados del colonialismo y la esclavitud transatlántica. Hicieron hincapié en que «ambas medidas descritas anteriormente son necesarias y no pueden sustituirse entre sí»”, concluyó la ISHR.

 

Un debate mucho más amplio: una politización continúa de los derechos humanos.

Las demandas del Grupo Africano de realizar una resolución sobre el tema de la discriminación racial hace eco a un problema de fondo del Consejo de Derechos Humanos: su polarización histórica entre los países occidentales y los países del sur del mundo.

A veces, no obstante eso en la realidad parezca superado ya desde hace tiempo, aquí nos creeremos todavía en llena Guerra Fría.

El problema levantado por el Grupo Africano sobre la discriminación racial y la brutalidad policial es un problema histórico, y pone en evidencia otros problemas endémicos a las sociedades del siglo XXI.

La violencia policial, el uso injustificado de bastones, gases lacrimógenos y balas hacia los manifestantes pacíficos desafortunadamente se transformaron en una rutina en casi todos los países del mundo, y eso no solamente al respecto del racismo.

Eso pasa cotidianamente en Chile desde el 18 de octubre, y también pasa cotidianamente en la cuna de la revolución francesa en contra de los “chalecos amarillos”.

En la “cuna de los Derechos Humanos” de Naciones Unidas, debate de este tamaño como lo levantado por el Grupo Africano suelen hacerse en contra de los Países No Alineados, como Venezuela o Nicaragua, por eso el hecho histórico de esta resolución.

Hoy el Grupo Africano está intentando de puntuar el dedo hacia uno de los “intocables” de este palacio en término de derechos humanos. Abrir esta puerta significaría abrir un nuevo camino, desconocido hasta el momento.

 

Por Elena Rusca, en Ginebra

 

[1] Todos los Países: https://www.un.org/es/hq/dgacm/regionalgrps.shtml

[2] https://www.un.org/es/durbanreview2009/ddpa.shtml

[3] El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. El Comité está compuesto por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. Las observaciones finales del Comité son una evaluación independiente del cumplimiento de los Estados con sus obligaciones de derechos humanos en virtud del tratado.

[4] Los expertos: Sr. Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Sra. Agnes Callamard, Especial Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

[5] Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Sra E. Tendayi Achiume.

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