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Querella del Consejo de Defensa del Estado contra exalcaldesa Cathy Barriga por  fraude y falsificación

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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, dirigida contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, incluyendo a la exalcaldesa Cathy Barriga. La acción legal se centra en presuntos delitos de fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso, contemplados y sancionados por el Código Penal chileno.

Los exfuncionarios nombrados en la querella son Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve. La querella sostiene que estos individuos participaron en conductas ilícitas relacionadas con la gestión desleal del patrimonio municipal y la manipulación de documentos, ocasionando un considerable perjuicio económico.

Los hechos investigados se remontan a la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga. Según la querella del CDE, los imputados habrían cometido estos ilícitos utilizando diversos mecanismos, como la delegación de atribuciones, la sobreestimación del presupuesto municipal y la adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria. Estos métodos habrían sido empleados para llevar a cabo acciones fraudulentas, aumentando el déficit y generando un perjuicio significativo a las arcas municipales.

Lo más preocupante, según la investigación penal, es que estos actos se llevaron a cabo bajo el amparo de los cargos de confianza ocupados por los involucrados, lo que les habría permitido evadir controles internos y perpetrar las acciones fraudulentas sin ser detectados.




Con base en los antecedentes recabados hasta el momento, el perjuicio económico causado al patrimonio municipal se estima en más de $30 mil millones. La querella del CDE busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia, subrayando la importancia de proteger los recursos públicos y la integridad de la gestión municipal en Chile. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión para prevenir futuros actos ilícitos en la administración pública.

 

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