Los plazos y normativas que complican la instalación de la nueva constitución; la propuesta del gobierno y el rechazo del PS

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La comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional (CC) sesionó el fin de semana en la Biblioteca Regional de Antofagasta para debatir las propuestas recibidas desde las comisiones temáticas que proponen plazos para implementar el texto constitucional.

Luego de debatir los insumos recibidos, la instancia inició una ronda de exposiciones de autoridades y representantes de órganos del Estado. En ese contexto, recibió al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien aseguró que “para que el proceso sea exitoso se requiere dar certeza jurídica y garantías a los derechos de las personas”. De igual manera, propuso a la comisión “postergar las reglas del Poder Legislativo hasta que esté en funcionamiento el nuevo diseño; excepto el quorum simple”.

En tanto, sobre la Cámara de las Regiones, el ministro Jackson planteó que todos los senadores terminen su periodo el año 2025 o bien que los representantes regionales sean elegidos de forma diferida. En relación con los recursos para concretar los derechos sociales, lo vinculó a las reformas tributarias que se trabajan por el Ejecutivo, pero insistió que requieren ley”.

Gradualidad

Los convencionales también escucharon la exposición del Contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien se refirió a los plazos y normativas necesarias para que entre en vigencia la nueva Carta Magna.

En esa línea, planteó como alternativa que el Presidente de la República firme decretos con fuerza de ley adecuatorios, a fin de acelerar los procesos, en temas como paridad, escaños reservados, normas ambientales y de probidad. Agregó que la ventaja es que estos decretos están bajo control de organismos como la Corte Constitucional y la misma Contraloría.

• En cuanto a los organismos que deberán ser creados para garantizar los derechos sociales (Sistema Integral de Cuidados, Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Educación, etc.) dijo que se requerirá la tramitación de proyectos de ley.

• El contralor también llamó la atención de los constituyentes respecto de la norma que deja en manos de la Corte Constitucional las resoluciones de competencias que actualmente están en manos de la Contraloría. Esto a partir del vacío que quedaría en dichos conflictos hasta que comience el nuevo sistema.

• Sobre las normas del Estado Regional puso el acento en las dificultades que puede enfrentar, como la escasez de recursos y personal; debilidad de estructuras locales o la excesiva dependencia del poder central.

El lunes el ministro Jackson se reunió con los partidos políticos de la coalición de gobierno y planteó la propuesta de decretos del contralor Bermúdez. La idea, sin embargo, no concitó consenso dentro de los partidos del oficialismo. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), replicó que “las dictaduras legislan por decreto” y lo mismo hizo su par de la Cámara, Raúl Soto (PPD). “No me gustan los atajos institucionales que son propios del autoritarismo”, dijo.

Jackson, según publica La Tercera, afirmó que “nosotros no estamos planteando que el Ejecutivo reemplace en aquellas cosas fundamentales que requieren una nueva ley el rol legislativo, sino que tenga que presentar los proyectos en algún plazo, que se determine por una Comisión que pueda encontrar los plazos razonables para que sea implementable esta Constitución”.

Y agregó: “Pero, al mismo tiempo, un contrapeso en el sentido de que si es que no se logra legislar en cierto plazo -para que no se transforme en letra muerta- que también el propio Congreso tenga un incentivo a llegar a acuerdos. Es importante que haya un incentivo para llegar a acuerdos para poder resolver los problemas y no perpetuarlos y que no tengamos que en 10 o 15 años después haya una norma que todavía no tiene una legislación correspondiente para su implementación”.

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