Nuevos e inaceptables agravios para los DD.HH.

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El mundo de los derechos humanos por enésima vez está sufriendo los embates de sectores reaccionarios identificados con el modelo de desigualdades, desde el cual hay una permanente disposición para mantener la impunidad de todo el personal uniformado que cometió graves delitos de lesa humanidad contra la población hace medio siglo y en el pasado reciente.

En lo poco que va transcurrido de este año el pueblo advierte que hay quienes se ríen y se burlan en sus narices promoviendo las injusticias propias de los dueños del dinero que persisten en un sistema discriminatorio, abusivo y excluyente que busca el sometimiento de las mayorías pobres y menos pobres.

Las atrocidades cometidas en lugar de ser reparadas y los hechores sancionados con rigurosidad, pareciera que no ocurrieron o no existieron. La sociedad chilena, pasiva y conservadora, en que solo las víctimas sobrevivientes o sus familiares mantienen la memoria histórica, semeja literalmente el mundo al revés.

Para el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no hubo violación de los derechos humanos durante el estallido social, pero las cifras lo dicen todo. Hubo una treintena de manifestantes muertos, incontables heridos, violentados y abusados, dos personas con ceguera total (la actual senadora Fabiola Campillai y el entonces Gustavo Gatica), además de sobre 400 hombres y mujeres con pérdida de uno de sus ojos. Abrumados por la depresión producida por el atentado en su contra, tres jóvenes se han suicidado desde octubre de 2019 hasta ahora.

En esos días de rebelión popular se registraron otros impresentables ataques que revelan la brutalidad de la represión. El temporero de Buin, Mario Acuña, quedó parapléjico al recibir una golpiza de un grupo de carabineros, en tanto un menor de edad de nombre Anthony fue arrojado al río Mapocho desde el puente Pio Nono – homicidio frustrado – por otro iracundo funcionario policial. No se supo de bajas en las fuerzas represivas armadas hasta los dientes.

Yáñez, que en esos días era jefe de “orden y seguridad”, se niega a reconocer lo sucedido y pretende ahora ser sobreseído por la justicia.  A la vez, pide la inhabilidad de los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendariz, que se aprontan a formalizarlo el 7 de mayo por responsabilidad de mando y omisión de apremios ilegítimos con resultado de homicidios y lesiones graves durante las protestas en el centro de Santiago.

Su palabra se contrapone con la del ministro de Justicia, Luis Cordero. El secretario de Estado ha señalado que tenemos más de 460 personas con lesiones oculares severas, de las cuales un importante porcentaje perdió la vista. Es decir, según Cordero, existieron actos que constituyeron ilícitos y violación de los derechos humanos.

No es menor la preocupación por el proyecto de ley presentado por la ultraderecha en el Senado de la República sobre los presos de las cárceles del país, esto es, delincuentes de tomo y lomo. Hay senadores que pretenden el otorgamiento de la libertad para todos los genocidas de la dictadura, no solo enfermos, sino por el simple hecho de tener 70 años de edad como es el caso de la gran mayoría de los reclusos de Punta Peuco.

Esta iniciativa – según sus autores – regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad a los condenados que padezcan de enfermedades terminales o necesidades graves de salud. Todo ello podría ser aceptado en términos humanitarios, y de hecho ya ha sucedido en ocasiones anteriores.

Con letra chica sin embargo se abre también el beneficio a quienes encontrándose en buenas condiciones de salud han cumplido determinada edad. Esto es, 70 años en el caso de los hombres y 65 de las mujeres, todos sin necesidad de haber cumplido cualquier otro requisito y únicamente apelando a un “elemento humanitario”.

No se sabe que en el penal de Punta Peuco nadie se haya arrepentido de sus crímenes, que haya entregado información a los tribunales ni esté participando en el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos. Tampoco ninguno de esos criminales ha abandonado el pacto de silencio dejado por el dictador ni ha tenido una palabra solidaria con los familiares de las víctimas, pero están a punto de recibir un premio que no merecen, quizás porque hace poco se conmemoraron 50 años del golpe militar.

Queda claro que, en este país plagado de delincuencia, aquellos delincuentes uniformados que mataron a compatriotas con inexplicable saña, y fueron a la cárcel, solamente tienen que esperar un tiempo para que políticos corruptos manipulados por la oligarquía consigan su liberación. Por la protección recibida desde siempre, el poder del dinero solo tiene reconocimiento hacia esos criminales.

Se trata de nuevos bofetones sobre el mundo de los derechos humanos, ante lo cual es imprescindible reaccionar con prontitud y energía. En Chile hay miles y miles de familias modestas que han sufrido los rigores de la acometida armada y brutal represión durante la dictadura y el estallido social, que no pueden seguir ocurriendo.

Al gobierno corresponde un rol preponderante para evitar la sucesión de injusticias de este tipo, que alteran gravemente la convivencia nacional. Es necesario que el pueblo vuelva a movilizarse masivamente por el debido respeto a los derechos humanos que hoy en Chile otra vez son pisoteados.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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