Consejo Constitucional aprueba informe de la Comisión Mixta para el Proceso Constitucional
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En un paso crucial hacia la culminación del Proceso Constitucional, el pleno del Consejo Constitucional aprobó el informe emanado de la Comisión Mixta. Esta comisión, compuesta por seis consejeros y seis comisionados, votó y debatió las 32 observaciones presentadas por la Comisión Experta. El resultado fue unánime: 32 votos a favor y 17 en contra, lo que refleja un consenso sólido de la oposición en torno a las propuestas contenidas en el informe. Con esta votación, la propuesta constitucional es ciertamente regresiva en cuanto es conservadora, autoritaria y neoliberal.
Este hito marca los últimos pasos en el proceso, ya que se cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento del Proceso Constitucional. Próximamente, el escrito definitivo resultante de esta aprobación se someterá a una última votación y se entregará al Presidente de la República, Gabriel Boric, el 7 de noviembre.
Una de las decisiones destacadas de la Comisión Mixta fue la aprobación de la polémica enmienda sobre la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal del propietario, ya sea que la habite solo o con su familia. Esta medida entrará en vigencia a partir de 2026, con un aumento progresivo del 20% anual. Además, se establece que las excepciones legales se basarán en el alto avalúo fiscal de la vivienda y los ingresos del contribuyente y su familia.
En el ámbito de la inmigración, el Consejo Constitucional respaldó que la ley establecerá procedimientos para la expulsión de extranjeros que hayan ingresado al país de manera ilegal o por pasos no habilitados. Esto es elevar a rango constitucional ciertos aspectos de la política migratoria, una materia por cierto altamente discutible.
Otro punto relevante se refiere a la objeción de conciencia, donde se decidió que esta se ejercerá de conformidad a la ley, sin mencionar específicamente la objeción de conciencia personal o institucional, como se había propuesto previamente.
En el ámbito de la paridad de género, se aprobó que la ley garantizará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en la vida nacional. Además, se replanteó la norma que establece los límites a la reelección de gobernadores, alcaldes y concejales.
En materia de educación, se estableció que la educación básica y media son obligatorias, y el Estado deberá financiar y coordinar un sistema gratuito para asegurar su acceso a toda la población. Se garantiza el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados.
En cuanto a seguridad, se respaldó la sustitución de la frase «grave amenaza terrorista» por «actos terroristas» en las causales para decretar estado de sitio.
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