Parlamentarios del PC valoran formalización de exautoridades de Piñera y empresarios por millonario fraude en Coquimbo
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A casi cinco años de que estallara el escándalo conocido como Papaya Gate, uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de la región de Coquimbo, la Fiscalía solicitó la formalización de dos exautoridades del Gobierno de Sebastián Piñera y de seis empresarios ligados al negocio inmobiliario. El paso judicial, largamente esperado por la ciudadanía y por quienes han exigido justicia, fue ampliamente valorado por parlamentarios del Partido Comunista.
El caso, destapado en 2020, reveló que la entonces intendenta de la región, Lucía Pinto (UDI), junto a su equipo más cercano, adquirió terrenos en el sector oriente de La Serena pagando sobreprecios millonarios, a pesar de contar con advertencias legales explícitas sobre la ilegalidad de la operación. La maniobra, que benefició directamente a inmobiliarias privadas, fue transferida a la Fiscalía de Valparaíso para garantizar una investigación imparcial, la que ahora, con pruebas acumuladas, acredita la existencia de graves delitos.
En el centro de la acusación están la exintendenta Pinto y el exadministrador regional José Cáceres, ambos sindicados como responsables de fraude al fisco, junto a los empresarios que lucraron con los fondos públicos.
El senador Daniel Núñez, quien actúa como querellante en la causa, celebró este avance como un paso crucial contra la impunidad. “Se nos ha informado que la Fiscalía está solicitando la formalización de Lucía Pinto, José Cáceres y los dueños de las inmobiliarias, por distintos delitos. Esto nos da esperanza de que se termine la impunidad y se haga justicia en este caso emblemático de corrupción”, afirmó. Núñez también subrayó la importancia de que el proceso se desarrolle de manera expedita para establecer las responsabilidades completas y devolver algo de confianza a la ciudadanía.
La diputada Nathalie Castillo, quien ha seguido de cerca el desarrollo del caso, también valoró la decisión del Ministerio Público y recordó las gestiones realizadas ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, para apurar la investigación. Castillo enfatizó que esta acción responde a una demanda ciudadana por justicia en uno de los mayores fraudes contra el Estado ocurridos en Coquimbo. A su juicio, el caso Papaya Gate expone de forma clara las prácticas de corrupción arraigadas en los gobiernos de derecha.
“Este resultado demuestra que la derecha, cuando gobierna, no sabe actuar con probidad administrativa. A nivel nacional, hemos visto numerosos casos donde líderes de Chile Vamos, en este caso de la UDI de la región de Coquimbo, están involucrados en graves hechos de corrupción”, afirmó la diputada.
La formalización de Pinto, Cáceres y los empresarios involucrados no solo abre una nueva etapa judicial en el caso Papaya Gate, sino que también instala nuevamente el debate sobre la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el manejo de los recursos públicos, particularmente frente a una derecha cuya historia reciente sigue siendo marcada por la corrupción y el abuso.
