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La Ley Antitomas y la legítima defensa privilegiada abren la puerta a un escenario peligroso y caótico

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En medio de un acalorado debate, la Cámara de Diputados está a punto de votar un controvertido proyecto de ley que busca endurecer las penas por ocupaciones ilegales de terrenos. Conocida como la «Ley Antitomas», esta iniciativa ha generado una profunda preocupación entre diversos sectores de la sociedad, que argumentan que la propuesta no solo afectará gravemente a la población que carece de viviendas, sino que también podría fomentar la especulación inmobiliaria y desencadenar un aumento en los niveles de violencia.

La ley, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, ha sido objeto de críticas debido a su enfoque punitivo y a las amplias facultades que otorga para considerar la legítima defensa privilegiada en casos de ocupaciones ilegales. Si esta ley se aprueba tal como está, pobladores, resistencias mapuche, estudiantes y trabajadores movilizados por sus derechos podrían enfrentar penas de cárcel simplemente por buscar refugio en terrenos desocupados.

Una de las disposiciones más polémicas de la Ley Antitomas es la inclusión de la legítima defensa privilegiada, que permitiría a cualquier persona, incluyendo carabineros, PDI, propietarios y otros, utilizar la fuerza en defensa de su propiedad ocupada ilegalmente, sin incurrir en responsabilidad penal. Esto ha generado fuertes críticas, ya que se teme que pueda abrir la puerta a situaciones de conflicto y confrontación, en lugar de fomentar un diálogo constructivo y respetuoso entre las partes involucradas.

El proyecto, que ingresó al Senado en julio de 2020 y que ha sido acelerado bajo el fast track legislativo, busca modernizar la legislación que data de hace casi un siglo. Entre sus objetivos se encuentra la sanción con presidio de la usurpación de propiedades, la extensión del período de flagrancia para este delito, y la facilitación de la detención de los ocupantes. Además, se pretende autorizar técnicas especiales de investigación y castigar con penas de presidio la celebración de compraventas o arrendamientos de terrenos ocupados ilegalmente.




Sin embargo, estas medidas han llevado a un aumento en la tensión entre el Ejecutivo y la oposición. El Gobierno ha expresado su preocupación por la promoción de la autodefensa como un método de resolución de conflictos, argumentando que va en contra de los principios del Estado de Derecho y podría dar lugar a la justicia por mano propia.

En contraste, la oposición defiende que la legislación debe promover el diálogo y la mediación, en lugar de incentivar la confrontación. Para muchos críticos, esta ley podría socavar el papel de las instituciones y las policías en la resolución de conflictos, abriendo la puerta a un escenario peligroso y caótico.

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados ha despachado la Ley de Usurpaciones, pero las voces disidentes no han cesado. Miembros del oficialismo han llamado al gobierno a vetar el proyecto o llevarlo al Tribunal Constitucional, argumentando que la ley permitiría la recuperación de terrenos tomados sin importar cuánto tiempo haya pasado y utilizando medios discutibles para hacerlo.

En resumen, la Ley Antitomas ha generado un acalorado debate en la sociedad chilena. Mientras algunos argumentan que es necesaria para proteger la propiedad privada y frenar las ocupaciones ilegales, otros la ven como una medida represiva que podría conducir a un aumento en la violencia y la inseguridad. El futuro de esta ley y su impacto en la sociedad chilena están en juego, y es crucial un análisis exhaustivo de sus implicaciones antes de tomar una decisión definitiva.

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