Plebiscito y el riesgo de abrir un debate constitucional para legitimar el modelo de mercado

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La del plebiscito, como escribe el historiador y sociólogo chileno Felipe Portales, es una triste realidad. A saber, este proceso nació de un acuerdo entre los líderes de los partidos políticos de derecha, la ex Concertación y algunos del Frente Amplio, suscrito el 15 de noviembre de 2019 y sancionado como Reforma Constitucional en diciembre, ciertamente como reacción a la «revuelta» o a la «rebelión» social de octubre del año pasado.

Será una convención constitucional (y no una asamblea) que se reunirá para decidir sobre la nueva constitución. ¿El problema? Esta Convención debe aprobar necesariamente las normas constitucionales con un quórum de dos tercios.

“Ahora bien, si definimos (condicionalmente) la esencia de la democracia como la regla de la mayoría, esa Convención no cumplirá con ese requisito, ya que le dará a cualquier fuerza que obtenga más de un tercio de las convencionales un poder de veto virtual sobre ella. Y uno no debe ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que tal perspectiva, cualquiera que sea nuestra definición de democracia, favorece plenamente a la derecha; ya que siempre ha adquirido – desde 1990 – fácilmente más de un tercio de los votos y de los parlamentarios electos (con o sin sistema electoral binominal); y mucho menos que la mayoría”[1].

“Algunos hemos advertido sobre el carácter antidemocrático de ese quórum”, dice Felipe Portales en uno de sus artículos[2], y que “negar su importancia es también engañar objetivamente a las personas, dándoles expectativas ilusorias que no tienen fundamento real y que solo pueden traer una feroz decepción cuando ven que el texto final que debe aprobar la Convención es – ¡necesariamente! – producto de un consenso entre los partidos de derecha y los partidos de la ex Concertación; o que la Convención concluya, en medio de vetos, sin llegar a ningún texto definitivo; con lo que se seguirá rigiendo la actual Constitución firmada por Ricardo Lagos y todos sus ministros en 2005 ”.

“No es fácil -¡ni siquiera para nosotros los chilenos!- comprender nuestros opacos últimos treinta años. Se ha producido en Chile algo inédito. El que una coalición pretendidamente de centroizquierda -y que durante la dictadura efectivamente lo fue- se haya convertido solapadamente en una alianza de derecha fáctica; legitimando, consolidando y perfeccionando, particularmente durante sus veinte años ininterrumpidos de gobierno entre 1990 y 2010, el modelo de sociedad y economía neoliberal heredado de la dictadura”, explica Felipe Portales.

“Dicha derechización ha sido reconocida por el propio Edgardo Boeninger, principal ministro de Aylwin y considerado por todos como el padre de la «transición» chilena. Así, en un libro (muy poco leído, pero nunca desmentido) publicado en 1997 («Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad»; Edit. Andrés Bello, Santiago), Boeninger señaló que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación de Partidos por la Democracia llegó a una «convergencia» con el pensamiento económico de la derecha, «convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer»; y que «la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular; limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes» (pp. 369-70)”, continúa explicando Felipe Portales.

“Lo anterior nos permite entender un conjunto de fenómenos que en cualquier otro país habrían sido considerados absurdos: Primero, que la dirigencia de la Concertación (en una rápida y oculta negociación) le haya virtualmente regalado, a través de una Reforma Constitucional concordada con ella y Pinochet en 1989, la mayoría parlamentaria a la futura oposición de derecha, cambiando en su beneficio el quórum de aprobación de las leyes. Segundo, que los gobiernos de la Concertación, a través de la mantención de la discriminación del avisaje estatal hecha por la dictadura, más el bloqueo de fondos externos, ¡haya provocado el exterminio de la generalidad de los medios escritos de centroizquierda que se habían forjado laboriosamente en la década de los 80! Tercero, que aparte del Informe Rettig que desarrolló una muy positiva labor de esclarecimiento de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura; los gobiernos concertaciones hayan abandonado en los 90 toda búsqueda de justicia, culminando ello con la increíble y exitosa defensa de Pinochet frente a la Justicia internacional, «librándolo» de su detención y segura condena en Europa; y luego presionando a las cortes nacionales de Justicia que finalmente no lo condenaron. Y para terminar (respecto de los hitos más importantes) con la asunción de ¡la Constitución del 80 (impuesta por Pinochet) por Lagos y todos sus ministros que la suscribieron en 2005!, con algunos cambios de importancia pero que mantuvieron la esencia de la Constitución autoritaria y neoliberal. A tal punto, que hoy todos la siguen considerando como la Constitución del 80”, continúa el sociólogo chileno.

“En este contexto es que se comprende perfectamente que el liderazgo de la Concertación y de la derecha hayan fraguado (con otros grupos menores) para neutralizar la revuelta social contra el «modelo chileno», el funesto acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, por el cual se le da a la derecha un virtual poder de veto en la próxima «Convención Constitucional» (¡NO CONSTITUYENTE!) a través del quórum de los dos tercios para aprobar un nuevo texto constitucional (algo que la derecha ha obtenido -y lejos- en todas las elecciones desde 1990, con o sin sistema electoral binominal), de tal manera que el texto que se apruebe, tenga que ser con el visto bueno de la derecha; o se mantenga la Constitución actual. Con ello (al igual que en 1989) el liderazgo de la ex Concertación le traspasará las «culpas» de que no se obtenga una Constitución que permita sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad… a la derecha. Para poder seguir presentándose frente al país como la «centroizquierda» chilena”, concluye Felipe Portales.

La continuidad de un modelo a través de dos plebiscitos.

La democracia en Chile ha servido para mantener el modelo instaurado en la dictadura más que ser un instrumento para hacer cumplir la voluntad del pueblo o la mayoría de la sociedad.

“El modelo neoliberal fue la respuesta económica para oponerse a las economías socialistas reimpulsando al capitalismo que venía con una fuerte crisis en desarrollo desde la década del 60. La democracia como expresión política y jurídica del modelo fue imprescindible para su globalización donde su principal atributo fue y es la libre circulación de las inversiones”, explica José Leiva, periodista chileno. “La dictadura necesaria en sus inicios para implantar el modelo era un obstáculo para su desarrollo y pleno funcionamiento. Todas las dictaduras impuestas o apoyadas por Estados Unidos en América Latina en la década del 70 paulatinamente  transitaron a democracias a finales de los 80 y década del 90 en la medida que iban adoptando el modelo neoliberal”.

Chile, así como se consideró laboratorio para transitar al socialismo por la vía pacífica, de igual manera sirvió para conejillo de indias para la imposición del neoliberalismo. Para un reordenamiento estructural del sistema no era posible con la democracia, la dictadura feroz y sangrienta era imprescindible para neutralizar y dominar al movimiento social y político creado a través de décadas de lucha popular.

Es lo que se llama la doctrina del shock en que se “resetea” a una sociedad como antiguamente se hacía con los enfermos mentales mediante electroshock dejándoles la mente en blanco.

Así se reformuló la nueva economía donde se reemplazó a la industria manufacturera por la extractivista y exportadora de materias primas. Con ello se implantó en 1980, mediante un fraude, una Constitución adhoc al modelo. Todo lo que iba teniendo éxito en Chile, tanto en lo económico como en lo político, se fue aplicado en el resto de los países que se iban incorporando al modelo, casi todos en el mundo.

“En 1988 se realizó un plebiscito convocado por la dictadura ante la fuerte presión social e internacional para dirimir la continuidad del dictador Augusto Pinochet. La exigencia de ponerle fin a la dictadura era imprescindible para la viabilidad del modelo neoliberal. Ante la victoria electoral por el retorno a la democracia fue necesario estipular la continuidad tanto del modelo como su base política administrativa establecida en la Constitución del 80. Para ello se llegó a un acuerdo entre las fuerzas agrupadas en la Concertación por la Democracia constituidas por todas que estaban por la continuidad del neoliberalismo por vía democrática y el gobierno de la dictadura. Ese acuerdo contenía una serie de medidas como senadores designados que permitió a Pinochet ser senador vitalicio y otras cláusulas que hasta hoy son secretas”, sigue José Leiva.

De esa forma se creó un Estado inalterable mediante el voto popular que poco a poco se fue divorciando de la sociedad.

La Constitución fue creada expresamente para un sistema de libre mercado donde todas sus leyes favorecen fundamentalmente a los intereses del capital y empresarios. Es así que a lo largo de los 30 años post dictadura el más del 90% de las leyes promulgadas en el parlamento estaban relacionadas con las empresas y menos del 10% con leyes sociales.

“El plebiscito de 1988 consolidó la continuidad de la obra de la dictadura y creo un Estado totalmente funcional a los intereses del gran capital nacional y transnacional. Todo aquel que entra al aparato estatal es subsumido. Así se fue conformando una casta más conocida como “clase política” dedicada absolutamente a hacer funcionar el sistema. Las pretensiones de algunos partidos de izquierda para abogar por los intereses del pueblo al poco andar igualmente fueron absorbidas o corrompidas. La corrupción pasó a ser un rasgo distintivo de esta clase política. Fue asumiendo características propias de una clase social en la medida que obtenía beneficios del sector empresarial privado además de los propios del presupuesto estatal. Es así como se engendró una subclase administradora de los intereses de la clase burguesa. Un Estado que fue olvidando su rol de salvaguardar los intereses del conjunto de la sociedad y principalmente de la mayoría”, continúa explicando el periodista.

Todo intento de modificar la Constitución chocaba con sus mismas leyes.

“Con la entrada de la crisis del 2008 paulatinamente también se fue incorporando su ordenamiento jurídico. Ya el Estado sus instituciones fueron incapaces de dar soluciones a los problemas sociales, económicos, jurídicos y políticos que la misma crisis capitalista fue engendrando. Esta fue la principal causa del estallido del 18 de octubre del 2019. Fue contra el modelo, la clase política y por cambios estructurales. Ante esto la clase política, oposición y los del gobierno, elaboraron un “acuerdo de paz” cuyo objetico era un plebiscito que aprobara un proceso que permitiera cambios en la Constitución. Mediante un engendro llamado “Convención Constituyente” que no es una asamblea soberana y democrática. Todos sus puntos conducen a que sus integrantes sean los mismos de la clase política y de sus partidos. Crearon una comisión técnica dedicada a resolver los problemas que vayan surgiendo cuyas propuestas tienen que ser aprobadas por el parlamento, o sea, por el sistema y por los que el pueblo ya no quiere más”, concluye José Leiva.

Por Elena Rusca, en Ginebra

[1] Felipe Portales, https://www.elclarin.cl/2020/11/04/realidades-del-plebiscito/

[2] https://www.elclarin.cl/2020/11/04/realidades-del-plebiscito/

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