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Retrocesos en Derechos Humanos en Argentina y preocupante simpatía de Milei por la dictadura militar

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La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos que dirige el abogado Carlos Margotta ha manifestado su profunda preocupación por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei en Argentina. Estas iniciativas buscan desmantelar políticas públicas que históricamente han reflejado el compromiso del Estado argentino con la Memoria, Verdad y Justicia.

En los últimos años, las organizaciones de derechos humanos han logrado significativos avances en esta área. Sin embargo, el actual gobierno pretende eliminar estos logros, justificando sus acciones bajo el pretexto de reducir el gasto fiscal. Detrás de estas medidas se oculta una preocupante simpatía con la dictadura cívico-militar, un negacionismo reprochable, una reivindicación inadmisible del terrorismo de Estado y una relativización inaceptable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese oscuro periodo.

Las primeras señales de esta tendencia se evidenciaron en la descalificación de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos. La política actual se ha materializado en el despido de 50 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, esencialmente del Archivo Nacional de la Memoria y los Espacios de Memoria, dejando estos organismos sin el personal capacitado necesario para cumplir con sus funciones. Además, las unidades que aún operan no reciben los recursos necesarios para llevar a cabo su misión, lo que constituye un claro ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Otro ejemplo de este atropello es la situación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que no ha recibido los fondos correspondientes para su funcionamiento normal en 2024, dejando a docentes y no docentes sin sus salarios. La universidad, que recientemente celebró su 24 aniversario y cuenta con 2300 estudiantes, 250 docentes y 70 no docentes, resiste gracias al esfuerzo militante de su personal y el apoyo de la sociedad.




Además, el gobierno busca eliminar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños, una rama de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), y desplazar a su directora, Claudia Carlotto. Esta unidad se dedica a buscar a los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado.

Las recientes medidas también han afectado al Ministerio de Defensa, desarticulando los equipos que investigan los crímenes de la dictadura cívico-militar. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha advertido que estas medidas propuestas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos.

La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos denuncia estas acciones ante la opinión pública internacional, señalando que constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos que Argentina ha asumido mediante la suscripción y ratificación de tratados internacionales. La organización insta a la comunidad internacional a exigir al gobierno argentino el cumplimiento de sus compromisos y la protección de los derechos fundamentales

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