Se denuncian en la ONU violaciones al pueblo Mapuche por el Estado chileno
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Entre el 24 de febrero y el 4 de abril de 2025, está sesionando en la sede de las Naciones Unidas (ONU) de Ginebra, Suiza la sesión número 58 del Consejo de los Derechos Humanos. La ONG Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) denunció las condiciones actuales del pueblo Mapuche en Chile, en particular modo en contra de Hector Llaitul, vocero y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
“En Chile, asistimos a violaciones flagrantes de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con relación al Pueblo Originario y ancestral Mapuche que habita el territorio denominado Walmapu. El pueblo Mapuche ha estado históricamente sometido a una política sistemática y generalizada de persecución, discriminación, racismo y criminalización, por su resistencia a la dominación y por la lucha sostenida en el tiempo por su territorio, su cultura y cosmovisión” declara frente al Consejo de Derechos Humanos Alberto Espinoza, abogado, integrante del equipo jurídico de Héctor Llaitul.
“Por la reivindicación de territorios usurpados por la colonización y actualmente auspiciados por el Estado chileno y empresas transnacionales, el pueblo Mapuche ha sido perseguido estableciendo una institucionalidad al servicio de la represión, militarizando el territorio ancestral Walmapu, declarando estado de emergencia constitucional, desconociendo el derecho a la libre autodeterminación, sojuzgando y subordinado la cultura Mapuche al modelo de sociedad dominante. El estado de Chile ha desarrollado una legislación heredada de la dictadura militar para reprimir y criminalizar al pueblo Mapuche, como la ley antiterrorista y la ley de seguridad del Estado, articulando institucionalmente a todos los poderes del Estado con la misma finalidad represiva, desconociendo la aplicación de las normas internacionales que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas” sigue Alberto Espinoza.
Hoy: la sombra del neocolonialismo protegida por el Estado chileno
Hoy en Wallmapu, el 35% de los habitantes que viven en zonas beneficiadas con un Título de Merced no son mapuche. Desde finales del siglo XIX, poderosas familias madereras y grandes terratenientes agrícolas han mantenido el control de territorios ancestrales para dedicarse a la explotación propia de una sociedad neoliberal. El Estado, que encarna una “democracia” que aún abraza la constitución de Pinochet, defiende a los terratenientes. La ilusión del gobierno “progresista” de Gabriel Boric no ha mejorado las cosas: el Wallmapu sigue bajo Estado de Emergencia, y así lleva más de 2 años.
Si los mapuche, en el pasado, recibían disparos de fusilería al acercarse a grandes propiedades sin autorización, hoy esto no ha cambiado. Hace 5 años en la comunidad Antonio Calbún, localidad de Victoria, un grupo de campesinos liderados por Jorge Offtester Chifferly dispararon contra los mapuche durante una recuperación de tierras de la comunidad. La policía, aunque presente durante el incidente, no intervino.
Los métodos de represión son diversos e incluyen violencia física y psicológica. En este sentido, no es casualidad que en un pequeño pueblo como Ercilla se gaste dinero del Estado en cámaras de vídeo. No están instalados frente a bancos o ministerios, como suele ocurrir en los pueblos comunes, sino que están ubicados en una vía aislada, que conecta el pueblo de Ercilla con la entrada a Temucuicui: de esta manera los Carabineros pueden controlar las entradas y salidas de todos los miembros de las comunidades.
En particular, bajo el gobierno de Boric, fueron las penas contra los mapuche las que aumentaron: penas cada vez más largas, de 20, 30 hasta 42 años de prisión (la pena más larga impuesta a un compañero de Temucuicui). Los juicios suelen tardar años en concluir: mientras los mapuche se ven obligados a confinarse en “comuneros” unidades penitenciarias dedicadas a ellos, cuando tienen suerte.
Actualmente hay cientos de “comuneros”, entre las diferentes comunidades, encerrados en cárceles chilenas. Sin embargo, Estados, jueces de tribunales internacionales y profesores de derecho internacional coinciden en que el derecho a la autodeterminación ha adquirido el estatus de ius cogens. Eso quiere decir, “norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario”.
Esto aún no parece estar claro en Chile, donde grandes empresas forestales y latifundios imponen la ley frente a la realidad de los pueblos originarios de las tierras de Wallmapu. El neoliberalismo, bien protegido bajo los auspicios de la antigua constitución de Pinochet y de las nuevas leyes de Boric, permite que los neocolonistas pasen, una vez más, impunes.
“Este contexto que se ha materializado en la persecución obstinada y personalizada en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, Werken (vocero) y líder de la Coordinadora Arauco Malleco, actualmente condenado injusta y arbitrariamente a 23 años de cárcel. Exhortamos a este Consejo a adoptar las medidas conducentes a garantizar y respetar los derechos del Pueblo Mapuche, el derecho a la autodeterminación, y que demande del estado de Chile de cumplir con sus obligaciones internacionales, el fin de la militarización del Walmapu (territorio Mapuche), y la libertad de Héctor Llaitul y todos los presos políticos Mapuche”, concluye Alberto Espinoza.
Patricio Serendero says:
La Democracia no existe. La inaceptable situación del pueblo Mapuche lo confirma una y otra vez. Sin un pueblo Mapuche libre de definir y gobernar su destino, no habrá ni asomo de democracia en este paisucho nuestro.