Declaración conjunta en contra de la firma del Tratado Chile-UE
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Organizaciones, políticos y activistas de la Unión Europea y Chile suscribieron una declaración conjunta promovida por Chile Mejor sin TLC, En Contra del Tratado Chile/Unión Europea, firmado el 13/Dic de 2023 por sus respectivos gobiernos para iniciar oficialmente su tramitación. La Declaración Conjunta Chile sin TLC más diputados y organizaciones de Chile y la UE fue apoyada por 13 parlamentarios, 145 organizaciones y un total de 490 adherentes de ambas partes.
Anuncia que este tratado negociado en secreto y firmado con total falta de transparencia profundizará el deterioro de la calidad de vida y de los derechos socioambientales y laborales de los pueblos. En Chile no hay información pública de los 41 capítulos del Acuerdo. Su dimensión colonial se evidencia además en que permite a la UE usar mano de obra militar chilena para lograr objetivos de su interés, arriesgando la paz y neutralidad del país y posibles represalias derivadas del alineamiento de la Unión Europea con Estados Unidos y su complicidad con el genocidio israelí en Gaza.
Sus disposiciones promueven el aumento de la extracción y exportación de minerales, con acceso privilegiado para la UE a esas y otras materias primas, así como a la energía e infraestructura. Será imposible condicionar la inversión a transferir tecnología, o contar con gerentes nacionales en empresas conjuntas, profundizando el modelo extractivista basado en la exportación de materias primas. Todas las ventajas son para los inversores europeos. El tratado inhibe de hecho la amplia facultad de que goza el Estado de Chile para fijar libremente con las empresas concesionarias, el valor de la renta del litio y la cantidad de mineral a explotar. La constitución chilena define el litio como un material estratégico “no concesible”, y para su explotación actualmente CODELCO negocia los nuevos Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL). Pero el Acuerdo dispone que el precio de exportación a la UE de toda materia prima estratégica debe ser igual al precio de estas en el mercado nacional o al fijado en negocios con extranjeros, en lo que inciden los diversos CEOL existentes con empresas mineras. Se admite excepciones al control de precios por la UE, para generar productos con valor agregado, pero sólo si esa medida no afecta los intereses y necesidades de la UE.
Arrasando territorios biodiversos del norte y sur, Chile proveerá a la transición energética europea de litio, cobre, tierras raras y el llamado Hidrógeno Verde. El problema principal de la explotación del litio es que genera la pérdida de gran cantidad de agua dulce y en salmuera, y la destrucción de salares. Ello tendrá lugar en Atacama, territorio de valiosa biodiversidad y hogar ancestral de pueblos indígenas. El gobierno chileno omitió la Consulta Indígena (Convenio 169 de la OIT).
Extensos territorios en Chile ya padecen sequía o están contaminados por la minería. Chile sería una colonia surtidora a distancia de combustible y litio para las baterías de los autos eléctricos de los europeos. El costo socioambiental incluye el desplazamiento forzoso de población indígena y campesina, con nuevas zonas de sacrificio.
La energía requerida a gran escala para el HVerde, se obtendrá de Megaplanteles fotovoltaicos o eólicos instalados en zonas agrícolas críticas de la zona centro y centro sur de Chile, de productores de hortalizas, disminuyendo la producción interna de alimentos, que serán más caros. Pero la Unión Europea mantendrá los subsidios a sus agricultores. La producción y exportación masiva de Hidrógeno Verde requiere de 10 litros de agua dulce desmineralizada por cada kilo de hidrógeno “verde”. La desalinización tendrá lugar sin normas de producción ni uso, sólo bajo “autoregulación” empresarial.
Los impactos de la crisis hídrica recaen finalmente en las mujeres y sus tareas de cuidado. Muchas familias afectadas por las consecuencias de la industria agroexportadora de paltas, vino, avellana europea, salmones u otras cuya producción se incentiva con este tratado, sólo reciben agua en camiones aljibe, en cantidades insuficientes; no pueden hacer huertas, ni contar con alimentos sanos y medicina natural. Viven en peligro por los incendios, la expansión de la acuicultura y enfermedades de tipo reproductivo en mujeres, o cáncer. El Acuerdo no impide la exportación a Chile de los más de 50 Plaguicidas Altamente Peligrosos prohibidos en la UE y registrados en Chile, obstaculizando la transición agroecológica deseada por sectores campesinos, indígenas y populares consecuentes tanto en Chile como la Unión Europea. Pero el Tratado contempla además que Chile adhiera al convenio UPOV 91, una histórica exigencia de Bayer/Monsanto y otras corporaciones semilleras. El capítulo de propiedad intelectual incluye 18 tratados vinculantes para las partes.
Este acuerdo profundiza la asimetría entre ambas economías en términos productivos y de innovación tecnológica. Chile ocupa el último lugar en cuanto a porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a inversión y Desarrollo. En 2022 el PIB de la UE alcanzó a €13.360.337 (Millones de euros). En Chile fue de apenas 285.355 M€. La UE registra 172.518 marcas comerciales, pero sólo 24 de las marcas chilenas tienen validez internacional. El tratado permite la extensión a 11 años de las patentes del rubro farmacéutico, por dilatar su aprobación o por “nuevos usos” descubiertos en la UE para ciertos medicamentos biológicos, retrasando el ingreso al mercado nacional de medicamentos genéricos, golpeando las economías familiares.
Experimentadas empresas europeas competirán deslealmente en las licitaciones de Compras Públicas con las pequeñas y medianas empresas chilenas (Pymes) arriesgando la quiebra de estas últimas y la cesantía de su personal, mayoritariamente femenino. El acceso de las grandes empresas tecnológicas a los datos les permitirá extraer y almacenar información clave de las y los chilenos, afectando el derecho ciudadano a la privacidad, y el derecho del Estado a regular el comercio digital para la recaudación de impuestos o el interés público.
Finalmente, se señala que, en tiempos difíciles para ambas partes, Chile y la UE deberán integrar a su presupuesto anual el alto costo de un Sistema Permanente de Resolución de Controversias. Habrá menos dinero para salud, vivienda, o educación. Los jueces de este Tribunal permanente, ya incluido en el acuerdo entre la UE y Canadá (CETA), siguen las mismas reglas contenidas en el Tratado Transpacífico TPP. Pero ni el Estado ni las comunidades podrán demandar a los inversores. Un inversor podrá demandar al Estado por “expropiación indirecta”, si se le niega el permiso para explotar el litio sobre la base de la Estrategia Nacional del Litio, que incluye preservar un 30% de los salares. La empresa francesa Eremet, acaba de comprar 120.00 hectáreas de concesiones mineras de salares no explotados. El tratado asegura la expectativa de ganancia de todo inversor.
Una selección del listado de firmas
Entre los 485 adherentes figuran 7 eurodiputados de la Izquierda Europea, Ana Miranda (Bloque Nacionalista Galego), Idoia Villanueva (Podemos), Leila Chaibi (Francia Insoumise), Miguel Urban (Anticapitalista), Manu Pineda (Izquierda Unida), Pierre Larroutourou (Francia, Nouvelle Donne), Stelios Kouloglou (Grecia, Izquierda Radical); y de parlamentos nacionales firman Lorena Delgado (Izquierda, Suecia); Rodrigo Arenas, Francia Insoumise), Engracia Rivera y Francisco Sierra ( Sumar, España). Los diputados chilenos Emilia Nuyado (Socialista) y Hernán Palma (Transformar Chile), junto al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, suscribieron la declaración. Asimismo, lo hicieron desde la UE el bloque Izquierda Europea, el movimiento Francia Insumisa, y el Partido de la Refundación Comunista. En Chile adhieren el Partido Igualdad, el Partido Comunista (Acción Proletaria) y la Plataforma Anticapitalista y Popular. Entre los académicos adherentes están Sergio Grez Tosso, Francisca Eugenia Dos Santos, María Eugenia Góngora, Marco Aparicio, Diego Pinto, Carlos Ruiz E, Rainer Hauser, Francisca Fernández, Martín Sanzana, Soledad Falabella, Nuriluz Hermosilla, German Westphal y Carla Poth. A este rechazo se adscribe también la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, Chiloé. Entre los artistas y personalidades firmantes están Carmen Castillo, Ana Harcha, Bernardo de Castro, María Guelfenbein, Cata Veas, Irina Holstrom, Pía Lorca, Marcela Rosen, Manuel Cabieses de Punto Final; así como los ex convencionales (2021/22) Fernando Salinas y Elisa Giustinianovich.
A nivel social adhieren lideresas como Vilma Mellado (Conflicto por megaplanteles eólicos, Ciruelo Sur) y Paula Rodríguez (Catemu), las organizaciones Chile Mejor sin TLC, OLCA, ANAMURI, MAT, Slow Food Chile, Comunidad Apicultores Orgánicos de Chile, Red de Acción por la Justicia Ambiental, Coordinadora Nacional Migrantes; Coordinadora Nacional No más AFP, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comisión Ética Contra la Tortura, las Fundaciones Constituyente XXI, Miguel Enríquez, Tanti, Chile Sustentable, El Árbol, Proyecto Wayra y la Corporación Desarrollo de Aysén. Adhieren Red de Acción en Plaguicidas Chile; AntiMafia 2000, Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, Viernes por el Futuro Chile y la Federación de Estudiantes de Ciencias Ambientales. Apoyan Mercado de la Tierra Marga Marga, comités ambientales comunales de Penco y Casa Blanca, juntas de vecinos (Renaico y otras); Hidrodefensa, los consejos ecológicos de Molina y Casablanca; Asamblea San Miguel, Tierra Florida, Asoc. Agricultores Prodesal Paillaco, Catemu en movimiento, Centro Ecoceanos, Sindicato nacional profesionales CONAF; Salvemos Olmué; Eco San Joaquín; MOSACAT, Chile sin Ecocidio. Firman Mujeres de Zona de Sacrificio, Mujeres Rurales de Pinto y de Curicó; Atavid Cauquenes, Red de Mujeres Penco-Lirquén, Feministas Zona Oriente, Mujeres en Marcha Chile, Mujeres Democráticas, Frente de Mujeres por la Refundación de Chile, Asociación de Mujeres Insulares de Chiloé, colectiva Las Fieras de Ancud. Asimismo lo hacen la Agrupación Terramar; Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas, la Red de Abastecimiento de Peñalolén, la Asociación de Pensionados y Jubilados; Acción Cultural Huitral Mapu; las organizaciones indígenas Cdad. Diaguita Campillay Guacalagasta, Antu Kai Mawen, Ad Kimun, y Cdad. Grupos Familiares Nómades del Mar (Kawesquar). Suscriben también la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Londres 38, Cdad. Martin Luther King, Comisión DDHH de Colegio de Antropólogos, varias Asociaciones de ex PP y por la Memoria, y medios como la revista La Estaca, Radio L.E Recabarren, TV Liberación M. Enríquez, y colectivo ComuniKaos. También adhieren la Coordinadora por Palestina y Judíos Antisionistas contra el Apartheid y la Ocupación.
Desde la UE destacan las organizaciones de España: ATTAK, Ecologistas en Acción (Cantabria y Cataluña), Sol de Paz Pachakuti (Asturias), ELA (País Vasco), Asoc. Vida Sana, Mujeres de Negro contra la Guerra (Sevilla), Trawunche Madrid, Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES, Solidaridad Internacional, y Asociación DDHH (Andalucía); Confederación General del Trabajo, Garbancita Ecológica, y Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología. A ellas se suman Transnational Institute, Grain, el Centro de Investigación y Documentación Chile – América Latina (Alemania); Working Group Food Justice, y Women´s Int. League for Peace and Freedom (Países Bajos); Troca (Plataforma por un Comercio Internacional Justo, Portugal), Citoyen y la Asociación de Ex PP chilenos (Francia); la Red Internacional por los Presos Políticos en Chile. En el ámbito regional, firman América Latina Mejor sin TLC, Argentina Mejor sin TLC, Amigos de la Tierra (Argentina), Observatorio de Multinacionales en América Latina y Comisión Nacional de Enlace (Costa Rica). A nivel global, ECOAR, ONGd Africando, de Senegal, y la oficina de Informaciones de Alba en Túnez, Africa.
Conclusión
Este es un tratado del siglo pasado: compromete el futuro de los pueblos en Chile y la Unión Europea generando dependencia neocolonial en tiempos de lucha por la descolonización. La Unión Europea retrocedería en sus compromisos en derechos humanos y medio ambiente.
en vez de relacionarse en un marco de paz, respeto y cooperación, priorizando la vida, el aprendizaje y colaboración entre pueblos, la producción sustentable y la justicia ambiental y climática
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