Nacional Opinión

¡Miente, miente, pues siempre algo queda!   

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 El 14/01/23 supimos de la existencia del «traje a la medida», oficio N° 598 del 27/12/22, confeccionado con sumo esmero por el funcionario público, abogado Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu quien, con ingeniosos malabares, intentaba favorecer los intereses comerciales de la Inmobiliaria España Limitada, una de las tantas que había obtenido un permiso de edificación ilegal en la comuna de Estación Central. La abogada socialista Claudia Sarmiento fue contratada por esa inmobiliaria para que, con caprichosas interpretaciones, lograra el milagro de hacer revivir el permiso contrario a derecho. Leyendo ese oficio, se concluye que es una mera respuesta a un particular y que, por ende, no es un acto administrativo vinculante para la municipalidad de Estación Central. 
 
El mismo día sábado 14/01/23 el diario El Mercurio publicó una amplia entrevista a Juan Armando Vicuña, presidente de la influyente Cámara Chilena de la Construcción (CChC), cuyo periodista le pregunta en el ámbito de esos guetos verticales: «¿Cómo se resuelve el problema de las inmobiliarias que tienen inversiones inmovilizadas por US$384 millones por la no recepción municipal de proyectos con permisos otorgados?”.
 
Dicho dirigente gremial empresarial contesta: «Ellos cumplieron con toda la normativa, con toda la ley, independientemente de que podríamos estar en desacuerdo con proyectos en densidad, volúmenes, pero se cumplió la ley…..» (sic), ante lo cual el avezado periodista omite indicar que todos los proyectos allí construidos son ilegales, demostrándose con ese falso y acomodaticio intercambio de palabras que el propósito de ese medio de prensa era dejar establecido ante sus lectores que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central injustamente perjudicaba a los empresarios que en esa comuna levantaron sus edificios. 
 
Pues bien, la opinión pública sabe desde hace años que la DOM de Estación Central estuvo cursando varias decenas de permisos de edificación para los denominados guetos verticales, que fueron declarados ilegales conforme a lo resuelto oportunamente por el Minvu, la Contraloría General de la República y la propia Corte Suprema, máximo tribunal del país que siempre rechazó diversos recursos de esas empresas, luego validando lo determinado por el Minvu y la Contraloría.
 
Recordemos que la Contraloría había resuelto que todos esos permisos debían ser invalidados, que no se podían entregar recepciones finales de obras y que se debían paralizar las faenas de los edificios en construcción, exigiendo la instrucción de sumarios administrativos en contra de los funcionarios municipales que habían procedido al margen de la ley. Durante el período en que el político de derecha, Rodrigo Delgado, ejercía como alcalde se otorgaron los permisos y diversas recepciones de obras, desobedeciendo lo resuelto por el ente fiscalizador y cuando asume el también político, pero de izquierda, Felipe Muñoz, se intentó respetar lo que había expresado la Contraloría.
 

El mencionado funcionario Burgos tuvo el descaro de emitir el oficio N° 0598 del 27/12/22, dándole la razón a su colega Sarmiento, a pesar de que él no puede cursar pronunciamientos directos y especiales, con el “nombre y apellido” del requirente, pues son desconocidos para el resto de la comunidad, vulnerando así los diversos dictámenes de la Contraloría que exigen que tales actos deben ser mediante Circulares de público conocimiento. 

En ese fantasmagórico oficio el funcionario señala que los permisos ilegales no invalidados pueden ser recibidos por el DOM, con lo cual se aparta abiertamente de la abundante jurisprudencia judicial con respecto a los permisos ilegales. A modo de ejemplo, sugerimos leer la causa rol N° 15.561-2017 de un privado en contra de la Municipalidad de Valparaíso. Si los funcionarios de la Administración llegaran a conocer esta sentencia de la Corte Suprema, no seguirán cometiendo errores pues un acto administrativo ilegal, bajo ninguna circunstancia, puede generar un derecho adquirido al solicitante.

Otro aspecto digno de reproche, es que tal jefe de la DDU del Minvu reconoce en su curioso oficio N° 598/2022 que su función carece de competencias para emitir un pronunciamiento, pese a lo cual igual lo hizo y por ello la fundación Defendamos la Ciudad, recientemente recurrió ante la Contraloría denunciando ese incoherente comportamiento, proponiéndole que, al menos por ahora, se suspenda la aplicación de ese oficio mientras se examina su legalidad.

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Como consecuencia de la irrupción de los guetos verticales el incremento de la población en Estación Central ha sido tan explosivo que no existe capacidad para atender los requerimientos de servicios de salud, educación y esparcimiento de los vecinos. Por ejemplo, basta recorrer el sector para ver que no existen plazas y en los guetos la ocupación del suelo es 100%, por lo que no cuentan con áreas verdes interiores, dejando sin opción de esparcimiento a la población. Como vemos, a las autoridades parece no importarles lo anterior y ya siendo el colmo, aprovechando la maraña normativa ahora buscan el resquicio para que sigan consolidándose estas situaciones inaceptables.

 

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En todo caso, una solución viable, debido a que los edificios no se demolerán, por las razones de fondo que todos conocemos y que hemos dado a conocer en esta tribuna, es la pronta aplicación de las compensaciones económicas, por parte de las inmobiliarias, para resarcir en parte a la comunidad perjudicada de Estación Central, asunto que ha estado monitoreando Rocío Andrade, Seremi del Minvu, solución definitiva que algunos de esos empresarios, con buen criterio, ya han aceptado. Con esos recursos monetarios se podrían construir consultorios, plazas, jardines infantiles, etc. para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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El lunes 16/01/23, dentro de la XXII Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Chile, organizada por el Colegio de Arquitectos, este columnista expuso lo que acontece en este delicado asunto y como este banal intento de «perdonazo», vía un engaño a la fe pública, por parte de ese funcionario no prosperará, se le propuso al nuevo directorio de esa orden profesional que le pida una entrevista al ministro del ramo, Carlos Montes, para decidir, conforme al mandato legal, el factible camino a seguir.
 
Finalmente, debido a que hace mucho tiempo 6 ciudadanos informados hemos interpuesto querellas criminales por prevaricación administrativa en contra de los 2 funcionarios municipales que cursaron los permisos ilegales, en esta oportunidad le formulamos un llamado al nuevo y flamante fiscal nacional, Ángel Valencia, para que, con su próxima actuación, avance la investigación que está llevando a cabo la fiscal Giovanna Herrera, titular de la Fiscalía Centro Norte.
Por Patricio Herman 

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Urbanista y director de la fundación Defendamos la Ciudad

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