Cae represor condenado por masacre de Laja y San Rosendo: Fernández Mitchell será encarcelado tras más de un año prófugo
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En un hecho que revive los crímenes más oscuros de la dictadura cívico-militar, las autoridades informaron este miércoles la captura de Alberto Fernández Mitchell, exoficial del Cuerpo de Carabineros y condenado a presidio perpetuo por su participación en la masacre de 19 trabajadores en Laja y San Rosendo, ocurrida pocos días después del golpe de Estado de 1973.
El arresto fue realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones en la Macrozona Norte del país. Fernández Mitchell había logrado evadir la justicia desde marzo de 2024, cuando la Corte Suprema ratificó su condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Su captura pone fin a más de un año de fuga, durante el cual el Estado chileno no fue capaz de asegurar que el condenado ingresara de inmediato a cumplir su pena. El exuniformado fue trasladado a la cárcel de Iquique.
La masacre por la que fue condenado es uno de los episodios más brutales del terrorismo de Estado en la región del Biobío. El 18 de septiembre de 1973, solo una semana después del derrocamiento del presidente Salvador Allende, un piquete de carabineros —con la complicidad de empresarios locales y otros civiles— ejecutó a 19 trabajadores, la mayoría vinculados a sindicatos y partidos de izquierda. El crimen buscó sembrar el terror entre las comunidades obreras de Laja y San Rosendo, en sintonía con la lógica represiva que marcó el inicio del régimen de Augusto Pinochet.
La captura de Fernández Mitchell es una señal importante, pero no suficiente. Según el estudio jurídico Caucoto Abogados, especializado en causas de derechos humanos, el exuniformado formaba parte de un listado de 12 represores que, pese a estar condenados, permanecían impunes. Con su detención, aún quedan 11 criminales prófugos de la justicia, entre ellos el exoficial del Ejército Nelson Edgardo Hasse, condenado como coautor de los secuestros y asesinatos del cantautor Víctor Jara y del director de prisiones Littré Quiroga.
La persistencia de estas fugas —que no son excepciones, sino parte de un patrón— evidencia la negligencia del aparato estatal en garantizar justicia efectiva para las víctimas del terrorismo de Estado. No basta con sentencias dictadas en papel; se requiere una voluntad real de cumplimiento, una política activa de búsqueda y un compromiso inequívoco con la verdad y la memoria.
En este sentido, la detención de Fernández Mitchell, aunque tardía, marca un punto de inflexión. Pero también pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántos más seguirán viviendo en libertad, protegidos por redes de encubrimiento, mientras las víctimas y sus familias siguen esperando justicia, medio siglo después?
La deuda del Estado chileno con la memoria histórica sigue abierta. La captura de un criminal no la salda. Apenas recuerda que esa memoria sigue viva, y que la impunidad no puede ser la última palabra.
