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Presidente Boric firma decreto para el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos

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Este miércoles 30 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un acto trascendental tendrá lugar en Chile. En esta fecha emblemática, el Presidente Gabriel Boric firmará un decreto supremo que marca la implementación del «Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos». Este importante paso sigue a un proceso de más de ocho meses, que involucró la colaboración de familiares y organizaciones de víctimas de la dictadura cívico-militar de todo el país en 67 encuentros.

«La verdad debe enfrentar a la mentira, la memoria tiene que hacerse cargo del olvido y la virtud de la justicia debe impedir la impunidad, estos tres elementos son claves para el Plan Nacional de Búsqueda», expresó el ministro de Justicia, Luis Cordero. La propuesta de esta nueva política pública fue aprobada por el Comité Interministerial de Derechos Humanos.

En la ceremonia que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución, se espera que las autoridades entreguen detalles generales del plan. El propósito central de esta iniciativa es aclarar las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada de manera sistemática y permanente, en línea con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales. Uno de los ejes fundamentales del plan es la reconstrucción de las trayectorias de las víctimas, incluyendo desde su detención y secuestro hasta su destino final.

Este paso ha sido valorado enormemente por organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas, quienes han luchado durante décadas por la verdad y la justicia. Es la primera vez que el Estado chileno reconoce su responsabilidad en los crímenes cometidos a partir del golpe de 1973. Sin embargo, a pesar de la esperanza, estas organizaciones esperan acciones concretas y resultados tangibles.




Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, subraya en una nota de La Tercera la necesidad de acciones complementarias como el levantamiento del secreto de los documentos y testimonios presentados por las víctimas en las Comisiones Valech I y II. También se espera formalizar solicitudes de documentación a las Fuerzas Armadas para su incorporación al Catastro Nacional de Archivos y la base interoperable del plan.

 

En tanto el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, dijo en Radio ADN que “en estos 50 años, ha sido compleja la labor de esclarecer el paradero de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada”. “Agentes del Estado cometieron estas desapariciones, e hicieron todo lo posible para que no se esclareciera y no se encontraran los cuerpos”, declaró.

Bustos reiteró que “ha habido muchas barreras por parte del sistema de Justicia. En los primeros diez años se rechazaron más de cinco mil recursos de amparo, después se aplicó la Ley de Amnistía, la prescripción, la media prescripción”.

“De todas formas, quienes han empujado la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas en estos 50 años han sido básicamente familiares, abogados, y de alguna manera, sobre todo en los últimos años, los tribunales de justicia”, agregó.

 

La diputada Lorena Pizarro, histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, destaca la importancia de conocer los nombres de los responsables de los crímenes. Menciona que la transición pactada registró los nombres de las víctimas, pero no los de los perpetradores. Para Pizarro, es crucial establecer quiénes fueron los responsables del exterminio.

El Plan Nacional de Búsqueda representa un esfuerzo valioso del Estado para buscar y esclarecer el paradero de personas desaparecidas. Sin embargo, se espera que las Fuerzas Armadas y Carabineros colaboren en esta búsqueda, proporcionando información y antecedentes que contribuyan a la verdad y la justicia. La firma de este plan marca un hito importante en la búsqueda de justicia y verdad en Chile, un paso hacia adelante en el camino hacia la reconciliación y el reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada.

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