Constituyentes exigen liberación de presas y presos políticos

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En Chile se ha vuelto costumbre dejar heridas abiertas y convivir con la injusticia y la impunidad. A los miles de casos de Detenidos Desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Dictadura de Pinochet que han quedado impunes, se suma ahora la gravísima situación provocada desde el Estallido o Revuelta Social de octubre de 2019, con abusos sistemáticos y cientos de personas privadas de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes burdos orquestados por una de las instituciones más desprestigiadas del país (Carabineros), y cuyas medidas cautelares no se ajustan a principios de objetividad e imparcialidad.

A marzo de este año en Chile existían alrededor de 2.500 jóvenes en prisión preventiva por hechos acaecidos en protestas sociales. Muchos de estos casos afectan a menores de 15 años y en su gran mayoría, se trata de menores de 30 años sin antecedentes penales. En el país se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales.

Ningún país que se considere democrático y que ya está viviendo un proceso constituyente puede permitirse tal nivel de injusticia e impunidad. Ad portas de instalar la Convención Constitucional para que inicie su labor, no es posible eludir las injusticias cometidas contra jóvenes que, cansados de una vida precaria e indigna, dieron el puntapié inicial a todo este proceso.

Por ello, hacemos un llamado urgente al poder constituido a asumir el desafío de construir un país más justo y más solidario. Mientras muchos celebramos el futuro prometedor que podemos construir como sociedad, existe una realidad paralela, cruda y desgarradora, ante la cual no podemos quedar indiferentes.

Por lo tanto, exigimos la libertad inmediata de todas las presas y presos políticos, con especial urgencia para las y los menores de edad que han sido sometidos a procesos judiciales y encarcelados en centros del SENAME, en abierta vulneración de todos los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia. En ese sentido, apoyamos las demandas de las agrupaciones de familiares y amigos de presos políticos de la Revuelta, así como de las demás organizaciones que los han acompañado durante todo este difícil período.

Finalmente, llamamos a la conformación urgente de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, autónoma del Estado, pero financiada por este, compuesta por un espectro amplio y diverso de organizaciones sociales, que se haga cargo de indagar sobre las violaciones sistemáticas, masivas y gravísimas de los derechos humanos perpetrados por parte de agentes del Estado.

Hacemos un llamado a las y los constituyentes electos a sumarse a esta exigencia. La triste y dolorosa historia de nuestro pasado reciente ha demostrado con creces que no es posible construir un país sano sobre cimientos tan poco sólidos, como lo son la injusticia y la impunidad.

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