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Chile hace historia: nueva Constitución democrática

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Cuando María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional alzaron los brazos teniendo en alto el texto de la Carta Magna elaborada al cabo de un año de trabajo, se abrió una luz de esperanza por cambios profundos en favor de Chile y los chilenos, lo que debe quedar consagrado en el plebiscito de salida en septiembre próximo.

Este cuatro de julio el texto dado a conocer – ante el odio furibundo de la derecha – recoge claramente las aspiraciones populares para vivir mejor y vencer la desigualdad: hay allí un Estado activo, más democracia, derechos sociales, naturaleza, descentralización, paridad, pueblos originarios, todo lo cual permanecía excluido.

La nueva Constitución Política de la República es la esperada salida institucional, en paz y con expectativas, a la grave y prolongada crisis social, política y económica sufrida por el país y su población, que ya no la podía seguir tolerando por más tiempo sobre todo en las actuales circunstancias de angustia e incertidumbre.

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Esta crisis no comenzó ayer sino que se extiende por casi medio siglo desde que la democracia fuera interrumpida y masacrada por el brutal golpe de Estado llevado a cabo por una patota de generales y almirantes a las órdenes del imperio norteamericano y la oligarquía criolla que derrocaron al gobierno constitucional e iniciaron una sanguinaria dictadura que dejó miles de muertos, desaparecidos,  torturados y exiliados.

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Sin autoridad moral alguna y con absoluta desvergüenza el régimen genocida dejó como legado una Constitución espuria  preparada por un pequeño grupo de partidarios del golpismo criminal, sin registros electorales ni participación ciudadana, menos  con derechos sociales, lo que el poder del dinero logró mantener vigente hasta ahora ante la desidia de la casta política.

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Hoy ese fraude no ha sido sometido a más parches ni reformas insustanciales como hicieron los que sucedieron a la tiranía, sino que ha sido redactada una nueva Constitución a través de un proceso democrático, paritario y participativo  que ha llegado a su término en la ceremonia de clausura de la Convención con presencia del presidente de la República en la sede del Congreso en Santiago. Como un símbolo, víctimas de la represión del gobierno anterior estuvieron entre los invitados.

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En la ceremonia no hicieron falta ni se echó de menos a los ex presidentes de la postdictadura, que pese a ser invitados se negaron a asistir por ser contrarios a los cambios. Se evitaron así un mal rato porque su presencia habría provocado un fuerte repudio y una rechifla monumental.

El proceso constituyente y la Carta Fundamental que viene corresponden  a las demandas populares que se expresaron en las multitudinarias manifestaciones del estallido social. Allí el pueblo y la clase trabajadora exigieron masivamente otra Constitución, que significara democracia, igualdad, justicia, solidaridad y derechos esenciales para todos.

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La propuesta que será sometida a plebiscito responde al momento que vive el país. Es representativa de las mayorías sociales movilizadas,  que manifiestan posiciones de exigencia de cambios estructurales y aparece a la vez como un significativo avance respecto a lo que el país ha tenido por más de 40 años.

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“Avanzamos, pero esperábamos mayores transformaciones respecto del modelo económico para lograr que el Estado tenga las herramientas para poder financiar los derechos sociales y generar mayor igualdad”, se explica desde lo que fue el interior de la Convención. El mundo progresista, sin embargo, encontró múltiples escollos en los representantes de la derecha y el empresariado.

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Superando los obstáculos,  en la propuesta constitucional el Estado y la institucionalidad pública tendrán roles fundamentales, por ejemplo, en los sistemas nacionales de salud, educación y seguridad social que se crean, donde el papel del sector privado no aparece explicitado o queda entregado a la ley.

Mientras desde el exterior se observa con interés la histórica noticia que está haciendo Chile, el pueblo postergado afianza sus expectativas de que en septiembre esas necesarias transformaciones sociales serán aprobadas y que los restos malolientes del dictador y sus últimos vestigios fraudulentos,  quedarán definitivamente sepultados.

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Por Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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