Se aprueba la resolución contra Rusia en el Consejo de Derechos Humanos: ¿medida humanitaria o medida política?

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El Consejo de Derechos Humanos, durante su 49ª sesión, en un clima de tensiones generales, aceptó hoy la resolución «situación de los derechos humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa», adoptada con 32 aprobaciones, 13 abstenciones y 2 rechazos. Una comisión de investigación independiente será nombrada por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos para evaluar las violaciones de derechos humanos de los rusos.

Solo Armenia, Bolivia, Camerún, China, Cuba, Gabón, Kazakstán, Libia, Namibia, Pakistán, Sudan, Uzbekistán y Venezuela se abstienen, y Rusia y Eritrea rechazan.

A pesar de muchas tensiones, las mayorías de los países valida hoy la comisión de investigación para evaluar las violaciones de derechos humanos cometidas durante las agresiones rusas a Ucrania. Tres expertos en derechos humanos serán nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos por una duración inicial de un año.

Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos establecidas por mandato de las Naciones Unidas se utilizan cada vez más para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, tanto si estas son prolongadas, como si se derivan de acontecimientos súbitos, y para promover la responsabilidad por dichas violaciones y combatir la impunidad.

Dicha comisión tendrá los siguientes mandatos:

1. a) Investigar todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario y delitos conexos en el contexto de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, y establecer los hechos, las circunstancias y las causas profundas de dichas violaciones y abusos;
2. b) Reunir, consolidar y analizar pruebas de tales violaciones y abusos, incluida su dimensión de género, y registrar y conservar sistemáticamente toda la información, documentación y pruebas, incluidas entrevistas, testimonios de testigos y material forense, de conformidad con las normas del derecho internacional, en vista de cualquier procedimiento legal futuro;
3. c) Documentar y verificar la información y las pruebas pertinentes, incluso mediante la participación sobre el terreno, y cooperar con las entidades judiciales y de otro tipo, según proceda;
4. d) Identificar, cuando sea posible, a las personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o violaciones del derecho internacional humanitario u otros delitos conexos en Ucrania, con miras a asegurar que los responsables rindan cuentas;
5. e) Formular recomendaciones, en particular sobre medidas de rendición de cuentas, todo ello con miras a poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas, incluida, según proceda, la responsabilidad penal individual y el acceso a la justicia de las víctimas;
6. f) Proporcionar al Consejo de Derechos Humanos, en su 51º período de sesiones, una actualización oral, seguida de un diálogo interactivo, y un informe completo por escrito en su 52º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo, y presentar un informe a la Asamblea General en su septuagésimo séptimo período de sesiones;

“Escuchando las intervenciones de algunos países, parecería que se ha hecho justicia a las atroces violaciones de los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente. Baste mencionar los vuelos secretos con personas secuestradas, las ejecuciones extrajudiciales, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y criminales bloqueos contra pueblos enteros, y el establecimiento de campos de concentración y tortura. Ni una sola resolución se ha podido adoptar sobre esas graves situaciones. No lo han permitido muchos de los que hoy demandan actuación inmediata ante los acontecimientos en Ucrania”, se exclama Embajador de la Misión Permanente de Cuba antes las Naciones Unidas (ONU) de Ginebra, Suiza, Juan Antonio Quintanilla Román antes el Consejo durante la votación.

“Jamás se logrará una real cooperación en materia de derechos humanos sin el consentimiento y el compromiso de los Estados concernidos. El proyecto de resolución presentado, vulnera los principios básicos del diálogo respetuoso, la no selectividad y la no politización, que deben guiar la labor del Consejo. Es un texto parcializado que no responde a preocupaciones genuinas por la situación de derechos humanos en Ucrania. Mucho menos ofrece soluciones para promover el ejercicio efectivo de esos derechos, sin exclusiones. Asignar responsabilidades a solo una de las partes involucradas es, cuando menos, un enfoque sesgado e incompleto del asunto, que no podemos apoyar”, concluye el embajador cubano.

Medida coercitiva: un ejemplo de medida “pacifica”.

Las medidas coercitivas comprenden a todos aquellos protocolos diseñados para responder a una conducta desafiante y en los que se emplea de alguna forma la fuerza física, con el fin de limitar o restringir el movimiento. En política, la medida reprime o impide hacer algo al país que se encuentra bajo medida coercitiva.

Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Taiwán levantaron medidas coercitivas hacia Rusia desde el principio de su agresión a Ucrania.

Se limita la circulación de información, de dinero, hasta la de movimiento. Se limitaron tantas cosas que hasta el Comité de Derechos Humanos tuvo que emitir un comunicado para que los rusos puedan seguir participando al comité. “Los representantes de los estados miembros que asisten a una conferencia internacional en Suiza pueden viajar de conformidad con el derecho internacional. Suiza no niega el acceso a los delegados de los estados miembros de la ONU que viajan a su territorio por asuntos oficiales”.

Las medidas coercitivas son una “moda diplomática” muy actual. Desde 2017  Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela más  de 150 medidas coercitivas unilaterales, con el propósito de generar un clima de desestabilización en el país, que lleven a la salida del poder del Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

“Las provocaciones de Estados Unidos y la OTAN están basadas en una visión hegemónica del mundo, la misma que causó el malestar actual tanto de la populación ucrania que rusa”, denuncian los representantes permanentes venezolanos durante las votaciones. “No se puede obtener una solución polarizando e instrumentalizando los derechos humanos con fines políticos”.

De hecho, no es un caso si durante el mes de agosto del año pasado Alena Douhan, Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Obiora Okafor; Experto independiente en derechos humanos y solidaridad internacional; Livingstone Sewanyana; Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Tlaleng Mofokeng Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, pidieron a los países que imponen sanciones unilaterales que las retiren o al menos las minimicen para garantizar que el estado de derecho y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, no se vean afectados.

“Las sanciones dificultan que poblaciones enteras se mantengan saludables y obstaculizan el transporte de bienes necesarios para el desarrollo económico, resultan en el desperdicio de recursos naturales, socavan la sostenibilidad ambiental y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dijeron los expertos. “Las actividades esenciales para el desarrollo de todos los países sufren cuando se imponen sanciones unilaterales”.

Los expertos dijeron que las personas en países seleccionados como Venezuela, Cuba, Siria e Irán se hunden en la pobreza porque no pueden obtener servicios esenciales como electricidad, vivienda, agua, gas y combustible, y mucho menos medicinas y alimentos.

“Cuando las sanciones de Estados Unidos bloquean los servicios de teleconferencia y datos en estos países y en otros lugares, las personas quedan excluidas de los seminarios web y las reuniones en línea para obtener información, intercambios, educación y capacitación, y los médicos no pueden consultar las bases de datos médicos”, dijeron los expertos.

Debates urgentes: ¿otra moda?

En los últimos años varios debates urgentes se han sucedidos adentro de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

El 11 de septiembre de 2020 el embajador alemán Michael von Ungern-Sternberg, en una declaración conjunta en nombre de la Union Europea, había demandado a la Presidenta del Consejo de Derechos Humanos, Elisabeth Tichy-Fisslberger, añadir un debate urgente sobre Bielorrusia por la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se abrió hoy en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza.

“Las desapariciones forzadas, los secuestros y expulsiones forzosas y las detenciones arbitrarias continúan ocurriendo todos los días en Bielorrusia. En los últimos días hemos sido testigos de una nueva escalada de violencia e intimidación contra miembros del Consejo de Coordinación y otros representantes de la sociedad civil. La líder de la oposición, Maria Kolesnikova, fue secuestrada y los periodistas perdieron sus acreditaciones. Por lo tanto, la situación sobre el terreno justifica claramente un debate urgente. El Consejo de Derechos Humanos no debe guardar silencio sobre este asunto” declaró en ese entonces, Michael von Ungern-Sternberg, en nombre de la Unión Europea.

En ese entonces era Bielorrusia el país a destrozar. Casualidad: País no alineado.

En ese entonces también se hablaba de manipulación y politización del Consejo.

“La complementariedad con la economía rusa”, nos explicaba en ese entonces Yuri Colombo corresponsal por “Il Manifesto” en Rusia en una entrevista al periódico “PuntoCritico”, “es un legado de la URSS, es una fortaleza, pero también un talón de Aquiles: Rusia durante mucho tiempo subsidió a Bielorrusia vendiéndole petróleo a precios inferiores al mercado. Hidrocarburos que luego Bielorrusia refina o revende directamente al exterior con operaciones de triangulación. Pero Putin ha dejado de alimentar a Lukashenko desde 2019, es decir, desde que se dio cuenta de que las perspectivas de unificación entre los dos países eran una quimera. Por último, pero no menos importante, hay una cuestión nacional, ya que Lukashenko ha hecho todo lo posible para degradar las características peculiares del idioma nacional, aboliendo el estatus del bielorruso como idioma nacional junto con el ruso”.

“Podemos caracterizar al régimen de Lukashenko como un sistema capitalista de estado con elementos de paternalismo soviético”, sigue Yuri Colombo. “Hasta hace unos años había mantenido el sistema soviético de cobertura social, un estado de bienestar muy modesto pero aún significativo si lo comparamos con los procesos de privatización y desregulación que tuvieron lugar en los otros países de la ex URSS. En el sector estatal, que todavía produce el 70% del PIB hoy, todavía hay seguridad laboral, pero los salarios son muy bajos y suben y bajan según las órdenes de la empresa. El desempleo es muy bajo, como también en Rusia, pero esto se debe al hecho de que los salarios son muy bajos y siempre hay trabajo no calificado disponible. El año pasado se introdujo una mini reforma previsional, ahora la edad de jubilación para las mujeres se ha convertido en 58 y 63 para los hombres, pero en las fábricas este cambio ha sido mal digerido, porque el país sigue siendo un país industrial y el trabajador quiere jubilarse anticipadamente porque la esperanza de vida es baja – en promedio 74 años y para los trabajadores quizás no más de 70. También en 2018 se introdujo un nuevo sistema tributario, en el que incluso aquellos que no trabajan deben pagar un mínimo de impuestos. Lukashenko lo ha llamado ‘el impuesto contra los perezoso’ y afecta a quienes prefieren trabajar ilegalmente o colaborar con empresas extranjeras”.

Sin embargo no pasó lo mismo que pasó con Bielorrusia y Rusia cuando se trató de pedir un debate urgente después del asesinado de George Floyd en Estados Unidos.

Aunque es conocido y documentado el racismo así que la violencia sistemáticos hacía los afrodescendientes en Estados Unidos, la resolución del debate urgente de ese caso solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la asistencia de los titulares de mandatos de procedimientos especiales relevantes, para preparar un informe sobre racismo, violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y pueblos de África descendencia por parte de las fuerzas del orden, especialmente aquellos incidentes que resultaron en la muerte de George Floyd y otros africanos y afrodescendientes, para contribuir a rendición de cuentas y reparación para las víctimas, sin, en ningún momento nombrar a la responsabilidad del País alineados de Estados Unidos.

Guerras políticas, guerras silenciosas

Al final, no debería sorprendernos la decisión sin precedentes de ayer de la Unión Europea (UE) de ofrecer protección temporal a los refugiados que huyen de Ucrania. 1 millón de refugiados sobre los 82,4 millones de personas refugiadas en el mundo, de los cuales 6,7 millones son sirios, 4 millones son venezolanos, 2,6 millones son afganos, 2,2 millones son sudaneses del sur y 1,1 millones son de Myanmar.

No debería sorprendernos si cuando Estados Unidos se fueran de Afganistán los afganos quienes estaban huyendo de los talibanes no tuvieron el mismo trato.

No debiera sorprendernos si cuando se habla de Palestina en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos los asientos de los diplomáticos y de la prensa quedan vacíos.

“Son conflictos congelados, que no avanzan”, dirán, en respuesta de su ausencia en la sala. Pero, la pregunta nace casi espontanea, ¿Por qué siguen siendo congelados? ¿A quién le acomoda más?

Por Elena Rusca, Ginebra, 4.03.2022

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