La trampa de la seguridad: cuando defender garantías se convierte en defender delincuentes
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Mientras el Congreso amplía las facultades policiales y avanza la ACOT, el diputado republicano Agustín Romero acusa al Frente Amplio y al PC de estar “del lado de los delincuentes” y “del lado de los terroristas”. Simón del Valle analiza una estrategia que puede marcar todo el debate de seguridad: reducir la discusión a dos campos —quienes combaten el crimen y quienes supuestamente lo protegen— hasta convertir la defensa de garantías fundamentales en una posición sospechosa.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) todavía comienza su recorrido legislativo, pero una parte importante de la batalla política parece haber sido definida antes de que el Congreso discuta buena parte de sus proyectos.
El diputado republicano Agustín Romero lo expresó sin demasiados matices. Frente a las diferencias que empiezan a aparecer en la oposición respecto de la agenda de seguridad, sostuvo que del Partido Comunista y del Frente Amplio no espera “absolutamente nada” porque, según afirmó, están “del lado de los delincuentes” y “del lado de los terroristas”.
La frase podría ser descartada como una provocación parlamentaria más.
Sería un error.
Porque contiene una estructura argumentativa extraordinariamente eficaz que probablemente acompañará buena parte de la tramitación de la ACOT: quien respalda la ampliación de las facultades policiales está del lado de la seguridad y de las víctimas; quien cuestiona sus límites puede ser colocado del lado de los delincuentes.
Entre ambas posiciones desaparece prácticamente todo lo demás.
Y precisamente allí —en ese espacio que comienza a borrarse— viven algunas de las garantías fundamentales de una democracia.
Una discusión compleja reducida a dos bandos
La seguridad es probablemente uno de los terrenos políticos donde resulta más fácil construir dicotomías.
Delincuentes o ciudadanos.
Orden o caos.
Víctimas o victimarios.
Policías o criminales.
Pero las leyes que regulan el poder punitivo del Estado son considerablemente más complejas.
La discusión sobre la denominada Naín-Retamal 2.0, despachada este martes por la Cámara hacia el Senado por 114 votos contra 26 y dos abstenciones, no consiste en determinar si un carabinero tiene derecho a defender su vida.
Ese derecho ya existe.
Tampoco consiste en decidir si puede intervenir para proteger a otra persona frente a una agresión.
También puede hacerlo.
Lo que se discute es si funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas que se encuentran de franco deben disponer además de una presunción legal especialmente favorable cuando utilizan la fuerza para repeler o impedir determinadas agresiones.
Es una diferencia jurídica considerable.
Sin embargo, explicarla políticamente resulta mucho más difícil que decir que unos están con Carabineros y otros con los delincuentes.
La ventaja política de la simplificación
Ahí aparece una de las mayores fortalezas comunicacionales de la nueva ofensiva gubernamental.
El Gobierno y sus aliados pueden formular preguntas extraordinariamente simples.
¿Debe un policía poder defenderse?
¿Debe un asesino serial recibir beneficios del Estado?
¿Debe un delincuente poder escapar porque pasaron determinadas horas desde el delito?
¿Debe el Estado utilizar todas sus capacidades contra el narcotráfico?
Para la mayoría de esas preguntas la respuesta ciudadana probablemente será afirmativa o parecerá evidente.
Pero ninguna describe exactamente las decisiones jurídicas que deberá tomar el Congreso.
La pregunta sobre el “asesino en serie” utilizada por José Antonio Kast para justificar la posibilidad de retirar prestaciones sociales es un buen ejemplo.
El verdadero problema constitucional no consiste en decidir si sentimos simpatía por un asesino serial. Consiste en determinar si una condena puede habilitar al Estado para retirar prestaciones en educación, salud, trabajo o seguridad social y hasta dónde puede extenderse esa facultad.
El caso extremo simplifica la discusión.
La norma general permanece detrás.
De la protección policial al blindaje jurídico
Algo semejante ocurre con Naín-Retamal.
La discusión no enfrenta a quienes quieren policías indefensos con quienes quieren protegerlos.
La cuestión es cuáles son los controles jurídicos adecuados cuando un agente del Estado utiliza la fuerza.
La denominada legítima defensa privilegiada introduce una presunción favorable al funcionario en determinadas circunstancias. El proyecto despachado este martes extiende esa protección a policías y funcionarios de las Fuerzas Armadas que se encuentren fuera de servicio.
El argumento a favor es comprensible: un funcionario policial no deja completamente de serlo cuando termina su turno y puede encontrarse frente a un delito que requiere intervención inmediata.
Pero precisamente porque está de franco pueden existir circunstancias más ambiguas.
Puede vestir de civil.
Puede no encontrarse dentro de un procedimiento previamente establecido.
Puede carecer de una cadena operativa inmediata.
Puede intervenir en una situación cuyo origen desconoce.
Y aun así dispondrá de una presunción jurídica especialmente favorable.
Discutir si esa protección es adecuada, excesiva o necesita límites no equivale a ponerse del lado de quien agrede al policía.
Equivale a discutir cómo debe utilizarse legítimamente la fuerza en una democracia.
Las garantías no fueron creadas para proteger delincuentes
Aquí aparece probablemente la mayor distorsión del debate.
La presunción de inocencia, el debido proceso, el control judicial de las detenciones, la proporcionalidad de las penas o los límites al uso de la fuerza suelen presentarse, en períodos de inseguridad, como obstáculos que benefician a los delincuentes.
Pero las garantías existen por una razón anterior.
Antes de que un tribunal condene, el Estado todavía debe demostrar quién es delincuente.
Una persona detenida no es jurídicamente equivalente a una persona condenada.
Una persona investigada tampoco.
Un manifestante no es necesariamente un vándalo.
Un extranjero irregular no es necesariamente un criminal.
Y una persona que muere o resulta herida durante una intervención policial no se transforma retroactivamente en delincuente porque quien utilizó la fuerza llevaba uniforme.
Las garantías jurídicas existen precisamente para resolver esas diferencias.
No fueron diseñadas bajo la presunción de que el Estado siempre se equivoca.
Fueron diseñadas porque el Estado también puede equivocarse.
Cuando el control se presenta como desconfianza
La ACOT comienza a revelar un patrón.
Ampliación de la flagrancia.
Mayor protección jurídica para policías.
Nuevas facultades de inteligencia.
Endurecimiento penitenciario.
Mayor control fronterizo.
Posibilidad de retirar prestaciones sociales.
Registros vinculados a determinadas conductas.
Reformas constitucionales destinadas a ampliar el espacio de acción del legislador en materia de seguridad.
Cada una de estas medidas puede tener una justificación específica y debe ser examinada por separado.
Pero todas tienen algo en común: amplían, en diferentes grados, la capacidad del Estado para intervenir sobre las personas.
Eso no las vuelve automáticamente antidemocráticas.
El Estado necesita poder para enfrentar organizaciones criminales que también acumulan poder, dinero, armas y capacidad territorial.
El problema democrático aparece en otra parte: todo aumento del poder estatal exige preguntarse también por los controles sobre ese poder.
Y es precisamente esa pregunta la que corre el riesgo de convertirse políticamente en sospechosa.
Quien pregunta por el límite de la fuerza policial puede ser acusado de desconfiar de Carabineros.
Quien pregunta por el debido proceso puede aparecer defendiendo al imputado.
Quien cuestiona la pérdida de beneficios sociales puede ser obligado a explicar por qué quiere que un asesino serial reciba ayudas públicas.
Quien discute una ampliación de facultades migratorias puede ser acusado de favorecer la inmigración ilegal.
La estructura es siempre semejante.
No es la primera vez
Romero tampoco inventó esta fórmula esta semana.
Durante la discusión de Escuelas Protegidas, el diputado UDI Sergio Bobadilla sostuvo en la Sala de la Cámara, refiriéndose precisamente a parlamentarios comunistas y frenteamplistas, que “siempre han estado del lado equivocado: del lado de los delincuentes”.
La frase quedó registrada en el Diario de Sesiones.
Hay, por tanto, una continuidad discursiva.
Y existe otra continuidad todavía más antigua.
El programa presidencial de José Antonio Kast de 2021 cuestionaba al Instituto Nacional de Derechos Humanos acusándolo de haber tomado partido por los “violentistas” frente a Carabineros durante el estallido social.
La estructura argumental era prácticamente la misma.
La institución que debía fiscalizar eventuales vulneraciones de derechos dejaba de ser presentada como un contrapeso institucional y pasaba a formar parte, discursivamente, del campo adversario.
Hoy esa misma frontera comienza a trazarse alrededor de partidos políticos completos.
La verdadera disputa con el Frente Amplio y el PC
La declaración de Romero contiene además una estrategia parlamentaria.
El diputado republicano distingue expresamente entre el PC y el Frente Amplio, de quienes dice no esperar apoyo, y el denominado Socialismo Democrático, cuyos votos el oficialismo pretende conseguir.
No es casual.
La seguridad puede convertirse en una cuña extraordinariamente eficaz para dividir a la oposición.
PS y PPD enfrentan fuertes incentivos para demostrar que no son una oposición obstructiva en una materia de elevada preocupación ciudadana.
FA y PC parecen más dispuestos a cuestionar proyectos cuando consideran que afectan garantías fundamentales.
El resultado puede ser una nueva frontera política dentro de la propia oposición:
una izquierda considerada “responsable” en seguridad y otra presentada como “garantista”.
El siguiente paso discursivo consiste en convertir “garantista” en sinónimo de permisiva.
Y de allí queda muy poca distancia hasta “prodelincuencia”.
El problema para la oposición
La trampa es difícil de desmontar.
Una respuesta puramente jurídica probablemente resulte insuficiente.
Explicar durante diez minutos la inversión de la carga probatoria en una presunción legal tiene pocas posibilidades frente a una frase como “ellos defienden delincuentes”.
Pero abandonar la discusión sobre garantías para evitar esa acusación puede resultar todavía más costoso.
Porque significa aceptar el marco conceptual del adversario.
La oposición tiene entonces un desafío que hasta ahora no parece haber resuelto: construir una política de seguridad propia que pueda defender simultáneamente dos principios.
El Estado debe ser suficientemente fuerte para proteger a sus ciudadanos frente al crimen y suficientemente limitado para no convertirse él mismo en una amenaza para sus derechos.
No existe contradicción necesaria entre ambas cosas.
Una democracia necesita policías capaces de actuar.
También necesita jueces capaces de controlar cómo actuaron.
Necesita perseguir organizaciones criminales.
También necesita demostrar quién pertenece a ellas.
Necesita encarcelar a quienes cometen delitos graves.
También necesita establecer penas proporcionales y procesos justos.
Eso no es debilidad estatal.
Es Estado de derecho.
“La mano ha cambiado”
Kast ha elegido una frase extraordinariamente eficaz para presentar esta etapa de su gobierno: “la mano ha cambiado”.
No habla solamente de leyes.
Habla de autoridad.
La ACOT contiene más de treinta iniciativas y el Gobierno pretende que buena parte de ellas sea despachada antes de Navidad. La ofensiva llega después de la aprobación de la megarreforma económica y busca reinstalar la seguridad —la principal promesa electoral de Kast— en el centro de la política.
La estrategia encuentra además un terreno parlamentario favorable.
La aprobación de Naín-Retamal 2.0 por 114 votos demuestra que varias iniciativas pueden construir mayorías considerablemente más amplias que el oficialismo.
Por eso la verdadera discusión de los próximos meses quizá no sea solamente cuántos proyectos aprobará Kast.
Será qué condiciones políticas se establecerán para discutirlos.
El derecho a preguntar por los límites
Una democracia no demuestra su fortaleza únicamente por su capacidad para castigar.
También la demuestra por su capacidad para limitar el poder de quienes castigan.
Esa distinción puede parecer incómoda cuando existe miedo a la delincuencia, cuando policías mueren en procedimientos y cuando organizaciones criminales adquieren capacidades que hace algunos años parecían impensables en Chile.
Precisamente entonces resulta más necesaria.
Porque las facultades extraordinarias concedidas al Estado no desaparecen necesariamente cuando desaparece la emergencia que las justificó.
Permanecen en las leyes.
Permanecen en las instituciones.
Y pueden ser utilizadas posteriormente por otros gobiernos, frente a otras amenazas y sobre otras personas.
Por eso preguntar por sus límites no significa proteger delincuentes.
Significa preguntarse qué clase de Estado quedará después de derrotarlos.
La frase de Romero intenta cerrar esa discusión antes de que comience: de un lado estarían quienes combaten el crimen; del otro, quienes lo protegen.
Pero entre esos dos extremos existe precisamente el espacio que una democracia debe conservar.
Allí están la presunción de inocencia, el debido proceso, la proporcionalidad, el control judicial y los límites al uso de la fuerza.
No son concesiones a los delincuentes.
Son protecciones frente al poder.
Y no fueron creadas solamente para quienes resulten inocentes o simpáticos.
Fueron creadas para todos.
La gran batalla política de la ACOT puede terminar siendo, por eso, mucho más profunda que la aprobación de treinta proyectos de seguridad.
Puede consistir en decidir si todavía es legítimo preguntarse por los límites del poder estatal sin ser acusado de estar del lado del crimen.
Porque cuando defender una garantía comienza a confundirse con defender a un delincuente, la primera garantía que empieza a debilitarse es el derecho mismo a discutir hasta dónde puede llegar el Estado.
Simón del Valle
