Grave conflicto de interés sacude la Corte Suprema en caso Dominga: recusación contra ministro Jean Pierre Matus por vínculos con abogado de Andes Iron
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Una nueva controversia golpea al proyecto minero-portuario Dominga, esta vez en el corazón del Poder Judicial. Este martes, un grupo de abogados representantes de organizaciones civiles presentó una recusación en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, con el objetivo de inhabilitarlo de cualquier pronunciamiento sobre el cuestionado proyecto. La razón: su reconocida amistad con el abogado Marcelo Castillo Sánchez, quien representa intereses directamente vinculados con Dominga.
El requerimiento fue interpuesto por juristas del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable de Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de la misma localidad y la organización de conservación marina Oceana. Todos ellos apuntan a una inhabilidad clara, sustentada en el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como causal de recusación la existencia de relaciones de amistad entre un juez y alguna de las partes involucradas.
La ofensiva judicial se desató tras conocerse que el ministro Matus estaría redactando el fallo en uno de los recursos de casación relacionados con Dominga, pese a estar, según el propio Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), inhabilitado por su relación con Castillo. Este último representa al Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo, agrupación con un Acuerdo de Cooperación con Andes Iron, la empresa promotora del proyecto Dominga.
Además, Castillo encabeza una querella criminal en contra de la ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, y otras autoridades que participaron en el rechazo del proyecto por parte del Comité de Ministros en enero de este año. El doble rol del abogado —como defensor de intereses pro-Dominga y demandante de autoridades que votaron en contra— vuelve aún más cuestionable su cercanía con un juez que debe mantener una imparcialidad absoluta.
“Es evidente que la imparcialidad del ministro Matus está comprometida. Su participación en este caso atenta contra la confianza pública en la administración de justicia”, señaló Marcos Emilfork, abogado y coordinador jurídico de la ONG FIMA, una de las entidades recurrentes.
La situación ha escalado a tal nivel que, de aceptarse la solicitud del SEA para declarar la nulidad de la admisibilidad de los recursos de casación, la Corte Suprema podría quedar con solo cuatro ministros habilitados para votar. Un eventual empate abriría una crisis jurídica en torno al futuro del proyecto.
El abogado ambientalista Juan Pablo Leppe advirtió que este escenario podría incluso retrotraer la discusión completa del proyecto, generando un nuevo escenario de incertidumbre institucional.
Lo que se revela con este episodio no es solo un cuestionamiento a la figura de Matus, sino una alerta preocupante sobre cómo las redes de poder e intereses privados pueden permear decisiones de la más alta magistratura del país. La cercanía entre un ministro del máximo tribunal y un abogado con vínculos tan estrechos con la empresa impulsora del proyecto Dominga es, a todas luces, impresentable y roza los límites de la corrupción.
En medio de un clima nacional de desconfianza hacia las instituciones, este caso pone en tela de juicio no solo la independencia del Poder Judicial, sino también el propio concepto de justicia ambiental en Chile.
