Cámara aprueba ampliación a cinco días de plazo de detención de migrantes en situación irregular; advierten de otro paso hacia un estado policíaco

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Con 120 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones, la Sala de la Cámara respaldó el proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria. Su objetivo es ampliar el plazo de detención de 48 horas a 5 días para realizar la expulsión de un migrante irregular en el país.

Se plantea que el lapso de 48 horas establecido al momento de detener una persona, antes de que pase al control de un juez competente que señala la Constitución, no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá, en todo caso, exceder de cinco días corridos.

La modificación, debatida en segundo trámite, se introduce en el artículo 19 de la Constitución, en lo referente a la libertad personal y a la seguridad individual.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó las consideraciones para avanzar en esta enmienda. Relató que era necesario darle urgencia a su trámite dado que está a la espera un proyecto de ley que aborda esta temática. Justamente, dicha iniciativa extiende el período de detención para hacer efectiva la expulsión una vez decretada. Sin embargo, no era posible sacarla adelante porque, antes de esta reforma, era inconstitucional.

Sostuvo que no es posible ejecutar la medida de expulsión de migrantes ilegales con el plazo de 48 horas vigente. Precisó que ello es difícil, por ejemplo, por el traslado de las personas desde regiones. También por materias de documentación de los funcionarios que los acompañarán y las visas en casos de escalas intermedias. “Es un tiempo que no es suficiente”, expresó.

En tal sentido, consideró que es razonable pensar en 5 días para lograrlo.

Discusión

La reforma que extiende el plazo de detención para migrantes ilegales contó con un amplio respaldo transversal. En su mayoría, manifestaron que se debe ordenar la casa, con una migración regulada y expulsar a extranjeros ilegales. Principalmente, a quienes tienen vínculos delictuales.

También, se criticó a las actuales autoridades que llevaron al Tribunal Constitucional la Ley de Migración, que proponía un plazo de detención de 72 horas. Asimismo, se llamó al Gobierno a ejecutar las 20 mil expulsiones administrativas pendientes.

En contra solo votaron Mónica Arce, Tomás Hirsch y Féliz González. Se abstuvieron solo trece, entre ellos Karol Cariola, Carmen Hertz, Marisela Santibáñez, Claudia Mix y Boris Barrera. Parte de quienes se abstuvieron consideraron que la seguridad no puede ir en desmedro de los derechos humanos y convertirnos en un estado policíaco.

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