Juzgado de Talagante deja en prisión preventiva a Carabinero de Fuerzas Especiales por torturas y falsear los hechos durante el estallido social

El Juzgado de Garantía de Talagante decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva del cabo primero de la prefectura de Operaciones Especiales de Carabineros Miguel Ángel Toledo Álvarez, imputado por el Ministerio Público, junto a otros cuatro funcionarios policiales, como autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público. Ilícitos perpetrados en octubre de 2019, en la comuna de Padre Hurtado.

En la audiencia de formalización, el magistrado Cristián Cáceres Molina ordenó el ingreso en prisión preventiva de Toledo Álvarez por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

En tanto, el tribunal dejó al coimputado y mayor de Carabineros Jean Pierre Hirsh Aceituno, sujeto a las cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario total, la prohibición de porte y tenencia de arma de fuego y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y a la víctima.

En el caso del sargento segundo Enrique Pulgar Pacheco, el cabo primero Francisco Tapia González y el cabo segundo Máximo Huaiquiñir Calluil se les impuso las medidas de arraigo nacional, firma quincenal y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y a la víctima.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 22:40 horas del 21 de octubre de 2019, Bernardino Becerra Riquelme, quien presenta una hipoacusia severa, conducía en compañía de Freddy Herrera Suárez, su automóvil particular por la avenida Los Silos de la comuna de Padre Hurtado. Frente al número 187 de dicha arteria, fue impactado en la parte posterior izquierda por el vehículo policial blindado J-874. “Zorrillo” que iba al mando del mayor de Carabineros de dotación de la Prefectura Operaciones Especiales GOPE, Jean Pierre Hirsh Aceituno y que era conducido por el cabo primer Francisco Tapia González. Debido al impacto, la víctima perdió el control del vehículo, colisionando contra un muro.

Tras el choque, Herrera Suárez descendió del vehículo y huyó del lugar; en tanto, los efectivos policiales bajaron del blindado portando armas de fuego institucionales, rodearon el vehículo de la víctima, ubicándose el sargento segundo Pulgar Pacheco y el cabo segundo Huaiquiñir Calluil en la parte posterior; y en la parte delantera izquierda y frente, el cabo primero Toledo Álvarez y el mayor Hirsh Aceituno, respectivamente, procediendo Toledo Álvarez a disparar a la víctima que se encontraba al interior del vehículo en, a lo menos, en tres oportunidades.

Uno de los disparos impactó en el parabrisas delantero del vehículo, otro, en el abdomen de la víctima y el tercero en su brazo izquierdo. Pese a estar herido, Becerra Riquelme logró salir del lugar a bordo de su automóvil, trasladándose hasta el domicilio unos familiares, a quienes pidió auxilio antes de perder el conocimiento.

A consecuencia de los disparos, la victima resultó con una herida por arma de fuego, aparentemente de grueso calibre, en tórax anterior por debajo del reborde costal con exposición de tejidos blandos y otra herida con sangrado profuso en brazo, de carácter grave, según el registro de atención de urgencia del Hospital San Juan de Dios. En tanto, el informe médico legal consigna que las lesiones se deberían a “la acción de múltiples proyectiles de un arma de fuego, de pronóstico médico legal grave”, que sanan previo tratamientos quirúrgicos especializados, en 60 a 75 días con igual tiempo de incapacidad, “dejando secuelas funcionales que se encuentran aún en rehabilitación y secuelas estéticas notoriamente visibles y deformantes en áreas no expuestas habitualmente. Lesiones hubiesen resultado mortales de no mediar socorros médicos oportunos y eficaces”.

Asimismo, al momento en que los efectivos policiales rodearon el vehículo, el copiloto y acompañante Freddy Herrera Suarez, al huir del lugar por calle Los Silos en dirección al oriente, también resultó herido por impactos de perdigones en las extremidades inferiores.

Posteriormente, el 24 de octubre de 2019, los imputados denunciaron los hechos, según da cuenta un parte policial de la Tenencia Santa Rosa de Chena, como un delito de atentados en contra de la autoridad, faltando a la verdad, al afirmar que fueron atacados por el vehículo conducido por la víctima, alterando, además, la fecha de elaboración del documento falaz, al consignar que fue suscrito a las 00:15 hora del 22 de octubre de 2019.