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Estudio digital: Caso Hermosilla impacta principalmente imagen de clase política por falta de fiscalización

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De acuerdo a un estudio online de INC Consultores que analizó 77.001 mil conversaciones sociales y 1.166 noticias digitales entre el 14 y 15 de noviembre; en el Caso Hermosilla el 88% de los argumentos de la ciudadanía se centran en la supuesta responsabilidad del abogado y sus asociados, mientras un 22% adjudica este tipo de malas prácticas a la falta de fiscalización de las autoridades y a la corrupción de la política.

“Estamos frente a un caso que podría ser un punto de inflexión, un verdadero terremoto a la fe pública; incluso más grave que casos mediáticos de colusiones empresariales, y financiamiento irregular de la política. Ya que aquí, el nivel de actores involucrados tiene una mayor influencia en la toma de decisiones país y profundiza el daño a la credibilidad y reputación de las organizaciones. Es así, como para la opinión pública no quedan instituciones y líderes reputados-creíbles; capaces de conducirnos a las transformaciones que requiere Chile. El país se queda sin poder y eso es una inmovilidad que nos deja en muy mal pie de cara a un nuevo ciclo” señala Diego Fuentes, co founder de INC Consultores.

Si se analizan los principales actores que se mencionan en el entorno digital; el abogado Luis Hermosilla es quien lidera estas conversaciones; asociado a cuestionamientos por sus supuestos pagos ilícitos, y a su alto nivel de contactos con políticos de ambas coaliciones, y en el sector empresarial.

Las conversaciones restantes centran como principal argumento (47%) el deterioro de las instituciones y su pérdida de legitimidad; centrándose principalmente en el SII, con un sentimiento mayoritariamente negativo (60%) con criticas a su trabajo por ‘perdonazos’ a grandes empresas en materia tributaria que sentarían un mal precedente al ‘hacer la vista gorda’.




Destacan luego en un menor volumen, críticas al gobierno con un sentimiento negativo de 55%; relevando el tráfico de influencias y las bajas penas para los delitos de ‘cuello y corbata’ que harían más atractivo el cometer faltas de este tipo. Se apunta a una merma general en los organismos encargados de fiscalizar, que permite el auge de este tipo de malas prácticas y que se ven potenciadas por una corrupción generalizada en la clase política del país.

Respecto de la CMF el sentimiento es principalmente positivo (70%), justificado en las conversaciones en que no existen mayores casos de corrupción anteriores dentro del organismo.

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