Con o sin “agenda de mínimos comunes” la institucionalidad del régimen cruje

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Siempre es después; sólo después que la pandemia hiciera estragos en la población – con la fatídica cifra de 30 mil muertos en un año – y que la existencia precaria se convirtiera en la norma corriente de vida de la gran mayoría de la población, que la casta política parlamentaria y el Gobierno de Piñera en plena crisis interna declaran allanarse a discutir una “agenda de mínimos comunes”. Por supuesto, el retiro de los 10% no basta para garantizar una vida tranquila. Y son tantos y tantas los excluidos … Así es como se ha instalado la incertidumbre ante el avenir, con la certeza que los años que vienen, si nada cambia fundamentalmente en el plano de los derechos sociales y la seguridad social, serán peores. En este clima de afectos apesadumbrados y de cólera ciudadana la presidenta del Senado, en uno de esos actos políticos en La Moneda en los que los poderes del Estado se engalanan para impresionar, encabeza una operación de salvataje para darle oxígeno a un cadáver político. Imposible soslayar el olor a rancia fritanga de cocina que impregna los naranjos del lugar. En apariencia, la presidenta del Senado y militante DC Yasna Provoste, con el aval del poder legislativo, le ha dado un ultimátum de dos semanas al presidente Piñera para llegar a acuerdos.

Ante la gravedad de la situación, la “institucionalidad”, ese fetiche conceptual invocado por la clase dominante para que nada cambie, cruje. “Queremos ratificar una vez más nuestra plena disposición a dialogar y buscar acuerdos que sean los más amplios y sólidos posibles, para que en lugar de enfrentarnos unos con otros, unamos nuestras fuerzas, que es lo que la gente nos está pidiendo”, indicó Sebastián Piñera. Recordemos que el Gobierno acaba de ser desautorizado por un peón del régimen, el conservador Tribunal Constitucional.

El pueblo ciudadano y trabajador que se ha expresado en cacerolazos, paros y movilizaciones exige respuestas sólidas y medidas pragmáticas. A Piñera no le queda más que reconocer la situación de crisis a la que la obcecación de su clase ha llevado al país. Su real intención, sin embargo, es impedir que el enfrentamiento de poderes agudice la crisis de ingobernabilidad generada por su propio gobierno, en el marco de esa misma “institucionalidad” invocada como un mantra por los poderes del Estado y las elites privilegiadas en las páginas editoriales de El Mercurio. En otras palabras, de una crisis larvada del sistema de dominación. Es la preocupación que se instaló en la casta política congresista: salvar una institucionalidad fallida y darle paso al ciclo electoral.

Las encuestas recientes han servido para poner de manifiesto que la percepción pública considera que esta institucionalidad ampara un Gobierno del Estado indolente, incompetente, presto a utilizar la represión policíaca para acallar las demandas populares. Se instala la idea de que es el Gobierno de un Estado trabado por las ultras derechas incompetentes en el arte de gobernar. Obvio, nada puede esperarse de ellas. Pues son el peso de la inercia de un modelo que durante años ha servido para enriquecer una minoría social y económica. Además de la mantención de un sistema de privilegios institucionalizado para las FFAA, garantes de ese “orden” represivo que las oligarquías necesitan para imponer su institucionalidad. Y una clase empresarial que con las riendas del Estado en sus manos ha devenido un factor clave de la crisis institucional, pero hábil en ocultarse y moverse en las sombras después de los escándalos de corrupción política. Otro signo de la crisis: ha quedado de manifiesto que no hay en el régimen político actual un contrapeso al desgobierno. El poder legislativo está marcado por el signo de la impotencia y de la corrupción.

Recién pareciera que Piñera está cediendo. Trotes, cabildeos, llamados telefónicos de Piñera a los grandes oligarcas que controlan la economía  para saber cuánto puede abrirse el cordón de la bolsa para suplir las carencias sociales. Piñera indicó que para extender las medidas en favor de la creación de empleo y reactivación se requiere “recaudar más recursos a través de un acuerdo tributario que permita allegar esos recursos adicionales y poniendo mucho énfasis en reducir las exenciones tributarias que no se justifican”. El oligarca y presidente tiene por lema “el Estado soy, y yo soy un empresario”. Y en Chile todos los empresarios son neoliberales. Primero optimizar ganancias, segundo aumentar la productividad, cuarto mantener salarios bajos, tercero practicar la austeridad en el gasto fiscal. Invocar la regla fiscal fue la plegaria de todos los ministros de Hacienda de la Concertación y la Nueva Mayoría. Con esos imperativos neoliberales los niveles de cesantía no importan.

Como por mera casualidad, Yasna Provoste, fervorosamente apoyada por los Quintana y Girardi, en nombre de la casta parlamentaria, se reúne con Piñera justo después que los trabajadores portuarios mostraran una clara voluntad de parar el país e invocaran la “unidad social y sindical”. Al tiempo que los trabajadores de la salud se movilizan en la calle y que la cúpula de la CUT se ve obligada a salir al ruedo. En momentos en que se asienta la idea que sólo la convergencia de las luchas sociales y sindicales y la articulación de las demandas de la diversidad de movimientos sociales da frutos. Ahí es cuando la presidenta del senado sigue los consejos del politólogo DC Carlos Huneeus, quien en una reciente columna planteaba que para que la institucionalidad funcione, las oposiciones parlamentarias deben ser buenitas y “leales” colaboradoras con el Ejecutivo; poco importa la calidad democrática de éste, porque cuando sectores de la oposición parlamentaria se ponen a defender los intereses populares, según la clasificación del académico de la U de Chile, esta es “fundamentalista”. Justo en momentos cuando la diputada y muy posible candidata presidencial Pamela Jiles anuncia con presentar un cuarto retiro del 10%, es decir otro torpedo directo al negociado de las AFP. Si la diputada Jiles presentara un Programa de Gobierno, que retomara las reivindicaciones que desde hace una década levanta el pueblo movilizado, la candidata favorita en las encuestas, les taparía la boca a los que temen que ponga su prestigio al servicio de cambios estructurales desde un gobierno que tendría un sello de innegable estirpe popular.

Por Leopoldo Lavín Mujica

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