Nacional

Jorge Lavandero demanda al Estado por atentado contra su vida cometido en 1984

El ex senador y diputado Jorge Lavandero presentó demanda civil en contra del Estado de Chile por atentado en contra de su vida cometido el 20 de Marzo de 1984 y que le dejó graves lesiones físicas.

En 1983, luego de 10 años de dictadura,  se produjeron grandes manifestaciones opositoras, que se conocieron con el nombre de “las protestas”. Fue tan intensa esta movilización social que el gobierno llamó como ministro del Interior a un político de larga trayectoria en la vida pública nacional como fue Sergio Onofre Jarpa, en la idea de enfriar el ambiente.

Con Jarpa se inició un periodo que se conoció como “la apertura”. Se sucedían huelgas y manifestaciones, en universidades, sindicatos y poblaciones. En las protestas que se daban mensualmente siempre morían ciudadanos.

En la protesta de los días 11 y 12 agosto de 1983 murieron 92 personas.

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En este contexto se permitió la publicación del único diario opositor en kioskos, “El Fortín Mapocho”, cuyo accionista principal y cabeza pública era Jorge Lavandero. Este medio debido a sus particulares características alcanzó amplia difusión en el país. Su tono era abiertamente opositor y de incisivas publicaciones, cosa que los chilenos no habían visto por 10 años.

El sr Lavandero era además columnista del periódico y duro crítico del gobierno militar. La legalidad de El Fortín Mapocho era precaria, varias veces fue clausurado y sus periodistas detenidos y llevados a tribunales militares.

Paralelamente Lavandero dirigía el llamado PRODEN (Proyecto de Desarrollo Nacional) que era una institución opositora reconocida muy sui generis ante la prohibición de los partidos políticos. Una fundación que hacía propuestas al país. Era ampliamente conocida en Chile y en el exterior. Las embajadas de países que no concordaban con el gobierno chileno le prestaban mucha atención.

El 4 de Septiembre de 1983 se llevó adelante la primera manifestación autorizada a la oposición, luego de 10 años de gobierno militar. Nadie quiso arrendar un escenario y sobre un camión que habitualmente vendía papas se llevó adelante el evento. Habló como único orador Jorge Lavandero, se calcula en 200 mil personas las que acudieron al llamado en general Velásquez con la Alameda.  La magnitud del sentimiento opositor impactó al país.

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De hecho emergía el sr Lavandero como líder de la naciente oposición. Los antiguos dirigentes estaban en el exilio, clandestinos o actuaban con la prudencia extrema que aconsejaba lo vivido. Quien daba la cara era Lavandero.

La violencia política era parte de la realidad nacional.  El gobierno actuaba a través de la Central Nacional de Informaciones cuyos innumerables crímenes han sido sancionados por los tribunales chilenos. Parte de la oposición también hacía en modesta pero entusiasta medida uso de armas.

La dureza del gobierno en la represión se justificaba por sus adherentes en la necesidad de mantener el orden público.

Sin embargo, se tomó conocimiento que el jefe de gobierno, el general Augusto Pinochet, había adquirido una serie de propiedades muy cuantiosas. Esto puso el debate público en otro sitio. En Chile se mira de manera muy distinta los actos autoritarios de un gobierno de los actos de corrupción.

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Los decenios conservadores de Prieto, Bulnes, Montt  que fundan la república, marcan el imaginario colectivo nacional. El erario nacional era cosa sagrada.

La denuncia la hizo el Lavandero.

El propio general Pinochet, respondió a las imputaciones el 7 de Marzo señalando que se trataba de los ahorros de toda su vida y que los saldos de precio los pagaría garantizados por hipotecas. La explicación dio paso a los más duros comentarios opositores y en particular de El Fortín Mapocho.

Ante ello Lavandero dirigió una investigación sobre las cuestionadas transacciones inmobiliarias del general.

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Cuando tuvo toda esta documentación, 12 escrituras y certificados, se comunicó telefónicamente con Emilio Philipi director de la revista HOY, de oposición muy moderada y prudente y le comentó que tenía todas las escrituras que acreditaban  la compra de 6 grandes terrenos de 14 hectáreas en el sector del Melocotón lo que se sumaba a la otra casa recién adquirida por 12 millones de dólares en Lo Curro. Le comentó también que le entregaría los antecedentes, para su pronta publicación,  en una rato más, a Jorge Donoso, director periodístico de El Fortín Mapocho para lo cual iría de inmediato a su casa. Esta conversación fue el 20 de marzo de 1984 a las 19.00 horas.

Todo indica que los teléfonos estaban intervenidos por los servicios de seguridad del gobierno.

Lavandero partió hacia la casa de Donoso y cuando llegaba a  Sucre se percató que era seguido por un vehículo con 5 hombres uno de los cuales hablaba por radio transmisor. Eran indudablemente agentes de los servicios de inteligencia.

Viró bruscamente y el auto lo siguió, con lo que confirmó  sus sospechas.

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Al llegar a la calle Diego de Almagro con Celestino Pereira, lo detuvo un semáforo, frente a la Iglesia Santa María tres autos lo cercaron impidiéndole mover el suyo; pensó que le dispararían y bajó del auto.

Caminó hacia el auto que tenía detrás vio cinco sujetos impasibles, intentó volver hacia su auto, sorpresivamente recibió un fierrazo en la cabeza, cayó al pavimento, mientras su sangre chorreaba el automóvil y el cemento, lo golpeaban buscando su cabeza. Trató de arrastrarse hacia debajo de su auto y le arrastraron  hacia fuera para seguir recibiendo fierrazos hasta perder el conocimiento.

Otros agresores  subieron al auto y extrajeron la documentación, las escrituras públicas e inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces.

Todo esto no duró más de tres minutos. Incluso fortuitamente pasaba por allí Enrique Krauss que luego fue Ministro del Interior, un niño y su madre le ayudaron.

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Luego se le trasladó a la Posta Central, de ahí al Instituto de Neurocirugía, luego por gestión de su cónyuge Ximena Risopatrón  por el temor que en un hospital público pudieran matarle, se llegó a la Clínica Indisa, una vez allí el médico tratante le díjo a su cónyuge que había que estar dispuestos a lo peor.

El gobierno puso carabineros de punto fijo en su habitación, que de hecho me incomunicaron, aunque se decía que era para mi protección.

Estuvo 17 días graves en la Clínica Indisa. Le quedaron secuelas hasta el día de hoy.

Nadie dudó de la motivación política de los atacantes.

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Le expresó públicamente su solidaridad el presidente de la República Argentina Raúl Alfonsín. Obviamente no se refería a un asunto entre privados, era algo político.

El Partido Democratacristiano acusó directamente al gobierno en declaración leída por su presidente, el ex canciller y futuro senador, don Gabriel Valdés Subercaseux.  En ella se señaló: “Hacemos responsable directamente al gobierno”… “El gobierno está en condiciones de identificar a los autores”…. 

El Ministro del Interior lamentó los hechos y pidió un Ministro en Visita que terminó siendo don Arnaldo Toro Leiva, el expediente con su investigación esta extraviado.

El Partido Radical señaló, en declaración pública: “Este asesinato frustrado contra el máximo ejecutivo de un diario de oposición constituye una intimidación para acallar sus ideas.

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Don Patricio Aylwin Azocar, futuro presidente de la República, señaló: “ Es una monstruosidad y una expresión del clima de violencia que está creando el actual régimen”.  

El actual Canciller Andrés Allamand  Zavala, repudió también el hecho (El Mercurio, Cuerpo C / página 3, 22 de Marzo de 1984).

El Movimiento Democrático Popular en que convergían los proscritos partidos comunista y socialista condenó también el atentado.

En igual sentido, condenando el acto como parte de la represión política se manifestaron el Partido Comunista, la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, el ex senador Tomás Pablo, el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) y otros.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 1983/84 señala esta agresión como parte de la represión política y una vulneración a la libertad de expresión.

Lavanderos busca ahora hacer efectiva la responsabilidad del Estado y sus agentes en estos hechos.

Le patrocinan como abogados Luis Toro y Roberto Ávila Toledo.

Roberto Ávila señaló “esperamos que la evidente responsabilidad del Estado de Chile en este intento de asesinato, derivado en graves lesiones, quede establecida en una sentencia judicial”,

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La acción judicial quedó radicada en el Tercer Juzgado Civil que deberá resolver el caso.

De su parte el abogado Toro concluyó: “ Fue un atentado contra un líder que luchaba y movilizaba la gente. Sin duda era un objetivo a neutralizar para los servicios de inteligencia de al dictadura. No era posible sindicar a Lavandero de ningún acto violento contra la dictadura, el representaba la oposición masiva, consciente, no violenta pero no dispuesta a dejarse atropellar por la dictadura”.

 

 

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