Diputada Camila Musante solicita incautación de teléfonos de ministros Vivanco, Matus y exministro Chadwick en caso Hermosilla
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La diputada independiente Camila Musante ha solicitado una serie de diligencias en el marco del caso judicial por delitos de tráfico de influencias en el Poder Judicial, destacando la incautación de los teléfonos de los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, así como del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Musante, quien es querellante en el proceso penal por tráfico de influencias, busca aclarar la participación de estos actores en los intercambios con el abogado Luis Hermosilla, actualmente formalizado.
Musante explicó que estas acciones forman parte de la única arista penal que busca responsabilizar a los ministros implicados en los chats con Hermosilla. «Ya se ha confirmado el inicio formal del proceso, y lo que vamos a solicitar ahora son diligencias de investigación», señaló la diputada, quien también adelantó que podrían solicitar más incautaciones de dispositivos si es necesario.
En su intervención, la diputada expresó preocupación por las revelaciones recientes sobre la ministra Vivanco, calificando de «gravísimo» el hecho de que Hermosilla aparentemente habría influido en la asignación de jueces a las salas del tribunal, cuestionando si también redactaba sentencias. Musante afirmó que esta situación va al corazón de la querella por tráfico de influencias y que se ampliará a otros delitos de ser necesario.
Además de las acciones legales, la diputada aseguró haber tomado medidas de seguridad personal tras recibir amenazas, indicando que nada la detendrá en su búsqueda de justicia. «La justicia y los ideales son a prueba de amenazas, balas y cualquier tipo de amedrentamiento», manifestó.
Musante también criticó el sistema actual de nombramiento de jueces y ministros, señalando que debe reformarse para evitar que personas como Hermosilla tengan influencia en estos procesos. Hace cuatro meses, presentó un proyecto de reforma constitucional para abordar este problema, pero lamentó que la iniciativa esté estancada en la Comisión de Constitución. Emplazó al ministro de Justicia, Luis Cordero, y al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, a avanzar en estas reformas.
En cuanto a las acusaciones constitucionales que se están discutiendo en el Congreso, Musante reiteró su apoyo no solo contra la ministra Vivanco, sino también contra otros involucrados como el ministro Matus. La diputada subrayó que el tráfico de influencias es un delito grave y que, al igual que cualquier ciudadano, los ministros deben rendir cuentas ante la justicia penal si se comprueba su culpabilidad.
Musante finalizó destacando la importancia de perseguir tanto las responsabilidades políticas como penales, insistiendo en que «quienes administran justicia no pueden cometer delitos en el ejercicio de su cargo, abusando del poder que ostentan».
El proceso judicial y las posibles implicancias que este tiene para la Corte Suprema continúan generando tensiones en el país, mientras las autoridades son emplazadas a actuar de forma contundente en la búsqueda de justicia.
