Colombia y el abuso policial

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 30 segundos

El gobierno de Iván Duque, el “delfín” del paramilitar y corrupto, Álvaro Uribe Vélez, es mil veces más criminal que su mentor que, afortunadamente, está recluido en su mansión, acusado de compra de testigos ex paramilitares.

Una vez acordada la paz, los paramilitares han ocupado el espacio de los antiguos guerrilleros, (sabemos, son mucho más crueles y despiadados y buscan la venganza). Los asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, así como de guerrilleros desmovilizados, se han multiplicado durante los dos últimos años.

La cuarentena, por el Covid-19, ha sido aprovechada por el gobierno de Iván Duque, a fin de pretender amainar la rebelión social, que protesta por el hambre, la miseria y en contra de los aleves asesinatos de los ciudadanos comprometidos.

En el mes de noviembre del año anterior los cacerolazos y manifestaciones en contra de las reformas neoliberales del gobierno abarcaron a casi la totalidad de las ciudades colombianas, (en Bogotá, por ejemplo, llenaron la Plaza de Bolívar).

Los gobiernos de la derecha colombiana son los aliados principales en la penetración norteamericana en América Latina, en especial, el gobierno de Donald Trump, los utiliza como cabeza de playa en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

La policía, al igual que la norteamericana y los carabineros en Chile, no sólo carecen de preparación en derechos humanos, sino que también los distintos gobiernos se sirven de ellos para perseguir a los ciudadanos que osan rebelarse, o que pertenecen a minorías, como es el caso de los ciudadanos afro estadounidenses, que, en el caso de George Floyd despertó el rechazo masivo en Estados Unidos: las grandes ciudades se constituyeron en escenarios de grandes manifestaciones en contra de la policía, que emplea métodos brutales y despiadados para detener a los ciudadanos, incluso, hasta provocarles la muerte por asfixia.

En Chile, desde mediados del mes de octubre, la acción de los Grupos Especiales dio lugar a maltratos de diversa índole, desde torturas y violaciones hasta ocasionar traumas oculares irreversibles, incluso, la ceguera total.

Los policías, que debieran asegurar la protección de la ciudadanía contra la delincuencia, se han convertido en guardia pretoriana de gobiernos reaccionarios, carentes de todo aprecio por el respeto a los derechos humanos y a la vida de los ciudadanos.

En Villa Luz, un barrio situado al oeste de Bogotá, un abogado, (trabajaba como taxista), salió a la tienda vecina y, con tan mala suerte que fue tomado preso por los policías de la Comisaría de ese barrio, que tiene fama, según los vecinos, de usar métodos violentos de represión en contra de indefensos ciudadanos. Javier Ordóñez, el abogado en cuestión, fue derribado al piso y, con maniobras asesinas, lo inmovilizaron, para luego propinarle doce descargas eléctricas que, quince minutos más tarde, le produjeron el desenlace fatal. Uno de los vecinos le gritaba al grupo de policías que cesaran la tortura en contra del detenido, y él mismo suplicaba, (al igual que Floyd en Estados Unidos), que le permitieran respirar.

En las noches del 9 y 10 de septiembre explota la ira popular en contra la represión policial, principalmente en la capital, y las ciudades aledañas a Bogotá, Soacha y Madrid, además de Medellín, Pereira, Cali y Popayán, especialmente.

Las manifestaciones del pueblo han aumentado, como también ha recrudecido la represión policial, arrojando un balance de 10 muertos, en su mayoría jóvenes, y cerca de doscientos heridos, en sólo dos días de enfrentamientos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, condenó enérgicamente el actuar de la policía, y ha solicitado una reforma radical de sus prácticas de represión en contra de los ciudadanos, así como de sus funciones en general.

El Presidente, Iván Duque, en la noche del 10 del mes en curso, se vio obligado a reaccionar y, en un discurso aguachento, condenó los abusos por parte de la policía, pero sobre todo a los participantes en las manifestaciones.

Hasta hoy se ha dado de baja a los dos policías implicados en del abogado Ordóñez, sin embargo, según testigos presenciales, los policías comprometidos en el homicidio fueron prácticamente la mayoría de los uniformados de la Comisaría del barrio Villa Luz.

En los gobiernos reaccionarios de América, el Estado se ha convertido en un ente represor, que utiliza la policía para llevar a cabo los brutales atropellos, pero hoy, frente a una ciudadanía que ha tomado conciencia de sus derechos, por consiguiente, ya no tolera los abusos y asesinatos de una ultraderecha paramilitar.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

11/09/2020

Síguenos:

1

0

20