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Constituyentes exigen liberación de presas y presos políticos

En Chile se ha vuelto costumbre dejar heridas abiertas y convivir con la injusticia y la impunidad. A los miles de casos de Detenidos Desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Dictadura de Pinochet que han quedado impunes, se suma ahora la gravísima situación provocada desde el Estallido o Revuelta Social de octubre de 2019, con abusos sistemáticos y cientos de personas privadas de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes burdos orquestados por una de las instituciones más desprestigiadas del país (Carabineros), y cuyas medidas cautelares no se ajustan a principios de objetividad e imparcialidad.

 

A marzo de este año en Chile existían alrededor de 2.500 jóvenes en prisión preventiva por hechos acaecidos en protestas sociales. Muchos de estos casos afectan a menores de 15 años y en su gran mayoría, se trata de menores de 30 años sin antecedentes penales. En el país se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales.

 

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Ningún país que se considere democrático y que ya está viviendo un proceso constituyente puede permitirse tal nivel de injusticia e impunidad. Ad portas de instalar la Convención Constitucional para que inicie su labor, no es posible eludir las injusticias cometidas contra jóvenes que, cansados de una vida precaria e indigna, dieron el puntapié inicial a todo este proceso.

 

Por ello, hacemos un llamado urgente al poder constituido a asumir el desafío de construir un país más justo y más solidario. Mientras muchos celebramos el futuro prometedor que podemos construir como sociedad, existe una realidad paralela, cruda y desgarradora, ante la cual no podemos quedar indiferentes.

 

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Por lo tanto, exigimos la libertad inmediata de todas las presas y presos políticos, con especial urgencia para las y los menores de edad que han sido sometidos a procesos judiciales y encarcelados en centros del SENAME, en abierta vulneración de todos los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia. En ese sentido, apoyamos las demandas de las agrupaciones de familiares y amigos de presos políticos de la Revuelta, así como de las demás organizaciones que los han acompañado durante todo este difícil período.

 

Finalmente, llamamos a la conformación urgente de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, autónoma del Estado, pero financiada por este, compuesta por un espectro amplio y diverso de organizaciones sociales, que se haga cargo de indagar sobre las violaciones sistemáticas, masivas y gravísimas de los derechos humanos perpetrados por parte de agentes del Estado.

 

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Hacemos un llamado a las y los constituyentes electos a sumarse a esta exigencia. La triste y dolorosa historia de nuestro pasado reciente ha demostrado con creces que no es posible construir un país sano sobre cimientos tan poco sólidos, como lo son la injusticia y la impunidad.

 

Adhieren:

 

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Dayyana González Araya, Distrito 3

Constanza San Juan, Distrito 4, (ACA)

Ivanna Olivares, Distrito 5

Lisette Vergara, Distrito 6

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Cristóbal Andrade, Distrito 6

Tania Madriaga Flores, Distrito 7

Camila Zárate, Distrito 7

Marco Antonio Arellano Ortega, Distrito 8

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Alejandra Pérez, Distrito 9

Manuel Woldarsky, Distrito 10

Natalia Henríquez Carreño, Distrito 9

Ingrid Villena, Distrito 13

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Rodrigo Rojas Vade, Distrito 13

Francisco Caamaño Rojas, Distrito 14

Loreto Vallejos Dávila, Distrito 15

Gloria Alvarado, Distrito 16, (Lista Corrientes Independientes)

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Elsa Labraña, Distrito 17

Fernando Salinas Manfredini, Distrito 18

Francisca Arauna Urrutia, Distrito 18

César Uribe, Distrito 19

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Adriana Ampuero, Distrito 26

Elisa Giustinianovich Campos D28

 

Sujeto a más adhesiones  

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