La lucha de los defensores de los derechos humanos contra la corrupción
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“La corrupción a menudo se descarta como inevitable o inofensiva, o como un delito sin víctimas. Pero no es ninguna de esas cosas. Cada vez que alguien acepta un soborno, le da trabajo a un pariente no calificado o desvía dinero destinado a un hospital o una escuela a su propio bolsillo, es un ataque a los derechos humanos”, Lo denunció ante el Consejo de Derechos Humanos la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor.
“La corrupción es fundamentalmente un problema de derechos humanos, y los defensores de los derechos humanos que trabajan para prevenirla son atacados, incluso asesinados, en todo el mundo por su defensa pacífica”, dijo La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, presentando a su último informe frente a la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
A la fecha, no existe una definición única y homogénea a nivel internacional del término corrupción.
Sorprendentemente, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción tampoco proporciona una definición sucinta de este fenómeno, aunque sea destinada específicamente a promover y fortalecer las medidas encaminadas a prevenir y combatir la corrupción con mayor eficacia y promover y apoyar la cooperación internacional en esta área.
Un enfoque común de la noción de corrupción viene dado por la definición propuesta por la ONG Transparency International, según la cual corrupción significa la «apropiación indebida para fines privados de un poder delegado».
En octubre de 2020, el Secretario General subrayó que la corrupción no es sólo un delito, sino también un acto inmoral y la más grave traición a la confianza hacia un pueblo. Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha destacado hace rato que la corrupción socavó las instituciones democráticas, ralentizó desarrollo económico y contribuyó a la inestabilidad gubernamental.
La corrupción ataca los cimientos de las instituciones democráticas distorsionando los procesos electorales, socavando el estado de derecho y creando trampas burocráticas cuyo único propósito es estar solicitando sobornos.
La corrupción es un problema de derechos humanos. Personas movidas por preocupaciones relacionadas con estos derechos, que, de manera pacífica, luchan contra la corrupción y a favor de la transparencia y el estado de derecho son defensores y defensores de los derechos humanos.
“La lucha contra la corrupción es uno de los temas más peligrosos para las defensoras de derechos humanos y también para los periodistas”, dijo Lawlor. Así, tras consultas directas con defensores que trabajan contra la corrupción, la Relatora Especial dijo que encontró que “eran objeto de vigilancia electrónica y física, ciberataques, amenazas directas, campañas de calumnias, acoso en línea, criminalización y hostigamiento legal, ataques a su propiedad y a su integridad física, incluido el asesinato. Las empresas y los gobiernos los atacan porque temen exponer su corrupción”.
“Cada vez que alguien acepta un soborno, da trabajo a un pariente no calificado o desfalca dinero destinado a un hospital o una escuela, hay un ataque a los derechos humanos”, insistió el Relator Especial, que deploró que la corrupción a menudo se percibe como un delito en el que no hay víctima, siendo que es una cuestión fundamental de derechos humanos.
Aunque no existe una definición unánime, se puede hacer una distinción entre diferentes formas de corrupción, incluida la corrupción cometida por el Estado y la corrupción es realizada por actores del sector privado, así como entre formas activas y pasivas de corrupción.
La corrupción en el sector público puede ocurrir en el gobierno, administración, poder legislativo o poder judicial.
En estos contextos, el Estado es, por supuesto, responsable de cualquier violación de los derechos humanos resultante de las acciones de las personas que ejercen una función pública, en particular cuando esta violación tiene como objetivo a los activistas anticorrupción.
Sin embargo, algunas delegaciones expresaron reservas, señalando que la labor de los defensores de los derechos humanos nunca debe enmascarar injerencias en la soberanía de los Estados, maniobras políticas o denuncias falsas con el fin de causar daño. ¿Miedo de denuncias falsas…o que se descubran terribles realidades?
¿Abandonados por Naciones Unidas?
La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, indicó que ha estado hablando con defensores de derechos humanos de Ucrania, Afganistán, Colombia, y de otros lugares. Algunos ahora se sienten abandonados por las Naciones Unidas.
Mary Lawlor recordó que había presentado un informe el año pasado que mostraba la impactante escala y naturaleza de los cientos de asesinatos de defensores de los derechos humanos perpetrados cada año, con una investigación de la Oficina del Alto Comisionado de derechos humanos que mostró que en los últimos años los defensores de los derechos humanos han sido asesinados en 64 Estados Miembros, o un tercio de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
La experta recordó que luego había pedido a los Estados que la ayudaran a evitar que se cometieran otros asesinatos: pero no le llegó ninguna invitación de ningún Estado para explorar los medios para prevenir los asesinatos de defensores de los derechos humanos.
La Relatora Especial informó que desde ese llamamiento el año pasado, había enviado 30 comunicaciones a los Estados en relación con otros asesinatos de defensores de los derechos humanos. Volvió a pedir a los estados que se comuniquen con su mandato para explorar formas de poner fin a los asesinatos. «No debemos dar la impresión a los defensores de los derechos humanos que están terriblemente amenazados de que Ginebra está tan lejos», argumentó Mary Lawlor.
Elena Rusca, Ginebra, 13.03.2022
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